Es evidente que la Conferencia Episcopal Venezolana ha jugado un rol significativo como orientadora de la conciencia nacional, asumiendo, sin cortapisas, una actitud firme, objetiva, transparente, ante la delicada situación que confrontamos. No es fácil para instituciones como la iglesia, mantener una postura imparcial, de equilibrio entre factores en pugna, cuando estamos al borde de escenarios peligrosos de impredecibles consecuencias. Pero es necesario llamar las cosas por su nombre, adoptando una posición diáfana, cuando están en juego los intereses nacionales y de las grandes mayorías. Frente a esas circunstancias, callar o manipular la realidad, puede representar un acto de cobardía e irresponsabilidad.
Todos desearíamos que este problema “político”, se resolviera por vía de la negociación, conforme a los mecanismos constitucionales, transparentemente, en paz y respetando la decisión de las mayorías nacionales, condición fundamental para vivir en concordia, logar el “Bien Común”, la “Justicia Social” para avanzar hacia un creciente desarrollo humano integral.
La violencia ha adquirido un carácter estructural aunada a la represión oficial; la detención de numerosas personas, sobre todo jóvenes, en forma arbitraria, las torturas y maltrato a los detenidos, violando sus derechos humanos, sólo conduce a crear un clima de tensión y anarquía, agravada por la actuación de grupos paramilitares ilegales bajo la mirada complaciente de las autoridades.
Corresponde al Gobierno imprimirle cuanto antes, un cambio de rumbo a la orientación de su política. Eliminar su propuesta Constituyente por los vicios constitucionales que la hacen ilegal, el mayoritario rechazo popular y la ineficacia que representa para la solución de nuestros graves problemas, al intentar consolidar un régimen dictatorial, instaurar un Estado socialista, marxista y militar con la desaparición de la autonomía de los poderes, especialmente el legislativo.
Es necesario, sin más demora, recuperar el camino de la constitucionalidad, el Estado de Derecho y restablecer los mecanismos institucionales para arbitrar soluciones a los graves problemas que sufre nuestro pueblo, fundamentalmente, los más humildes. Ese es el mensaje que más del 80% de la población le está enviando al gobierno. Todos queremos retornar a la construcción de un país hermoso, de progreso, hermandad y libertad.
Estamos a tiempo de frenar ahora y para siempre la escalada de violencia que ha cobrado la vida inocente de nuestra aguerrida juventud. La FANB debe cumplir su rol de garante de la Constitución y defender la vida y seguridad del pueblo, convirtiéndose en factor de equilibrio para impulsar acuerdos entre la dirigencia política de todos los sectores, incluyendo los sectores Chavistas que realizan planteamientos serios en defensa de la Constitución, como forma de avanzar a un reencuentro nacional.
Ello no limita que toda la sociedad democrática venezolana, continuemos en la calle, ejerciendo nuestro derecho a la protesta pacífica y de expresar nuestra opinión en la consulta nacional que, en plenitud de sus facultades, ha convocado la Asamblea Nacional el domingo 16, manifestando nuestra indubitable decisión de mantenernos en la lucha hasta recuperar la libertad. Sigamos avanzando con Unidad, Firmeza y Fe!