Más allá de cualquier interpretación sobre por qué el gobierno le dio casa por cárcel a Leopoldo López y la razón por la cual éste aceptó, está el hecho público, notorio e incontrovertido: El gobierno tuvo que hacer lo que nunca quiso hacer.
Se pueden tejer toda clase de teorías sobre el objeto de la negociación entre el gobierno y una parte de la oposición, que arrojó, como primer resultado, mover a Leopoldo López de la Cárcel de Ramo Verde a su casa. Pero solo lo sabremos cuando los actores involucrados comiencen a enviar señales de lo que realmente ocurrió. Mientras tanto, cualquier conjetura sobre lo que se pudo haber negociado es una intrigante especulación que solo ayudaría al gobierno en su afán por distraer la atención del foco real del conflicto.
Maduro, Cabello y El Aissami asumieron como propio el trabajo de linchar moral y políticamente a Leopoldo López. Le achacaron las muertes ocurridas en las jornadas de protestas del 2014. Fiscales del Ministerio Público y jueces se confabularon para aceptar la teoría según la cual, el supuesto lenguaje incendiario de López habría sido la causa de estas muertes. El viciado proceso judicial concluyó con una sentencia arbitraria que condenaba a Leopoldo López por un crimen que nunca cometió.
Hasta el día de hoy, el régimen había satanizado a Leopoldo López llamándolo “el monstruo de Ramo Verde”. Leopoldo López y su familia siempre fueron objeto de comentarios viciosos y denigrantes por parte de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes jamás ocultaron que aquel era un preso de ellos.
Sin embargo, el aumento de la presión interna y externa contra la dictadura fue llevando al régimen a considerar el uso de la prisión de Leopoldo López como una ficha de negociación para bajar las presiones. No es casual que justamente cuando la OEA comienza a debatir sobre la crisis de Venezuela en 2016, el gobierno hábilmente haya contratado los servicios del operador político José Luis Rodríguez Zapatero para supuestamente liderar una misión negociadora. En realidad, Rodríguez Zapatero estaba asumiendo la operación de lobby más sofisticada y costosa del régimen para evadir los controles de la comunidad internacional, evitar elecciones democráticas en Venezuela y mantenerse en el poder en forma indefinida.
Aunque ya la MUD había descartado de plano seguir en conversaciones inútiles con el gobierno debido a su alto costo político, es posible que la estrategia del régimen haya sido mantenerlas con una parte de la oposición para alimentar falsas esperanzas de apertura, seguir ganando tiempo y cruzar el umbral del 30 de julio de 2017. Además, el gobierno necesita — o necesitaba — llegar a su elección Constituyente, sin un pronunciamiento concreto por parte de la OEA y, muy importante, sin ningún tipo de movimiento militar disonante con la línea oficial.
Pero el 5 de julio, a alguien en el alto gobierno se le ocurrió alentar a los colectivos paramilitares del régimen a tomar las instalaciones de la Asamblea Nacional. La saña y brutalidad del asalto a la sede del poder legislativo fue transmitida masivamente por la televisión y las redes sociales a todo el mundo. Ahora sí no había duda de que un gobierno que asalta la sede del poder legislativo es evidentemente una dictadura. Al ver estas imágenes, la cara de Maduro, Cabello y todos quienes apoyan al fraude Constituyente debió ser un poema ese día. La condena dentro y fuera de Venezuela estalló, al punto de que hasta voceros del gobierno y del PSUV se vieron obligados a cuestionar el torpe y vergonzoso incidente.
El asalto al parlamento puso súbitamente al régimen contra la pared a escasas tres semanas de su fraude constituyente. Lo último que hubiesen querido quienes apoyan la ANC de Maduro son las imágenes del asalto a la sede del poder legislativo circulando por todo el mundo. Ese no era el plan. Pero quien quiera que haya ordenado esa acción en el gobierno obligó al régimen a jugarse su carta más preciada en las peores condiciones.
Luego del desastre del 5 de julio, al gobierno no le quedaba más alternativa que lanzar una operación improvisada de control de daño político.
Por una parte, era necesario generar un evento mediático que pudiese opacar de inmediato el negativo efecto del asalto al parlamento. Y si ese evento pudiese al mismo tiempo detener otra ronda de debates sobre Venezuela en el seno de la OEA, mejor. Si adicionalmente contribuía a “neutralizar” a la Fiscal General de la República por su intervención en el proceso judicial contra Leopoldo López, mucho mejor.
Un gobierno acorralado por su propia torpeza y desesperado por ganar tiempo, no dudó en jugarse la carta de otorgarle el beneficio de casa por cárcel a Leopoldo López para tratar de lograr al menos el primer objetivo. La operación le fue encomendada al operador Maikel Moreno, quien, en una improvisada sentencia, justificaba la medida “humanitaria” por razones de salud del detenido y por vicios procesales en la distribución del expediente. La movida fue tan rápida y abrupta que el alto mando militar y la plana mayor del PSUV al igual que todos nosotros, se enteraron de la decisión por Twitter.
Más allá de lo que seguramente hay tras bastidores de esta jugada, el hecho real, incontrastable es que el régimen se ha visto forzado a hacer algo que no quería: Validar ante todo el mundo la condición de preso político de Leopoldo López y admitir que tanto su condena como el traslado a su casa no son mas que perversas jugadas políticas. Hasta la fría y pragmática respuesta del llamado Comité de Victimas de la Guarimba apoyando la medida así lo confirman.
Maduro le dijo hace tan solo unos días al presidente colombiano Juan Manuel Santos “…arrodíllate, híncate y pídeme la bendición.” Resulta irónico que horas mas tarde le haya tocado al retrechero y arrogante régimen de Maduro y Cabello, con su lisonja militar, arrodillarse ante el preso político más emblemático del gobierno. Solo falta que pidan perdón.
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