Van pasando estos días tan duros, difíciles y quizás no nos percatamos de la campaña que desarrolla Nicolás Maduro para su constituyente, por cierto, la que no debe darse. Simplemente, porque es un fraude a la Constitución. Sin embargo, notamos tres facetas importantes al utilizar las cadenas de radio y televisión, tratando de forzar la atención de los venezolanos.
Una es que muy, pero muy pocos conocen a sus candidatos y al rol que juegan para esa selección que llaman sectorial, con raras excepciones como Oscar Schémel, un encuestólogo que sinceró su posición. Forman parte del tal poder popular que, por lo general, son organizaciones e individualidades fantasma, sin peso en los gremios profesionales, sindicales, empresariales, comunales, por no hablar de la selección territorial, cuyo grueso corresponde a ministros y gobernadores que provisionalmente dejan su cargo.
La otra, nada de raro tiene el candidato más aventajado de todos, pues, así como Hugo Chávez metió a Marisabel Rodríguez como constituyentista en 1999, ahora Nicolás Maduro Guerra es el llamado a la sucesión a largo plazo del padre, pareciéndose un poco la cosa como el de la consolidada dinastía de Corea del Norte. Al no aprobar nunca la reforma de la Ley de Anticorrupción, el nepotismo ha campeado por todos estos años, en todos los niveles, sin contar en embajadas y ministerios de maletín que ni oficinas tienen. Y tampoco se trata de descalificación personal alguna, apuntar al heredero político. Muy bien ilustra como se va forjando el elenco del poder y su relevo. Pero una tercera faceta es la que poderosamente llama la atención.
En efecto, la oferta política delata la pobreza ideológica de los aspirantes de lo que se convertirá en un Congreso del PSUV y de sus amigos. Coinciden en mejorar la actual Constitución, pero no dicen de qué manera y cómo superar la que se dijo toda una pieza de perfección. Está de anteojito que lo único que tienen en mente es el proyecto de la reforma que fracasó en 2007, pero que inconstitucionalmente se plasmó en muchas leyes como la del llamado poder popular, consagrando la elección de segundo y tercer grado. Lo más lejos a lo que llegan es a la pretendida constitucionalización de los CLAP, como si la instancia fuese una majestuosa concepción e implementación de las políticas públicas que no existen, olvidando su mismísima composición partidista, sectaria y ventajista, dándole ocasión a un circuito comercial nada transparente. Igual podría hablarse de constitucionalizar las misiones, llevando a Barrio Tricolor, como podría ser cualquier club de bolas criollas, a consagrarse como erróneamente una vez hicieron con PDVSA, tratándose de una empresa que nació de las circunstancias de la nacionalización petrolera de los tiempos de la democracia. Agregaríamos: ni porque haya sido constitucionalizada, se ha salvado de la quiebra.
Agotado el proyecto político, desde hace un buen rato, no tiene más fuerza ideológica que la de mirar e imitar a la larga dictadura cubana. Al marxismo más anacrónico que podamos imaginar, donde esos aspirantes a la ojalá fallida constituyente abrevan porque ya no tienen banderas que levantar después de quebrado y dividido el país que, en mala hora, les dio la oportunidad de gobernar.
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