La Fundación Arcadia, en la persona de su Vicepresidente Ejecutivo, el profesor Robert Carmona-Borjas a través de sus redes sociales se preguntó el por qué la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República aún no había imputado a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por delitos crueles, perpetrados en contra del músico violinista Wuilly Arteaga, durante su detención el pasado 27 de Julio de 2017 aun cuando el mismo Ministerio Público en Nota de Prensa publicada el pasado 30 de Julio dejó constancia que el reconocimiento médico legal que dicho ente público le había ordenado practicar a Wuilly había determinado con certeza la veracidad de tales hechos punibles, tipificados como delitos por la legislación penal venezolana.
Nota de Prensa
Como recordarán a Wuilly Arteaga, el violinista-libertario de Venezuela le fueron imputados alrededor de las 9:30AM del día domingo 30 de Julio, en una audiencia plagada de irregularidades, como las que este régimen ya en agonía nos tiene acostumbrados, los cargos de “Detentación de Objeto Incendiario” (¿Violín?) e “Instigación Pública” (¿Su Música?) por parte del Juez encargado del Tribunal 31º de Control del Área Metropolitana de Caracas Pablo Verdú, conocido por sus nefastas actuaciones de persecución a la disidencia opositora cuando ejercía funciones como Fiscal 23º con competencia a nivel nacional del Ministerio Público y que fuera destituido con cargos de Negligencia por la actual Fiscal General de la República, Luisa Ortega por el caso de los hermanos Sánchez y posteriormente nombrado Juez de Control por el presidente del TSJ, Maikel Moreno.
A pesar que existen testigos y videos que demuestran que al momento de su detención Wuilly estaba tocando, como de costumbre, su violín junto al otro músico Gian Marco Cetorame que tocaba la Caja Acústica, se le acusa sin prueba alguna de “Detentación de Objeto Incendiario” e “Instigación Pública”. Cetorame fue puesto en libertad el mismo día, mientras que a Wuilly con ensañamiento el régimen dictatorial bolivariano lo acusa ahora de esos delitos que él jamás y nunca cometió.
Wuilly Arteaga quedó privado de libertad a solicitud de un representante usurpador del Ministerio Público representado por la vice fiscal Harrington. La Fiscalía de Flagrancias que era la que estaba a cargo el día domingo 30Jul en el Palacio de Justicia, no estaba al tanto de las actuaciones judiciales en contra de Wuilly Arteaga. Según fuentes ligadas a los medios tribunalicios, estos fiscales “paralelos” que actúan a espaldas de la máxima autoridad del Ministerio Público, sólo responden a las directrices del ejecutivo nacional, para encausar a los opositores como parte del terrorismo judicial de Estado que ampliamente ha sido denunciado y sustanciado ante las instancias internacionales de los DDHH. El proceso judicial en contra del músico violinista se encuentra lleno de irregularidades. No hubo ni siquiera distribución del expediente del caso de Wuilly y todo se llevó a cabo a escondidas y cerrando las puertas del tribunal y así fue como fue presentado Wuilly Arteaga ante el juez a espaldas de sus propios abogados.
En franca violación al Debido Proceso y al Derecho a la Defensa a Wuilly Arteaga se le impuso un defensor público de nombre Igor Casolda, también muy presto a servir al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en contra de la voluntad de Wuilly y cuando éste dijo que él tenía sus propios abogados, le dijeron que no estaban en ese momento y que éstos si existían lo representarían luego en el transcurso del proceso judicial.
A Wuilly se le impuso la condición de la presentación de dos (2) fiadores, como medida cautelar, pero ya se sabe que esta es una condición que para que se cumpla, tienen que pasar no menos de 30 o 40 días para llevarse a cabo por la cantidad de requisitos legales que se exigen a cada uno de ellos y sabiendo que Wuilly Arteaga no tiene dinero alguno y menos recursos para proporcionar esos fiadores, en la práctica lo que sucede es que le impone ese tipo de medidas simplemente para dejarlo privado de libertad de manera arbitraria por tiempo indefinido.