Un estudiante de 22 años ha muerto tras recibir varios disparos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una marcha en apoyo a la fiscal general, a quien Maduro llama “traidora”, publica El País de España.
El asesinato de David José Vallenilla Luis, un estudiante de enfermería de 22 años de edad, ha sido transmitido en directo este jueves en Venezuela. En un vídeo de VivoPlay, un medio digital independiente, se muestra a militares detonar sus armas contra manifestantes opositores en la autopista Francisco Fajardo, la principal arteria que comunica al oeste con el este de Caracas. Vallenilla —rostro parcialmente cubierto por una franela negra y vestimenta color azul— cae en el asfalto tras ser herido de varios disparos de perdigón en el tórax.
El crimen ha ocurrido después de una marcha convocada por la coalición opositora Unidad Democrática para respaldar a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, desertora del régimen de Nicolás Maduro. Son 75 personas fallecidas y más de 3.278 detenciones arbitrarias en este país sudamericano durante 82 días de protestas contra el Gobierno.
Al asesinato de Vallenilla precede el de Fabián Urbina, un estudiante de publicidad de 17 años de edad, que el pasado lunes recibió un disparo de bala cuando protestaba en Caracas. Ambas muertes son atribuidas a agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El general Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, se ha desentendido de los crímenes al individualizar las culpas. “El Gobierno Bolivariano ratifica compromiso con los Derechos Humanos y con individualización de responsabilidades frente a la ley. La conspiración de la derecha violenta contra Venezuela se nutre de sangre innecesariamente derramada por venezolanos… Los efectivos que sean responsables de delitos serán presentados ante la ley”, escribió Reverol en su cuenta de Twitter.
Por esta muerte ha sido detenido Arli Cleiwi Mñendez Terán, un sargento adscrito a la Policía Aérea venezolana. Según Reverol, dos militares han resultado heridos durante el enfrentamiento que se produjo en las cercanías de la Base Aérea Francisco de Miranda, conocida como La Carlota.
Horas antes de este asesinato, Maduro había exaltado la labor de los cuerpos de seguridad del Estado y ha aclarado que no utilizan armas de fuego o perdigones contra manifestantes. “La Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana han hecho un esfuerzo heroico y lo debe seguir haciendo. Sin armas de fuego, sin escopetas de perdigones. Está prohibido. Con el agua y el gasecito que está permitido, solamente. Si hay un solo caso, como ha habido, al segundo de detectarse ha sido capturado y entregado a las autoridades, y he ordenado una investigación para ver si detrás no hay una conspiración”, dijo en una rueda de prensa exclusiva para medios internacionales.
El mandatario, además, ha calificado a la fiscal general de Venezuela como una “traidora” que, supuestamente, desea perfilarse como candidata política en unas hipotéticas elecciones. “Veo como una vulgaridad el extremismo en que ha caído el Ministerio Público, traicionarme a mí y traicionar a (Hugo) Chávez. Es muy triste que al final del camino, después de tanta lucha, uno termine al servicio de los verdugos de nuestro pueblo”, respondió a un periodista.
No es la primera intimidación contra Ortega Díaz. El régimen ha emprendido un ataque contra la fiscal desde que condenó una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (emitida el 30 de marzo), un tentáculo hasta ahora del Gobierno de Maduro, que había despojado de atribuciones a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional.
Esta es una arremetida que se ha recrudecido el pasado martes cuando el Supremo ha aceptado en tiempo record un antejuicio de mérito contra Ortega Díaz introducido por el parlamentario chavista Pedro Carreño para destituirla de su cargo.
Entretanto, la Fiscalía ha continuado denunciando las vulneraciones cometidas durante esta ola de protestas en este país. Para investigar la muerte de Vallenilla ha comisionado al fiscal número 126 del Área Metropolitana de Caracas. No obstante, trascendió que los expertos del Ministerio Público no pudieron ingresar este jueves a la medicatura forense de Bello Monte (este de la capital), donde se examinaba el cadáver del joven asesinado, porque supuestamente el caso había sido asumido por la Fiscalía Militar.