A partir del domingo 16 de julio de 2017, luego del hito que representó la Consulta Popular convocada por diversos sectores políticos, gremiales y de la sociedad civil en general, con una contundente participación de 7 millones 600 mil ciudadanos rechazando la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por Nicolás Maduro; Provea ha registrado un gran número de denuncias por parte de trabajadores y funcionarios de distintos organismos del sector público que han sido víctimas de amenazas para que, aún en contra de su voluntad, acudan a convalidar el fraude Constituyente del próximo 30 de julio.
No es la primera vez que mediante declaraciones de funcionarios de diverso rango, comenzando por Nicolás Maduro, se advierten posibles represalias a trabajadores de dependencias oficiales. En 2016 Provea recibió denuncias de 16 mujeres trabajadoras de la Fundación del Niño Simón que fueron despedidas por haber firmado a favor del referéndum revocatorio. Con estos nuevos casos de hostigamiento y discriminación a ciudadanos que expresan sus preferencias políticas, se consolida una política de Estado que entraña una retaliación contra trabajadores de la administración pública, vulnerando, no solo su estabilidad laboral, sino el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento.
La Constitución y la legislación laboral venezolana prohíbe cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. En pocos días hemos recibido denuncias de trabajadores y trabajadoras de la administración pública a quienes se les conmina a dejar constancia de su participación en el referido evento, reportando hora, fecha, lugar y fotografías, además de la elaboración de listas de asistencia para dirigir a los trabajadores a los centros de votación; con la amenaza de ser despedidos o destituidos del cargo, dependiendo del caso, si no demuestran su asistencia.
En apenas horas recibimos denuncias de acoso y hostigamiento de empleados públicos para obligarlos a votar en el fraude Constituyente de los organismos: PDVSA, SUDEASEG, CORPOELEC, INCES, Seguros Federal, Seguros La Previsora, PEQUIVEN, Banco Bicentenario, Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Metro de Caracas, Ministerio de Vivienda y Hábitat, Ministerio para la Educación, HIDROVEN, Servicio Autónomo de Registros y Notarías, Empresas Básicas de Guayana, MOVILNET, Ministerio de Economia, Finanzas y Banca Pública, Red de Abastos Bicentenario.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que todas las personas nacen libres e iguales y deben ser tratadas con dignidad, sin importar idioma, color de piel, religión, condición social y económica, opinión política, orientación sexual o cualquier otra distinción, y sin discriminación por la condición política, jurídica o internacional del territorio o del país en que se encuentre la persona. Aunado a ello, la Observación General Nº 25 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, establece que las personas deben ser libres de apoyar al gobierno u oponerse a él, sin influencia ni coacción indebida de ningún tipo que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad de los electores.
Esto, en concordancia con los principios de no discriminación previstos en el artículo 21 de la Constitución vigente que, precisamente, se pretende abolir con el fraude Constituyente. De igual manera, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones, y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), establece en su artículo 56 que los empleadores deberán abstenerse de realizar toda conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores, la violencia psicológica, y a evitar la aplicación de sanciones no claramente justificadas o desproporcionadas.
En los casos presentados se observa una política de retaliación, hostigamiento y discriminación contra personas que hacen uso de su derechos políticos, siendo amenazadas de ser despedidas; contraviniendo asimismo lo estipulado en el artículo 89 de la Constitución, que define al trabajo como hecho social, prohibiendo todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.
Precisamente, desde el movimiento de Derechos Humanos hemos convocado a los y las funcionarias advertido que cualquier funcionario o funcionaria a no cooperar con la intención de abolir la Constitución. Los hemos exhortado a que no se involucren en la organización de un evento para la abolición derogación de la Carta Magna de 1999, mediante una iniciativa inconstitucional, ya que podrían ser objeto en un futuro de las sanciones previstas en el artículo 25 de la CRBV, por lo que están en su derecho de abstenerse a participar y además cumplir con el deber de velar por la defensa de la Constitución. Cuando desde el gobierno se pretende forzar a funcionarios y funcionarias a ser parte del fraude constituyente se atenta contra la dignidad de cada uno de ellos, se les somete y se les coarta su libertad de decidir conforme a su conciencia. Es por ello que exigimos el cese inmediato en la implementación de conductas represivas y discriminatorias contra empleados públicos que manifiestan sus opiniones políticas. Y en especial a quienes, sin ser el voto obligatorio en Venezuela, se rehúsan a convalidar el fraude Constituyente del 30 de Julio.
No dejes que el gobierno decida por ti y te obligue a convalidar su fraude constituyente. Resiste y denuncia.