En un evento que comienza a ser visto como decisivo, una participación masiva en el plebiscito organizado para este domingo por la oposición venezolana brindaría irrefutable evidencia de la aversión del país hacia la constitución socialista que promueve el gobernante Nicolás Maduro y propinaría un duro golpe a la sostenibilidad de su régimen, dijeron analistas, publica El Nuevo Herald.
ANTONIO MARIA DELGADO
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“Este podría a ser el mayor acto de desobediencia civil que se ha registrado hasta el momento”, manifestó desde Londres Diego Moya-Ocampos, analista senior de la firma IHS Country Risk.
De conseguirse una votación masiva, el pronunciamiento formalizaría en Venezuela un estado de “rebelión popular”, de carácter nacional, exigiendo el restablecimiento del orden constitucional y el cambio de gobierno a través de elecciones, manifestó Moya-Ocampos.
Entre siete y diez millones de venezolanos podrían salir a votar el domingo para pronunciarse sobre tres preguntas que verterían un balde a agua fría sobre las aspiraciones de Maduro de instaurar el comunismo en Venezuela a través de una “fraudulenta” Asamblea Constituyente.
En la consulta popular, los venezolanos deberán decir si rechazan esa asamblea y si exigen que las Fuerzas Armadas y los empleados públicos hagan respetar la actual constitución.
También deberán decidir si están de acuerdo con la renovación de los poderes públicos, la realización de elecciones libres y la conformación de un “Gobierno de Unión Nacional” para restituir el orden constitucional.
Un pronunciamiento masivo en contra del régimen de Maduro a través del voto activaría los instrumentos para ejecutar un paro general indefinido, en lo que está siendo descrito como el lanzamiento de la Hora Cero por algunos dirigentes de la oposición.
El proceso también llevaría a la oposición a nombrar a nuevas autoridades.
“Significa una orden muy clara de el soberano (el pueblo venezolano) a la Asamblea Nacional, como organismo legítimo, para activar un proceso para constituir un nuevo gobierno”, manifestó desde Caracas Oswaldo Ramírez, presidente de la firma ORC Consultores.
Las primeras autoridades en ser designadas podrían ser nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, organismo que se encuentra actualmente secuestrado por el régimen, y rectores imparciales del Consejo Nacional Electoral.
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