Tomando como base un informe de 132 páginas presentado por el secretario general de la OEA ante el Consejo Permanente, el 30 de mayo de 2016, y otro de 75 páginas actualizado en febrero de 2017, los países miembros de la Organización han venido valorando la crisis política, económica y social de Venezuela, sin que hasta la fecha hayan podido promover una declaración consensuada que aporte una bitácora de acción hacia la solución del conflicto.
Con la expectativa que luego de un año de reuniones y debates se pudiera contar con un consenso a nivel de ministros de relaciones exteriores de la región, el pasado 31 de mayo se efectuó la Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA.
Días previos al encuentro se habían presentado dos propuestas de resolución; la del grupo de los 14, conformado por: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay, y otra presentada en solitario por Antigua y Barbuda, la cual se sospechaba iba a ser apoyada por los 15 países miembros de Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM). Quienes por cierto, sólo tres de ellos tienen representación diplomática en el país.
Ambas propuestas tenían sustanciales coincidencias, pero especialmente la más importante era la relativa a persuadir al gobierno venezolano a retirar la iniciativa de celebrar una Asamblea Nacional Constituyente en los términos propuestos.
Siendo éste un punto de honor para el gobierno de Venezuela, y habiendo apostado todo a la realización de una Constituyente comunal, el gobierno de Venezuela inició rápidamente los contactos diplomáticos a nivel de primeros ministros y cancilleres de CARICOM.
En primer lugar; para desmontar la propuesta hecha en solitario por Antigua y Barbuda, y en segundo lugar, en ése país, planificar la estrategia que obstaculizará a toda costa la construcción de una declaración final. Lo cual sucedió.
Ante tal resultado, a la OEA le toca urgentemente enfrentar el duro reto de defender su credibilidad y funcionalidad como foro político para la toma de decisiones, y la solución de controversias originadas del extravío en Venezuela de los valores que fomentan el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática, contempladas en la Carta Democrática, aprobada el 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú.
Para tal fin, la OEA deberá sobrepasar dos escollos nada fáciles de superar de cara a la próxima Asamblea General, a celebrarse en Cancún del 19 al 21 de junio:
1.- Sensibilizar a los países sobre la crisis creciente de los Derechos Humanos en Venezuela, y la responsabilidad que tienen de defenderlos y promoverlos como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, y;
2.- Considerar que el llamado a realizar una Asamblea Constituyente en los términos propuestos es un ingrediente que divide y aumenta el conflicto político y social del país, y sobre todo porque cuenta con el rechazo mayoritario del pueblo.
De no encontrarse puntos de coincidencia constructivos, firmes y realistas, se estaría suscribiendo el agotamiento de la diplomacia multilateral de la Organización, y lo que hubiera sido una oportunidad de oro para calmar la angustia que vive el pueblo de Venezuela, entonces, podríamos decir que fue la última oportunidad de la OEA.
Entretanto se sobreentendería que los países y a otros organismos internacionales tendrían el camino abierto para tomar unilateralmente medidas sancionatorias contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Un duro golpe para OEA, pero no menos severo para los países que por “abulia inducida”, exclaman: injerencia! Cuando se trata de indolencia.
Gustavo Curiel
Diplomático de Carrera
@guscuriel