Cuando unos manifestantes del estado Zulia tumbaron una estatua del expresidente Hugo Chávez, en la grabación del suceso se escuchaba el estrépito de la efigie quebrándose contra el pavimento y las celebraciones. El video, que se ha vuelto viral en las redes sociales desde el 5 de mayo, muestra a unas personas rompiendo la estatua y a otras prendiéndole fuego.
Por NICHOLAS CASEY / The New York Times
Las autoridades detuvieron a los sospechosos bajo cargos de vandalismo, pero no fueron llevados a un tribunal civil ordinario. En vez de eso, los trasladaron a una base militar en el Zulia y el miércoles fueron juzgados por un tribunal castrense.
El presidente Nicolás Maduro, bajo asedio por el segundo mes de protestas multitudinarias en su contra, está procesando a sus rivales políticos con leyes sobre terrorismo y ha expandido sus poderes por medio de decretos de emergencia. Sus partidarios en el Tribunal Supremo de Justicia incluso intentaron disolver la Asamblea Nacional que es controlada por la oposición.
Ahora el presidente ha recurrido a los tribunales militares para reforzar su poder y juzgar a civiles en cortes que el gobierno tiene bajo su control.
Desde el 2 de abril, cuando empezó la más reciente ola de manifestaciones, 120 venezolanos han sido puestos en prisión por cortes militares, de acuerdo con Foro Penal, una ONG que ha dado asistencia a los detenidos. Provea, otro grupo que monitorea los casos, ha contabilizado 90 venezolanos condenados por tribunales castrenses. Ambos grupos aseguran que el país nunca ha juzgado a tantos civiles de este modo en momentos en los que no hay guerra.
“La justicia militar siembra el peor temor dentro de nuestro pueblo”, dijo Juan Miguel Matheus, un legislador opositor del estado de Carabobo quien asegura que ahí han sido arrestadas 69 personas por el ejército desde principios de abril.
La cifra incluye a estudiantes, dueños de negocios, mecánicos y campesinos, de acuerdo con grupos de monitoreo. Una familia entera fue llevada ante un tribunal militar en Caracas la primera semana de mayo y acusada de incitar a la rebelión. En la ciudad de Valencia, dos personas fueron llevadas ante las cortes castrenses bajo sospecha de haber robado dos piernas de jamón durante saqueos… y luego también fueron acusados de incitar a la rebelión, según Foro Penal.
“Los tratan como combatientes”, dijo Alfredo Romero, el director de ese grupo. “Han tomado la jurisdicción civil y la han puesto en manos del ejército, como si estuviéramos en guerra”.
Otras personas dicen que la mano dura contra los manifestantes se debe a que Maduro está perdiendo poder dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), particularmente en el ámbito de los cuerpos de seguridad.
Un reciente informe de Amnistía Internacional concluyó que las detenciones de disidentes políticos se han convertido en una práctica común del gobierno de Nicolás Maduro. Silencio a la fuerza: Detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela es el título del documento que enumera y tipifica algunas de las formas en las que se utiliza el sistema de justicia para “incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente”.
“Las detenciones arbitrarias por motivos políticos se han convertido en una constante en Venezuela, país que vive una de las peores crisis de derechos humanos de la región”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en una entrevista reciente con The New York Times en Español. “Se han reportado más de mil personas detenidas en las últimas manifestaciones, por lo que nos pareció importante visibilizar la situación que enfrentan los opositores pero también los jóvenes que simplemente expresan su oposición en contra de las políticas del gobierno”.
El informe resalta el uso de tipos penales como “traición a la patria”, “terrorismo” o “rebelión”, que son considerados ambiguos y discrecionales lo que aumenta el riesgo de que los acusados no puedan recibir un juicio justo que observe el debido proceso. Además estos delitos facilitan el procesamiento de civiles en juzgados militares, una medida que es muy criticada en la investigación de Amnistía Internacional.
“Un tribunal militar no cuenta con las condiciones para procesar a civiles acusados de esos delitos, eso muestra la falta de independencia de los operadores de justicia. Otra tendencia alarmante es que, luego de que un alto funcionario acusa públicamente a alguien, esa persona es detenida casi de inmediato”, asevera Guevara-Rosas
En el pasado reciente, Venezuela ha vivido otras movilizaciones masivas de calle, particularmente en 2014, cuando cientos de los manifestantes fueron detenidos. Aunque varios fueron encarcelados, torturados o asesinados ese año, sus juicios se desenvolvieron en cortes civiles controladas por fiscales y jueces chavistas.
Este año es distinto. Luisa Ortega, la fiscal general que supervisó esos casos en 2014, rompió públicamente con Maduro en marzo después de que el tribunal supremo intentara desmantelar al congreso opositor. El presidente se echó para atrás unos días después. Ortega no ha dejado de expresar sus críticas e incluso dijo que el Estado ha tomado decisiones “que no están de acuerdo con la ley”. No queda claro si seguirá las órdenes de Maduro respecto a los manifestantes.
“Están usando las cortes militares porque ahí el presidente tiene asegurado el desenlace”, dijo Tamara Taraciuk, investigadora para Human Rights Watch. “No es coincidencia que el momento en que el gobierno siente que no puede controlar a la fiscal, busca otro lugar para encarcelar a la disidencia”.
El uso de los tribunales militares para enjuiciar los casos civiles es una práctica repudiada a nivel internacional. Casi todos los países del mundo, incluido Venezuela, forman parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, un tratado que establece que los delitos deben ser juzgados por las cortes competentes.
Las protestas masivas representan el mayor reto al gobierno chavista desde el golpe de Estado de 2002, que depuso temporalmente a Chávez.
Los actuales enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad durante las protestas, en las que cientos de miles de personas han colmado las calles para demandar elecciones, han dejado –hasta el momento– 40 muertos, cientos de heridos y decenas de negocios saqueados. El furor ha aumentado debido a la peor crisis económica en tiempos recientes: dos años de la caída de los precios internacionales del petróleo han profundizado la escasez de alimentos y medicinas y han disparado las tasas delictivas.
Hacia finales de abril, Maduro anunció el llamado “Plan Zamora” para combatir con el apoyo de las fuerzas armadas presuntas arremetidas “de conspiración”. Abogados y funcionarios de la oposición ven en el plan una premisa legal para justificar el uso de las cortes militares.
Maduro dijo que expandió los poderes de las fuerzas armadas en el “plan estratégico especial cívico militar” con el fin de garantizar el funcionamiento del “país, su seguridad, el orden interno y la integración social”. Acusó a la oposición de planear un golpe de Estado y que los castigos por ofensas relacionadas a esos planes se triplicarían.
El mandatario ha calificado a las protestas como actos de terrorismo que recibirán el trato legal correspondiente. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol escribió en Twitter que las investigaciones necesarias para procesar a “terroristas contratados por la derecha” estarán a cargo de los tribunales militares, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López recalcó que cualquier caso actual presentado ante una jurisdicción militar es legal pues los manifestantes han atacado a miembros de las fuerzas armadas.
Sin embargo, los abogados en materia de derechos civiles y derechos humanos recalcan que la mayoría de los casos no están relacionados a ataques contra soldados. Romero, del grupo Foro Penal, citó el caso de la ciudad de Valencia donde los saqueos recientes casi desencadenan la imposición de ley marcial. Dijo que su equipo acudió al citatorio de dos residentes que fueron arrestados después de que fueron hallados en sus hogares diferentes cortes de embutidos y que estos fueron presentados como evidencia de que habían estado involucrados en los disturbios.
No obstante, cuando fueron anunciados los cargos en su contra, los hombres fueron acusados de insultar a soldados y de incitar a la rebelión.
“Se inventaron por completo la narrativa”, dijo Romero.
Los organismos de defensa de los derechos también señalan otros problemas en los tribunales militares, como la falta de abogados, los estándares distintos para la presentación de pruebas y las protecciones del debido proceso que usualmente existen en las cortes civiles. Romero dijo que la mayoría de los cargos contra los venezolanos que recientemente han sido procesados en las cortes castrenses son acusaciones que se le imponen a una docena de personas, o más.
Por ejemplo, los abogados no han podido tener acceso a una familia entera de Caracas acusada de incitar a la rebelión –madre, padre e hijo–, ni han podido conocer cuál es la evidencia que supuestamente existe contra ellos.
“Están completamente incomunicados”, alertó Romero.