Marco Coello era un delgado estudiante de bachillerato de 18 años cuando unos agentes de los servicios de seguridad venezolanos, vestidos de civil, lo detuvieron en 2014 mientras participaba en una manifestación en contra del gobierno .
Por Nicholas Kulish en el New York Times
Le pusieron una pistola en la cabeza. Lo patearon y lo golpearon con un palo de golf y un extintor. También lo torturaron con electricidad. Luego, Coello fue encarcelado durante siete meses y, poco después de ser liberado, huyó a Estados Unidos.
Human Rights Watch documentó ampliamente su caso en un informe de ese año. En 2015, el Departamento de Estado lo incluyó en su propio informe sobre derechos humanos en Venezuela. Con una cantidad tan extensa de pruebas de maltrato en su país de origen, la abogada de Coello, Elizabeth Blandón, esperaba que tuviera una entrevista directa para recibir asilo cuando llegaron a la oficina de inmigración de Miami en abril.
“Tenía una idea muy ingenua de que entraríamos ahí y el funcionario le diría: ‘Es un honor conocerlo’”, aseguró Blandón, una experta en derecho migratorio de Weston, Florida.
En cambio, Coello fue arrestado y lo trasladaron a un centro de detención en las orillas de los Everglades. En ese momento se convirtió en candidato a deportación. “Cada vez que me movían de lugar, temía que fueran a deportarme”, dijo Coello, quien ahora tiene 22 años.
Su caso tuvo una gran cobertura por parte de los medios de comunicación tanto de Miami como de Caracas y, finalmente, la intervención del senador de Florida, Marco Rubio. El legislador ayudó a garantizar la liberación de Coello, aunque de todas maneras podría ser deportado.
El caso es un ejemplo de cuán lejos está dispuesto a llegar el gobierno estadounidense para acatar las medidas severas en asuntos de inmigración ilegal establecidas por el presidente Donald Trump.
“Es muy poco común —casi no hay precedentes— que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) arreste a alguien que está solicitando asilo mientras esa persona se encuentra en la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para una entrevista de asilo”, afirmó Stephen Yale-Loehr, un profesor de Derecho migratorio de la Escuela de Derecho de la Universidad Cornell.
Yale-Loehr se refería a dos agencias que son parte del Departamento de Seguridad Nacional, pero, como lo descubrió Coello, tienen misiones muy diferentes: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos se encarga de los casos de ciudadanía y asilo, mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arresta a las personas sospechosas de haber entrado al país sin permiso.
En los primeros tres meses del gobierno de Trump, los agentes del ICE arrestaron a cerca de 41.000 personas, un aumento de casi un 40 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Al mismo tiempo, el gobierno ha expresado su deseo de ser más estricto al momento de permitir la entrada al país de personas que soliciten asilo, ya que la mayoría de estas solicitudes terminan por ser rechazadas.
El caso de Coello es aún más impactante porque Trump ha criticado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha utilizado leyes antiterroristas y tribunales militares para procesar a sus rivales políticos. De hecho, el mandatario estadounidense ha pedido la liberación del líder opositor, Leopoldo López. Coello dijo que sus interrogadores venezolanos intentaron obligarlo a implicar a López, pero él se rehusó.
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