Una funcionaria pública vinculada directamente con el gobierno decide expresar francamente su opinión sobre la constituyente. Las expectativas que se crean son altas, considerando la frecuencia y el impacto que las confesiones de esa misma autoridad en otras oportunidades ha generado en la estabilidad del sistema político. La aguda crisis que vive el país parece convertirse en el factor decisivo. De pronto, se escucha en boca de un ciudadano anónimo aquello que tanto se temía: “la Fiscal General de la República lo volvió a hacer”.
Luisa Ortega Díaz, por medio de una carta dirigida a Elías Jaua, presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, expresa abiertamente su rechazo a ese proceso constituyente, porque “no es necesario, pertinente, ni conveniente” y piensa que podría más bien agravar la crisis “sin precedentes” que atraviesa Venezuela. Incontinenti, los medios de comunicación y las redes sociales preparan el proyectil. Descargan la noticia sin contención alguna en el espectro político, presagiando la magnitud de sus consecuencias. A pesar de la poderosa artillería gubernamental que intenta invisibilizarla de manera expresa en los medios oficiales, el hecho acapara la atención de todos, condiciona el clima de opinión en el espacio público a nivel nacional e internacional, y se convierte en el punto nodal desde donde se crean nuevas corrientes de opinión, en medio de un entorno político complejo en el cual el termómetro social, que mide el grado de conflictividad, registra sus números más altos.
Esta declaración el chavismo todavía no la ha podido digerir. En algunos círculos es interpretada como un contundente acto de traición que merece ser castigado, y el cual también ha servido de excusa para lanzar cualquier tipo de descalificaciones hacia su persona. Pero realmente lo importante de este acontecimiento es que coloca en el tablero político a otro actor que puede ser decisivo en el proceso hacia la definición de un camino para la transición de gobierno.
Nos encontramos en el punto más álgido de la crisis política. Las terribles cifras de venezolanos heridos y asesinados en las protestas, como resultado de la terrible represión, parecen ser razones suficientes para reflexionar sobre el rumbo incierto hacia el cual nos dirigimos. La Fiscal General ha decidido separarse del gobierno de Nicolás Maduro porque ahora es consciente de la magnitud del problema que vive la sociedad venezolana. Pero muy en el fondo también es consiente del nivel de descontento popular y el carácter autoritario de este régimen. Ella ha decidido saltar la talanquera en favor de un país sumergido en la tragedia.
La expresión “saltar la talanquera” en el lenguaje político venezolano tiene un matiz particular. De hecho, el Diccionario de americanismos la define como “cambiar de bando o partido por conveniencia personal”, pero también agrega otra connotación, poco frecuente, que la define como “vencer una dificultad muy grande”. Ambos conceptos sirven para interpretar la declaración de Luisa Ortega Díaz. Todo depende del lente desde donde se mire.
Desde los sectores más extremistas del oficialismo, sin lugar a dudas, la posición de la Fiscal es interpretada como un claro gesto de cobardía. Ella ha decidido plantear su opinión por un asunto más bien de conveniencia personal: ¿será su interés congraciarse con la derecha venezolana? ¿Buscará minimizar algún costo político individual? O ¿acaso es una jugada anticipada para salvar al sector moderado del chavismo como opción política en un futuro próximo? Cierto, o no, esas erotemas dominan el exaltado debate chavista.
Pero desde los sectores democráticos, también ha prevalecido la interpretación de la misiva como un poderoso acto institucional de un actor político que hoy está yendo contra todo pronóstico; ahora maniobrando con las graves dificultades que supone ir en contra de la orden dada desde arriba. Sobre todo, si se toma en cuenta el enorme riesgo de asumir posiciones autónomas en medio de un modelo de Estado Cuartel consolidado, en donde no se acepta la pluralidad democrática, prevalece el esquema mando-obediencia y cualquier acto de desacuerdo es interpretado como conspiración, terrorismo, o Golpe de Estado.
“Ud. está legitimando la violencia, el terrorismo y un posible exterminio del chavismo”. Esas fueron algunas de las apesadumbradas declaraciones que hizo Mario Silva el pasado sábado en la noche en las pantallas del canal del Estado para referirse a la opinión de la Fiscal General, como queriendo alimentar su frustración personal ante el rotundo rechazo que esa constituyente tiene hasta dentro del propio chavismo. Lo mismo hizo Elías Jaua y Pedro Carreño, éste último en un grado de aflicción mucho mayor. Es solo una muestra de la cantidad de reacciones que provocaron las reveladoras declaraciones de Luisa Ortega y que seguirán generándose en el transcurso de los días. Por cierto, alguien debe explicarle a Silva que sus temores no deben ser planteados como escenarios hipotéticos, resultado de la infructuosa especulación. El daño ya está hecho. El exterminio del chavismo es una realidad.