Henry Ramos Allup, en nombre del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática y de la Mesa de la Unidad Democrática, le ha recomendado al Tribunal Supremo de Justicia que no gaste tinta ni papel pronunciándose sobre ese infame recurso intentado por el jurídicamente ignorante Diputado Pedro Carreño, porque cuando menos el 80% de los venezolanos están a favor de la convocatoria a la consulta popular de este domingo 16 de julio de 2017. Todo de conformidad con lo preceptuado en la Constitución Nacional, en los artículos siguientes: Art. 5. “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”; Art. 70. “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular (…)”-
Además, para la inmensa mayoría de nuestro pueblo, ese TSJ no existe porque sus magistrados fueron elegidos ilegal e inconstitucionalmente y la Asamblea Nacional revocó esas designaciones haciendo uso del principio de auto tutela, establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Así mismo, la Asamblea Nacional procederá la próxima semana al nombramiento de nuevos magistrados que serán escogidos apegados, estrictamente, a la normativa constitucional que informa la materia. A esos sí habrá que acatarles sus decisiones.
Es que ese Tribunal Supremo y los integrantes de la Sala Constitucional quedaron deslegitimados, adicionalmente al espurio origen de su elección, cuando en indigna actuación pronunciaron las sentencias 155 y 156, pues allí concluyen el proceso iniciado con aquel nombramiento ilegal. En efecto, la sentencia No. 156 en su parte dispositiva decía que : “Finalmente, se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”. Esto quiere decir, que la Sala Constitucional, directamente o a través del órgano que ella indicara, quería ejercer cualquiera de las competencias que la Constitución asigna a la Asamblea Nacional, permitiendo a la Sala ejercer, directa o indirectamente, la función de control que la Constitución asigna a la Asamblea, así como su función legislativa. Es decir, que la Sala Constitucional, directa o indirectamente, quería dictar Leyes. Ese exabrupto jurídico inaceptable constituye, tal como lo ha denunciado la mismísima Fiscal General de la República, “la ruptura del orden constitucional” y, por ello, en otra absurda como temeraria decisión, revocaron todo lo actuado.
Luego dejó sin efecto, desde hace más de un año a través de un Recurso de Amparo intentado por gente afecta al régimen, la proclamación de tres diputados del Estado Amazonas para tatar de trastocar la mayoría calificada que concedió el pueblo a sus parlamentarios opositores. Sin embargo, a estas alturas, aún no ha habido pronunciamiento del tsj sobre estos diputados, porque saben que si declaran la legalidad de la elección regresan a sus curules y si deciden lo contrario, debe convocarse una nueva elección donde no solo se ratificarían esos diputados sino que se obtendría más votos que los recibidos en diciembre del 2015. Toda una aberración jurídica al margen del estado de derecho que confirma su ilegalidad.
Esta Asamblea Nacional, boicoteada por ese tribunal inconstitucional desde que fue electa por más de 14 millones de venezolanos, ha decidido convocar al pueblo en uso de sus potestades constitucionales, previstas en el Art. 71: “Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo, por iniciativa del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes (…)”, mientras el Presidente de la República no ha hecho sino convocar, inconstitucionalmente y a espaldas del pueblo, una Constituyente por la que no va a votar nadie a finales de mes.
Estas son dos posiciones irreconciliables que las vamos a dilucidar con los votos y no con las balas de los fusiles de la ignominia, esos que propone Arias Cárdenas, el señor aquel que llamaba “gallina” a Chávez. Así que Maduro debe decidir: o le hace caso al pueblo o a los Arias Cárdenas que lo van a traicionar… como lo hicieron con su jefe desaparecido. Ah y el 16 de julio… ¡va a decidir el pueblo, no el TSJ.!
@EcarriB