Durante los últimos días, hemos venido leyendo y haciendo seguimiento a los esfuerzos que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, capitaneados por el ministro de petróleo Nelson Martínez vienen haciendo en el seno de la OPEP y con países productores No OPEP, para lograr nuevos cierres de producción.
Por Horacio Medina @unape
Es obvio que a Venezuela la instrucción de nuevos cierres no la afecta, ya que en realidad la capacidad de producción continua cayendo como consecuencia de años sin inversiones y sin mantenimiento. De modo que, si de todas formas la producción se reducirá, el esfuerzo deben hacerlo para tratar de aumentar el precio. Sin duda, baja producción y bajos precios, terminarían por colapsar la precaria economía venezolana y producir un default, en octubre próximo.
Pues bien, en ese intento desesperado por sobrevivir a su colapso económico, Venezuela está presionando a otros miembros de la OPEP para que acepten recortes más pronunciados en la producción de petróleo. Según fuentes de inteligencia de mercado y reconocidos analistas los funcionarios venezolanos han contactado, principalmente, a sus homólogos de Irán, Rusia y Arabia Saudita para “presionarlos” en una acción colectiva. Por lo pronto, se ha anunciado una reunión de consulta entre Arabia Saudita y Rusia, para la próxima semana. Tengamos presente que Arabia Saudita se encuentra también muy presionada, ya que el financiamiento al conflicto en Yemen ha venido mermando su flujo de caja, tanto que ha ofrecido extraoficialmente cerrar un millón de barriles adicionales.
El objetivo de Venezuela es forzar una “reunión extraordinaria”, para discutir y aprobar un cierre más profundo. Está muy claro que para el régimen venezolano no hay manera de salir de la espiral económica descendente en el corto plazo, sin precios de petróleo significativamente más altos, cuestión que no parece muy probable, a menos que se acuerde un gran cierre y se cumpla de inmediato. A Venezuela no le sirven, ni siquiera, precios de 55 $/B para el WTI, en el segundo semestre de 2017.
Debemos tener muy presente que Venezuela tienen una gran cantidad de deuda con compromisos de pago, venciendo a finales de este año, entre septiembre y diciembre, de unos 4 mil 900 millones de dólares, de los cuales unos 3 mil 600 millones corresponden a PDVSA, entre octubre y noviembre.
Para PDVSA y el régimen de Nicolás Maduro, las fuentes de financiamiento parecen agotarse, es por ello que emiten de manera inconstitucional e irresponsable nueva deuda que compromete el patrimonio nacional y que mueve a los fondos buitre, tal como lo hemos visto recientemente.
Es por ello que la Asamblea Nacional debe repetir una y otra vez que esas emisiones están fuera del marco constitucional y por ende son ilegitimas e ilegales.
Es obvio que los fondos buitres, al comprar los bonos, apuestan a la permanencia del régimen o a la capacidad extrema de negociar de sus abogados, en caso de un default.
Detestable el papel de muchos profesionales venezolanos, en especial en PDVSA, que dicen defender la soberanía nacional y entregan el patrimonio de Venezuela a depredadores internacionales sin principios, solo con intereses, por cierto también de la más baja ralea.
Una situación muy comprometida y, al tiempo, difícil de resolver.