La organización ecologista Greenpeace publicó más de 200 páginas del borrador de acuerdo comercial que negocia la Unión Europea con Japón y acusó a Bruselas de no exigir a su socio garantías suficientes para la protección de los bosques y de las ballenas. EFE
Los documentos “revelan el fracaso de la UE para promover altos estándares medioambientales a través de su política comercial”, dijo este viernes en un comunicado Greenpeace, que acusa también a Bruselas de dar marcha atrás en la transparencia de las negociaciones y de dejar demasiado margen para que las empresas demanden a los gobiernos europeos.
Las 205 páginas publicadas datan de entre finales de 2016 y principios de 2017, antes de que comenzase en abril la décimo octava ronda de negociaciones de un acuerdo de libre comercio que empezó a negociarse en 2013 y Bruselas y Tokio esperan cerrar este año, también para paliar el daño que supondrá la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
Desde la Comisión Europea (CE) no comentan la filtración, pero recuerdan que a la hora de sellar acuerdos comerciales “principios como la transparencia, la defensa de los estándares europeos (sociales, medioambientales y de protección del consumidor), el derecho a regular o el desarrollo sostenible no son negociables”, según indicó hoy un portavoz.
Añaden que la UE negocia con Japón un capítulo de “desarrollo sostenible” en el que se abordarán temas medioambientales y que todos los tratados firmados por Bruselas garantizan que se respetan las normas europeas de protección.
Greenpeace, sin embargo, critica que la UE se ha limitado a “exhortar” a Japón a luchar contra el comercio ilegal de madera o de flora y fauna, sin pedirle tomar medidas concretas, pese a que el país es uno de los principales mercados para estas importaciones y no cuenta con una regulación específica contra ello.
Asimismo, señala la CE, desoyendo las llamadas del Parlamento Europeo, no ha abordado el tema de la caza de ballenas en las negociaciones comerciales, pese a que Japón es uno de los tres países en el mundo que aún pescan estos animales.
Y critican que el Ejecutivo comunitario se ha limitado a afirmar que el capítulo de desarrollo sostenible servirá como “una plataforma adicional para impulsar el diálogo y trabajo conjunto (…) en temas medioambientales”.
La Comisión, por su parte, argumenta que la UE “ha prohibido las importaciones de productos procedentes de ballenas desde hace más de 35 años y eso no va a cambiar” y defienden que Tokio y Bruselas abordan este tema en plataformas internacionales especializadas, como la Comisión Ballenera Internacional.
Por otro lado, Greepeace denuncia que las provisiones del acuerdo que permiten a las corporaciones demandar a los gobiernos para proteger sus inversiones son “más débiles” que las incluidas en el tratado con Canadá (CETA), y limitan el derecho de los estados a legislar por razones de interés público.
El Ejecutivo comunitario aduce que, si bien este punto aún está negociándose, Bruselas “quiere un Sistema de Tribunales de Inversiones con plenas funciones, con jueces designados por los Gobiernos, un tribunal de apelaciones y procedimientos transparentes”.
La CE, que tiene competencias totales para negociar acuerdos comerciales en representación de la UE, ha recibido en los últimos meses críticas por la postura adoptada en el CETA firmado con Canadá y el TTIP que negociaba con Estados Unidos (hoy en suspenso), ya que organizaciones de diversa índole consideran que se ha velado más por los derechos de las empresas que por los de los ciudadanos.