Este martes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un antejuicio de mérito contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.
Por LaPatilla.com
Según nota de prensa enviada por el ente judicial, “se acordó convocar a una audiencia pública, así como notificar a Ortega Díaz, Pedro Carreño y a los integrantes del Consejo Moral Republicano a los fines de que comparezcan ante la Sala Plena del Alto Juzgado y expongan lo que consideren pertinente”.
Ante ello, en LaPatilla.com entrevistamos a varios expertos en la materia, entre ellos, la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol de León para que expresaran desde su experiencia, su opinión al respecto:
“El TSJ puede llevar esa decisión pero para determinar si existen causales sobre lo expuesto allí, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Pero es la Asamblea Nacional la que decide sobre una remoción”, dijo.
Para la exmagistrada, esta decisión es absolutamente inconstitucional. “Para empezar quien lo pide es Pedro Carreño. Nosotros sabemos que lo hizo atendiendo claramente la voluntad del presidente, Nicolás Maduro… Esto va directamente contra la actuación de la Fiscal porque se ha pronunciado en defensa de la Constitución”.
Una decisión con “muchas causales”
Mármol de León considera que es importante destacar que además de la decisión de la Sala Plena contra la Fiscal, “fueron elegidas muchas causales”.
“Escogieron muchas, escogieron como cinco en la decisión, entre ellas ponen abandono de cargo, incumplimiento en el ejercicio de las diligencias del mismo y algo que me llamó mucho la atención fue que eligieron una que dice atentar contra la respetabilidad y dignidad del Poder Moral… Eso fue lo que ellos citaron, entonces dicen que ‘hay méritos’ para destituirla, pero quien lo decide es la Asamblea”, reiteró.
¿Qué hay detrás de esta decisión?
La exmagistrada fue consultada también para conocer qué hay detrás de esta decisión que efectuó la Sala Plena del TSJ contra la Fiscal y qué se busca tomando en cuenta que este ente ha considerado que la Asamblea Nacional está en desacato.
“Ellos podrían decir que no pueden tomar la decisión (la AN) por eso que acabas de decir, que insisten en que la AN está en desacato”, sostuvo.
Manifestó que también está la otra parte. Para la abogada llama poderosamente la atención que el TSJ tome esta decisión cuando ya el Gobierno tiene en puerta la Asamblea Nacional Constituyente que quiere imponer el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Se supone que con esa Constituyente quieren manejar absolutamente todo”, expresó finalmente.
El TSJ podría arrogarse la función de destituir a la Fiscal basándose en presunto “desacato”
Otro de los consultados por LaPatilla.com respecto a este tema fue el doctor en Derecho, experto en Derechos Humanos y profesor de las Universidades Central de Venezuela (UCV) y Católica Andrés Bello, Jesús Ollarves quien coincidió con las declaraciones de Mármol de León pero advirtió que el TSJ podría arrogarse la función de destituir a la Fiscal basándose en un presunto “desacato”.
“Indiscutiblemente, la remoción de la Fiscal solo puede ser acordada por la Asamblea Nacional. No obstante, no le sorprendería al pueblo venezolano que la Sala Constitucional, alegando el cliché del inexistente “desacato” (de la Asamblea), pretenda arrogarse la función de destituir a la Fiscal General de la República, de ser así, estaríamos ante otro fraude constitucional”, indicó.
El jurista calificó la acción como una “aberración” y señaló que si el TSJ pretende destituir a la FGR basándose en el supuesto desacato de la Asamblea Nacional, “en este caso se configuraría un abuso de autoridad, una usurpación de funciones y se estaría una facilitando una dictadura desde el TSJ”.
Ollarves detalló que con la tramitación del antejuicio de mérito en contra de la FGR, presentado por el diputado Pedro Carreño, una vez más el poder judicial está operando como el bufete privado del presidente Nicolás Maduro.
“Con esta absurda decisión, queda comprobado que los Magistrados del TSJ están maniobrando la ley como factores políticos. Ya lo advirtió la Sala Constitucional en la número 156 del 29 de marzo de 2017 cuando declaró la “omisión inconstitucional parlamentaria” y advirtió que, “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho””, dijo.
“Se quiere implementar una dictadura”
Para Ollarves, el tema de fondo es que en Venezuela “se quiere implementar una dictadura y para ello, el gobierno “ha hecho de todo”.
“Inventó hasta un parapeto que ha denominado constituyente, y el TSJ se ha prestado para judicializar esa iniciativa. Es decir, en vez de administrar justicia, la tendencia es dirimir las cuestiones políticas que les interesan al partido de gobierno en sede jurisdiccional. De este modo, las autoridades judiciales han adquirido un protagonismo político propio que no les corresponde”, refirió finalmente.
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