La deficiente infraestructura penitenciaria en Latinoamérica incide en forma directa y negativa en el sistema, ya que da como resultado el hacinamiento, la anarquía, la violencia y pocos programas de reinserción para los prisioneros, afirmaron a Efe expertos.
Datos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) indican que los países con mayores niveles de hacinamiento son El Salvador con 248 %, Venezuela (220 %), Bolivia (212,3 %), Guatemala (203 %), Perú (127,7 %), Nicaragua (107,2 %), Paraguay (97,2 %) y Ecuador (73,5 %).
Las instalaciones antiguas, que en muchas ocasiones no fueron previstas para cárceles, la falta de espacio y de condiciones mínimas de trato digno preocupa a expertos internacionales porque es una realidad que se presenta en toda la región.
La sobrepoblación además de ser un grave mal en sí mismo, afecta las condiciones de higiene, salud, comida, descanso y seguridad, esta última tanto por la alta posibilidad de fugas como la de los funcionarios penitenciarios, advirtieron los especialistas reunidos en el II Taller Latinoamericano de Infraestructura Penitenciaria que se efectuó esta semana en Costa Rica.
El jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México, América Central y Cuba, Juan Pedro Schaerer, indicó a Efe que esta serie de problemas impacta a los prisioneros en su condición de detención y de respeto de las garantías judiciales de las personas.
“No se trata simplemente de construir cárceles, sino mejorar el sistema de una manera más amplia e integral para asegurar todos los aspectos que tienen que ver con una política criminal. Es brindar mantenimiento, ofrecer ideas y soluciones, pero más que todo es una reflexión a nivel de la región y de lo que se debe mejorar”, afirmó Schaerer.
El experto explicó que en los últimos 10 años se ha dado un aumento, en especial en México y Centroamérica, de detenidos en su mayoría jóvenes vinculados con organizaciones criminales que han llegado a las cárceles y que han sobrepoblado estas infraestructuras.
Datos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) indican que los países con mayores niveles de hacinamiento son El Salvador con 248 %, Venezuela (220 %), Bolivia (212,3 %), Guatemala (203 %), Perú (127,7 %), Nicaragua (107,2 %), Paraguay (97,2 %) y Ecuador (73,5 %).
Además, a las autoridades les preocupan las cifras de México, con un 28,6 % de hacinamiento y que suma 217.595 personas encarceladas; Panamá, con un 20,6 % de sobrepoblación y 17.064 prisioneros, y Brasil, con un 67,3 % de hacinamiento y con 250.318 personas en las cárceles.
“Si miramos las poblaciones que están ahora detenidas en particular en Centroamérica son personas muy jóvenes vinculadas con las maras y asociaciones criminales. Ellos han cometido crímenes pero es imperativo ofrecerles nuevas oportunidades para que puedan reintegrarse a sus comunidades y no caer en lo que hacían antes”, afirmó Schaerer.
Para las autoridades, el reto para la región es la creación e identificación de normas y estándares técnicos, entre ellas las Reglas Nelson Mandela que definen condiciones dignas de privación de libertad.
Algunos principios fundamentales son un espacio mínimo de metros cuadrados para su vida privada, pasear y actividades físicas, facilitar una cantidad de agua potable para su higiene personal, lavado de ropa e hidratación y los pabellones deben contar con luz natural, ventilación y renovación de aire fresco.
“Es muy preocupante la cantidad de personas privadas de libertad sin espacio. Al incurrir en esto entramos a un diagnóstico de una prisión saturada, con altos niveles de conflictividad, con falta de asistencia y de personas especializadas, que provoca anarquía y violencia”, manifestó a Efe el coordinador de arquitectura penitenciaria de ILANUD, Daniel Prades.
Los altos niveles de hacinamiento son solamente una parte de las malas condiciones, pero según los expertos si se mira más a fondo se puede constatar la falta de personal, de capacitación y los escasos programas de reinserción y resocialización para tantos detenidos. EFE