La ciencia política abunda en argumentos que justifican el derrocamiento de dictaduras, gobiernos oprobiosos, violadores de derechos humanos, asaltantes de tesoros públicos y todas esas aberraciones que políticos deshonestos pueden cometer mientras ejercen el poder.
El caso venezolano resulta, sin embargo, peculiar. Primero porque quienes se hicieron del poder después de una absurda trampa electoral en 2013, no solo cometen todas las atrocidades antes enumeradas sino que además, han colaborado a que el país se convierta en un territorio franco para la práctica de cantidad de crímenes que van desde el robo, pasando por el secuestro y el asesinato hasta el ominoso tráfico de drogas ilícitas.
Es así como alrededor del poder ejecutivo en Venezuela se ha conformado un cartel que entre otras actividades trata de gobernar un país. El día que escribo este artículo nos llega la noticia de la incautación de un cargamento de cocaína de un barco que zarpó de nuestras costas. En las islas Canarias se determinó que transportaba 2,5 toneladas del polvo blanco. La tripulación, conformada por siete venezolanos, fue detenida por la policía.
Es público, notorio y comunicacional que nuestro territorio se ha convertido, en el mejor de los casos, en un paso seguro para grandes transportes de droga que cuentan presuntamente con la anuencia remunerada de las autoridades militares venezolanas como facilitadoras de esta actividad. No en balde, el hoy ministro de relaciones interiores venezolano aparece señalado por la justicia norteamericana como facilitador de estas actividades ilícitas.
La respuesta de Maduro ante esta acción de los Estados Unidos y que solo afecta al ciudadano ministro es nombrarlo en uno de los cargos más importantes del ejecutivo nacional. Muchos especularon que era para protegerlo del largo brazo de la justicia gringa. La razón era otra muy distinta. Nicolás sabe que este funcionario venderá muy caro su pellejo y hará lo que tenga que hacer para que su defensor y protector se mantenga en Miraflores.
Una situación similar encontramos con el hoy director del SEBIN. En su caso, el gobierno de los Estados Unidos lo señaló por violación de los derechos humanos. Un crimen muy grave que lo hace sujeto de ser presentado ante la justicia en cualquier momento de su vida. El favor que le concede Maduro lo compensa con el apresamiento de gente inocente mediante la vulgar siembra de indicios, el desconocimiento de las órdenes de liberación de presos políticos dictadas por los tribunales, la tortura de venezolanos que tienen la desgracia de caer en las garras de sus esbirros. Le toca ser una fiera salvaje con tal de que Maduro se mantenga en el poder la mayor cantidad de tiempo posible al costo de vidas que sea necesario.
Otro individuo destacado por la administración americana como transgresor de derechos humanos ocupa la comandancia de uno de los más funestos cuerpos represores que ha visto nuestra historia. La inefable Guardia Nacional Bolivariana. Un grupo de desalmados que arremete contra población desarmada y que en su cobardía se alía con grupos paramilitares irregulares para apoyarse mutuamente en sus fechorías. Su comandante sabe, por supuesto, que de caer en desgracia se convertiría en un candidato a pagar las largas condenas que corresponden a violadores de derechos humanos.
Una cuarta pieza de este grupo es el vicepresidente de la república que fue señalado por el departamento del tesoro de los Estados Unidos como sindicado en el delito de narcotráfico. Coincidencialmente, el mismo delito con el que lo relaciona el tristemente célebre capo de la droga venezolano Walid Makled. Además, es relacionado con grupos terroristas del oriente medio.
Completa el Cartel el jefe de la banda. Sus sobrinos esperan sentencia por narcotráfico. No se dignó a lavarse la cara aunque fuese ordenando una investigación en nuestro país de los cargos que se le imputan a sus familiares. Para colmo de males, Maduro es señalado como presuntamente implicado en el delito de recibir dinero de Odebretch para financiar la campaña electoral del comediante eterno.
Sin entrar a nombrar otros miembros de la banda criminal, queda claro que el país está conducido por un cartel criminal que no está dispuesto a facilitar que la justicia los atrape. Para ello se les hace indispensable poner todo el poder de fuego del estado venezolano a su disposición. Para las mentes criminales no importa cuantas vidas haya que sacrificar. No se repara sobre las pérdidas materiales ni el impacto que las mismas puedan tener sobre la economía del país.
No es de la incumbencia de un cartel criminal el sufrimiento de la gente, que los niños mueran de hambre o por enfermedades para las cuales no tenemos medicinas, que los venezolanos sufran el flagelo del hambre mientras los militares y familiares de grandes cacaos se siguen beneficiando de las pingües comisiones que deja la compra de comida en el exterior.
La lucha no es contra un gobierno con fines políticos. Es contra un cartel con fines criminales. Y eso hace la lucha por la conquista del poder mucho más difícil. Es lo que hace que una evidente minoría viole la constitución que ellos mismos escribieron para convocar fraudulentamente una constituyente sin consultar al pueblo en el cual reside el poder para evaluar ese tipo de acciones. Para ello se han buscado a lo peorcito de sus filas. Abogados botados del postgrado de ciencia política de una prestigiosa universidad por plagio, sociólogos que no dieron la talla para culminar los mismos estudios de cuarto nivel.
Es absolutamente legítimo derrocar a un cartel criminal como el que usurpa el poder en Venezuela. Es un deber del pueblo venezolano rescatar esos espacios para la política honesta, la que se preocupa de resolver los problemas de los venezolanos, la que no está para enriquecer a familiares y amigos. La que viene a sacar el país adelante con esfuerzo y dedicación reconociendo en todo momento el poder del pueblo y el deber de rendirle cuenta en todo momento.