El Ministerio Público le negó el acceso a sus instalaciones, tanto en la sede principal, como en las oficinas regionales en los 23 estados del país, a funcionarios de la Contraloría General de la República, que adelantarían una auditoría administrativa de carácter fiscal en sus instalaciones, reseñó El Impulso.
La información la dio a conocer el propio contralor general de la República, Manuel Galindo, quien indicó que esta actitud del Ministerio Público, podría acarrear sanciones administrativas que van desde una multa hasta una inhabilitación, luego de permitir a esta dependencia que se defienda, de acuerdo con el debido proceso.
Este viernes, de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, sobre actuación de carácter fiscal y se entorpeció, por llamarlo de alguna manera, se entrabó la entrada de los funcionarios habilitados, no solamente al órgano principal en Caracas, sino en las 23 Fiscalías Superiores a nivel nacional, aseguró el contralor Galíndez.
Consultado sobre las posibles sanciones, señaló que primero hay que permitir que la Fiscal y los demás funcionarios hagan uso del derecho a la defensa y al debido proceso, acudiendo a la Contraloría, personalmente o representados por sus abogados, porque se está en presencia de una presunción de un entrabamiento.
-Si eso llegara a probarse, las sanciones podrían ir desde una multa, un reparo hasta una inhabilitación, como sanción accesoria, afirmó.
Sobre la investigación del avión utilizado por la fiscal general, cuya investigación solicitó el TSJ, Galindo señaló que en el momento en que se haga la solicitud formal, la Contraloría tiene la obligación de carácter constitucional, de abrir e iniciar esa investigación, dijo Galíndez.