48 personas han sido asesinadas en el contexto de la represión del Estado contra las protestas en rechazo al golpe de Estado y por elecciones libres –sin contar a 12 personas que perecieron el 20 de abril durante un saqueo en Caracas-. La mayoría de las víctimas, 90%, perdió la vida tras la activación del Plan Zamora.
Por Maru Morales / El Nacional
En los primeros días de manifestaciones, entre el primero y el 18 de abril, fueron asesinadas 5 personas (10% del total de las víctimas). Para ese momento, la GNB y policías respondían a las manifestaciones bajo sus parámetros habituales de actuación de orden público. El promedio de víctimas mortales fue de una cada 3,6 días.
Las 5 víctimas se registraron en protestas nocturnas en urbanizaciones y hay 3 imputados, por cuatro de esas víctimas, un PNB y 2 policarabobo, 14 órdenes de captura contra funcionarios de la GNB, y un civil presentado en tribunales.
Pero el 18 de abril en la noche, sin que la opinión pública ni los órganos de control ciudadano de la FANB contaran –ni cuenten todavía- con un documento escrito que explique en qué consiste, Nicolás Maduro anunció la activación del Plan Zamora en su fase I para repeler la protesta.
Hasta el momento, lo que han documentado las ONG parece indicar que el Plan Zamora es la incorporación de diferentes cuerpos de seguridad y civiles al mando de la GNB para tareas de orden público y contención de protestas.
Desde el 19 de abril hasta el 16 de mayo (28 días), un total de 27 personas murieron, casi una al día en promedio. El total de víctimas de ese lapso equivale a 56% de todos los fallecidos hasta ayer.
22 de las víctimas fueron baleadas, la mayoría (9) en la cabeza. Además, 13 de las muertes ocurrieron en los horarios de represión de las marchas opositoras, es decir, mañana y tarde. El resto murió durante espontáneas en urbanizaciones, en la noche.
13 personas han sido imputadas o presentadas a tribunales por la muerte de 8 ciudadanos en esta fase del Plan Zamora: 3 GNB, 3 politáchira, un policarabobo, un polisucre, que no estaba en funciones de orden público, y 5 civiles.
A partir del 17 de mayo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, anunció que el Plan Zamora pasaba a fase II. Desde ese día hasta ayer (10 días), 16 personas fueron asesinadas en el contexto de la represión. La cifra equivale a 34% del total de las víctimas. En esta fase murieron 1,6 personas por día en promedio.
La mayoría de las víctimas pereció por disparo de arma de fuego: 9 en el pecho y 4 en la cabeza. Al menos 7 fallecieron en la tarde y otros 4 en la noche. 3 funcionarios de Polibolívar y 3 civiles han sido imputados o presentados ante tribunales por la muerte de 2 manifestantes y un Policía de Carabobo.
Enemigo interno. Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, denunció que el gobierno ha movido a los cuerpos de seguridad bajo el principio de “enemigo interno”. “Venden a militares y policías la idea de que la oposición no es pacífica y su protesta no es por elecciones ni por democracia. Catalogan a los manifestantes de terroristas y enemigos. Eso es muy grave porque bajo esa lógica, la GNB y demás cuerpos de seguridad están combatiendo a un enemigo y no a civiles desarmados que exigen un derecho”.
Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano, tilda la acción gubernamental de terrorismo de Estado: “Es una OLP contra toda la población con un solo propósito: aplastar la protesta y reducir la voluntad de la gente de manifestar. Lo de San Antonio, la semana pasada, son métodos de conflicto armado internacional: ocupación militar de una zona, asedio, detenciones masivas, encapuchados apuntando con armas largas a detenidos que caminan en fila como si de combatientes se tratara”.