La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, advirtió que se mantendrá en el cargo aun si la máxima corte la destituye como parte de un juicio planteado por el oficialismo.
María Isabel Sánchez / AFP
“Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia (…) Me han tratado como si hubiera cometido un delito”, dijo este martes Ortega en una entrevista a la emisora argentina Radio Con Vos.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, anunciará a más tardar el miércoles su decisión, luego de la audiencia celebrada hace una semana en la que el oficialismo la señaló de mentir en afirmaciones contra los magistrados.
“Yo denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos. No sé si me van a destituir o no, puede pasar cualquier cosa”, agregó Ortega.
Luego, la fiscal descartó someterse a un juicio “que no esté contemplado en la ley”, con unos jueces que -aseguró- no son sus “jueces naturales”.
“Ese antejuicio perdió toda formalidad. Empezó como un antejuicio por faltas graves y terminó como una persecución penal, con la congelación de bienes o la prohibición de salida del país”, señaló en entrevista a Unión Radio.
El mismo día de la audiencia en su contra, el 4 de julio, el TSJ juramentó como vicefiscal y eventual sustituta a Katherine Haringhton, polémica abogada chavista sancionada por Estados Unidos bajo cargos de violación de derechos humanos.
Ortega rompió con el gobierno en medio de una convulsión social y política por las protestas opositoras, que dejan 93 muertos desde el 1 de abril y que exigen la salida de Maduro.
Su suerte será decidida en una semana de intensa movilización de la oposición y el oficialismo en contra y a favor de una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, y que la fiscal rechaza por considerarla violatoria de la democracia.
– Plebiscito y Constituyente –
El gobierno realiza esta semana actos de campaña para promocionar a sus candidatos de cara a la elección, el 30 de julio, de la Constituyente, un suprapoder que regirá al país por tiempo indeterminado y que según la oposición busca imponer un “régimen al estilo Cuba”.
Ortega dijo que desea convertirse en un “factor de diálogo” entre gobierno y oposición. “Ojalá pudiera tener una reunión franca con el presidente, también (con el presidente del TSJ, Maikel Moreno) y con la oposición”, acotó.
“A los traidores no los quiere nadie, no sé cómo pueden dormir pensando que a los que te ayudaron le das una puñalada por la espalda”, dijo Diosdado Cabello, candidato a la Constituyente, aludiendo a la fiscal y a chavistas críticos.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) organizó un plebiscito simbólico para el próximo domingo, confiada en mostrar un rechazo masivo a la Constituyente, con la que, asegura, Maduro busca perpetuarse en el poder.
El diputado oficialista Pedro Carreño, quien solicitó el antejuicio contra Ortega, presentó el lunes un recurso de nulidad del plebiscito, porque se hará sin el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), también acusado de oficialista.
“Ese plebiscito sólo tiene la intención de echar a andar un plan golpista. Es inconstitucional”, aseveró el diputado.
– Guerra abierta –
Para Ortega, abogada de 59 años, la decisión de la corte está “cantada” y rechazó asistir a la audiencia por considerar “ilegítimos” a los magistrados, nombrados por el anterior Parlamento chavista.
La fiscal aceleró una serie de imputaciones y resoluciones contra funcionarios civiles y militares, atizando el enfrentamiento con el gobierno.
Asimismo, este martes anunció que en los próximos días citará para imputar a “varios funcionarios que comprometieron el patrimonio del Estado” en favor de varias empresas y que “recibieron comisiones” por obras de la constructora brasileña Odebrecht que “nunca se concluyeron”.
El Parlamento, de mayoría opositora, tenía previsto debatir la tarde de este martes sobre el proceso de destitución contra la funcionaria, a quien respalda, pero su directiva suspendió la sesión al denunciar “restricciones” de la militarizada Guardia Nacional.
Ésta iba a ser la primera sesión del Congreso tras la violenta irrupción, el pasado miércoles, de un grupo de chavistas que hirió a siete diputados, según ellos con la complicidad de la Guardia Nacional.
La Fiscalía imputó el lunes por presunta violación de derechos humanos al jefe militar responsable de la seguridad de la cámara, coronel Bladimir Lugo, a quien citó para el jueves.
También abrió una investigación contra 43 militares por supuestamente haber “despojado” de sus pertenencias a manifestantes en protestas, y citó a dos empresarios cercanos al gobierno por supuestos “sobreprecios” en la compra de suministros para la petrolera estatal PDVSA.