Luego de los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, los cuales causaron suspicacia en la población -incluyendo la los adeptos al oficialismo- la Empresa Smartmatic realizó denuncias muy graves con relación a este proceso “electoral”.
Si la sopesamos con los hechos de los diputados electos en Amazonas, nos damos cuenta que dichas elecciones de la ANC violan flagrantemente, no solo el orden público constitucional, sino, que transgrede el Estado de Derecho, los principios y fundamentos constitucionales, la democracia, vulnerando la transparencia y el derecho sagrado que tiene el soberano de elegir a sus representantes, por lo que el Tribunal Supremo de Justicia, tiene la obligación de avocarse de oficio y suspender inmediatamente los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los constituyentes que según el Consejo Nacional Electoral, salieron electos.
Causa suspicacia que la presidenta de ese ente rector, el mismo día de la elección en la noche, procedió a dar el primer boletín y nombró a los constituyentistas territoriales que supuestamente ganaron, sin embargo, no dio resultados numéricos. Esa omisión cuestiona la transparencia del proceso, tomando como referencia que el sistema es automatizado, ¿Cómo el CNE dice quién ganó y no da resultados numéricos? Esta interrogante aumenta al evidenciar a los ganadores de las capitales de cada estado, pero no dice esa misma noche, quien ganó en el sector nominal de pensionados o sector petróleo-minería que era fácil anunciar por la cantidad de electores, solo se limitó nombrar a los constituyentistas reconocidos por el país como “la banda de los enchufados”.
A todas luces, con la instalación de la ANC, se concreta una dinámica de golpe continuado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El desconocimiento de nuestra Carta Magna tiene su origen al vulnerarse la voluntad del pueblo, que se ha expresado reiteradamente a favor de una salida democrática y pacífica a la crisis que padece el pueblo venezolano.
El pueblo quiere cambio, pero sobretodo solución a sus problemas. Desde la Asamblea Nacional tratamos de ayudar, pero el gobierno vía sentencias del TSJ, inició un “Golpe al Poder Legislativo”, ignorando sus competencias y desacatando los actos legítimos y legales del Parlamento.
El pasado 16 de julio el pueblo expresó su firme rechazo a la iniciativa presidencial de la convocatoria de la ANC, a nivel nacional e internacional; pero el Ejecutivo Nacional amparado en un CNE parcializado, genuflexo y resuelto a ser herramienta de una parcela política que gobierna cupularmente aislada a la República, fue cómplice el 30 de julio de la estafa más grande que se le ha podido hacer a la democracia venezolana.
El resultado electoral de la elección de la ANC no se contrastó con la realidad en los Centros de Votación, ellos lo saben, y nosotros también. El gobierno con la complicidad del CNE, TSJ y las Fuerzas Armadas han consumado el delito de “conspiración contra las formas republicanas”, cuyo basamento constitucional no los proporciona el artículo 333 de la CRBV. No pueden ocultarlo, no pueden evitar que los expertos en materia constitucional a nivel nacional e internacional tilden la ANC de ilícita e inconstitucional y el pueblo lo siente claramente; con la ANC se intenta instalar un período en el que se desecha la venezolanidad, se desconoce el propósito de nuestra herencia libertadora y se impone a la mayoría notoria del pueblo, la voluntad de una camarilla que extravió a la Nación en su afán de riqueza y poder.
Omar A. Ávila H.