Durante la primera sesión de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, se aprobó “por aclamación” extender el tiempo de funcionamiento de esta, de seis a dos años, “siempre y cuando se hayan cumplido las tareas encomendadas, las funciones para las cuales fue nombrada” luego de que el constituyente Diosdado Cabello haya propuesto el cambio en los estatutos.
“En las bases comiciales el compañero presidente Nicolás Maduro indicó que se tomarían los estatutos de la ANC del 99 hasta tanto se estableciera el propio estatuto de esta Asamblea Nacional Constituyente (…) Podríamos hacer el trabajo en un mes, pero queremos proponer que el funcionamiento de esta asamblea se extienda hasta dos años”, dijo el diputado.
Cabello también propuso que la ANC tome todos los espacios del Palacio Federal Legislativo y no solo el salón elíptico, desde donde sesionan este sábado.
“Con respecto al carácter soberanía que tiene esta Asamblea en el sentido de tomar acciones y decisiones en cualquier ámbito, está también el sitio de funcionamiento de la ANC, que es el Palacio Federal Legislativo, no solo se limita al Salón Elíptico, sino también el hemiciclo, pero eso quedará en manos de la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez”.
Para la creación de los estatutos propios de la ANC, fue designada una comisión integrada por los constituyentes Elvis Amoroso, Pedro Carreño, Luis Enrique Araujo y Mata.
El constituyente Hermánn Escarrá, quien asesoró a Nicolás Maduro para impulsar esta iniciativa, aseguró a EFE en junio pasado que el trabajo de la ANC duraría 12 meses, según estimaciones del Gobierno.
En este sentido, subrayó que las elecciones presidenciales están previstas para diciembre de 2018 y que estas no podrán ser cambiadas de fecha por mandato constitucional.
Escarrá también consideró entonces que una vez instalada la Asamblea su trabajo sería “difícil los primeros días” debido a que deberá funcionar bajo el estatuto que rigió el proceso en 1999 -cuando se sancionó la actual Carta Magna- hasta que surja un nuevo esquema de trabajo.
Las normas de 1999, explicó el jurista, contemplan que la ANC podrá “limitar, decidir, cesar y sustituir” de sus actividades a los titulares de todos los poderes públicos pero, consideró, aplicar este apartado “en una sociedad polarizada como esta podría conflictuar más” el escenario político.