El día 11 de mayo de 2017, apareció una información en diario Últimas Noticias firmada por el periodista Eligio Rojas, según la cual al ciudadano Aldo Roso fue imputado por el Tribunal Militar Tercero de Control de Caracas, por los delitos de supuesta sustracción y posesión de prendas militares con el pretendido objeto de causar daño a instalaciones castrenses.
Por José Guerra / @JoseAguerra
El juez de esa causa según el diario en referencia, es el capitán Mickel Amézquita Pion y la fiscal la doctora Yusnagry Pérez. Según la misma nota periodística, el señor Roso sería mi enlace en los suceso acaecidos en El Valle el día 20 de abril, cuestión ésta que resulta un sinsentido.
Revisando esa información, yo me pregunto varias cosas. Uno, hasta dónde puede llegar la justicia para armar un expediente e inculpar a personas que no tienen nada que ver con esos hechos, ni directa ni indirectamente. Yo tengo la convicción de que si Aldo Roso admitió un delito de este tipo fue bajo coacción, jamás mediante una declaración voluntaria. Dos, por qué el uso y abuso de la jurisdicción militar para juzgar a un civil y con ello tratar de articular un juicio en tribunales militares. Recordemos que el señor Roso, estuvo aislado en el Sebin, sin acceso a sus abogados privados y ello pudo influir para que lo forzaran a declarar contra su voluntad. ¿Qué queda del alma y la conciencia de cualquier juez o fiscal que sabe que está encarcelando a un inocente? Todo poder es efímero y la justicia tarda pero llega, sino que le pregunten a los represores argentinos y chilenos. No podemos repetir las trágicas experiencias de los años sesenta en Venezuela donde se abusó de los tribunales militares para perseguir y meter presos a civiles.
Hay hechos, evidencias y testimonios que apuntan a que el gobierno lo que pretende es saltarse los tribunales civiles debido a que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz ha sido una voz que ha criticado los excesos y abusos policiales y cuestionado que civiles sean juzgados por la instancia militar. Con ello se abre un espacio muy peligroso porque los civiles no serían juzgados por sus jueces naturales, hecho éste que violaría la Constitución.
En mi caso, como no han podido rebatir ninguno de mis argumentos en materia económica y financiera, alertando al país sobre la grave crisis que sufriríamos de persistir con el actual modelo económico, optó el Gobierno por aprovechar los sucesos de El Valle, primero para golpear a los dirigentes políticos de esa parroquia y luego para ir contra mí.
Quiere el Gobierno cobrarme su propia crisis, mil veces advertida. La culpa de que al Gobierno se le hayan cerrado todas las fuentes de financiamiento y el país y no tenga literalmente reservas internacionales para el funcionamiento de la economía, no es imputable a mí.
Ello tiene que ver con un esquema de control de cambios absurdo que ha propiciado una corrupción monumental que ha permitido que una cúpula en el poder hoy disfrute de una riqueza no trabajada sino robada. Que ningún banco privado ni ente multilateral le preste a Venezuela tiene que ver con el hecho de que el Gobierno cometió el error de no presentar para su aprobación ante la Asamblea Nacional la Ley de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento. Mientras la economía se desmorona el Gobierno, sin apoyo popular, solo le queda una herramienta: la represión y los represores.