Foto: Angélica Lugo, investigadora de Una Ventana a la Libertad
Falta de alimentos, escasez de medicamentos, deficiencia de los más elementales recursos tales como agua potable, inexistente clasificación de los detenidos –ni siquiera separados según su género– en medio de un hacinamiento estimado en más de 400 por ciento, convierten a los centros de detención preventiva de Venezuela en versiones del infierno en la tierra, publica El Nuevo Herald.
LEÓN HERNÁNDEZ
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En Venezuela, “los centros de detención preventiva son espacios que existen dentro de las comisarías policiales de todo el país, de estados, municipios, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que no dependen del Ministerio venezolano para el Servicio Penitenciario y a los cuales las personas allí detenidas deberían permanecer por un lapso máximo de 48 horas”, declaró el abogado Carlos Nieto, coordinador general de la ONG, en entrevista para el Nuevo Herald.
Según el más reciente informe de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, 27 personas murieron entre enero y junio en lo que va de año en estos centros, donde “las violaciones de derechos humanos fundamentales se han convertido en situaciones cotidianas”. La cifra de fallecidos incluye un funcionario policial encargado de la custodia.
“Diez de ellas perdieron la vida de debido a cuadros de desnutrición o enfermedades infecciosas que contrajeron en los calabozos en los que estaban recluidos y para las cuales no recibieron el correspondiente tratamiento médico. Otras 17 fueron víctimas de asesinatos”, indica el informe.
Impactan a la opinión pública casos como el ocurrido el 5 de mayo cuando, según información policial, un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana manipulaba su arma de reglamento y le hizo un disparo al prisionero Franyerson Martínez González, de 19 años de edad. El caso permanece bajo investigación, destaca el informe.
De 48 horas, los lapsos reales en los cuales permanecen las personas detenidas en estos centros de detención preventiva han llegado a ser indefinidos y para algunos han alcanzado los cuatro años. “Esto ocurre así porque el Ministerio para el Servicio Penitenciario ha prohibido la entrada de nuevos reclusos a sus recintos y ha hecho que colapsen todos estos retenes policiales, estas comisarías, que no tienen ningún tipo de condiciones para tener a personas allí detenidas, por un tiempo más allá de las 48 horas”.
“Estamos hablando de una población aproximada en esos centros de detención preventiva de 47 a 48,000 reclusos. En las cárceles tradicionales, las que dependen del Ministerio de Servicios Penitenciarios hay 57,000 más. Tenemos una población penitenciaria de aproximadamente 105,000 reclusos”, destaca Nieto.
El estudio se realizó con una muestra de 89 centros venezolanos de detención preventiva sobre un total de 500. Los centros de la muestra del estudio tienen una capacidad instalada para albergar a 1,910 privados de libertad; pero para junio de 2017 contaban con una población de 8,249 privados de libertad –una sobrepoblación de 6,339.
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