La Asamblea Nacional Constituyente y el Consejo Nacional de Economía Productiva se han llevado un baño de realidad. En la reunión que ambas instancias celebraron este miércoles, habían abordado -casi como una declaración de principios- que ningún poder ya podría imponerle obstáculos al desenvolvimiento de la economía.
Por Juan Carlos Zapata en Al Navío
Era un mensaje directo a la Asamblea Nacional de mayoría opositora que ha advertido que todo contrato de interés público -entre otros, operaciones de deuda externa- que no cuente con la aprobación del Parlamento, es ilegal e inconstitucional. Este es un punto del que han tomado nota países, empresas, bancos de inversión, etc., y que le ha impedido al régimen de Nicolás Maduro tener acceso al financiamiento internacional. La dictadura ha acusado el golpe. Y creía tener resuelto el asunto con la ANC, que se ha abrogado poderes de máxima autoridad por encima de cualquier institución. A 24 horas del encuentro entre el Ejecutivo y la ANC, el baño de realidad se llama Credit Suisse, el banco que una vez fue el preferido de Hugo Chávez. El banco anunció la suspensión de toda operación con funcionarios o con organismos del Estado venezolano.
Siempre se dijo que Nicolás Maduro -hoy visto como dictador por la comunidad internacional- creía que una vez votada e instalada la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, tendría resueltos varios problemas clave. Primero, la legitimidad. Segundo, el reconocimiento internacional. Tercero, el conflicto político interno. Y cuarto, el financiamiento internacional, pues ya no requeriría del paso previo de la autorización por parte de la Asamblea Nacional. Pues hoy, ninguno de los objetivos se ha logrado.
Según fuentes de todo crédito, por los días en que se preveía una posible negociación con la opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, para que Maduro retirara la convocatoria de la Constituyente, actores de peso internacional le manifestaron que una vez comenzara a funcionar, los problemas no solo no estarían resueltos sino que, además, se profundizarían. Dicho y hecho. Hoy Venezuela ha sido expulsada de Mercosur. En Lima, los 12 cancilleres de los países más importantes de la región, declararon que el régimen derivó hacia la dictadura y entre las decisiones del encuentro aparece que no se reconocerá ningún acto emanado de la ANC y por el contrario se respalda a la Asamblea Nacional, en el entendido de que los actos jurídicos que requieran la autorización de ésta, serán reconocidos siempre y cuando el Parlamento “los haya aprobado”.
Del mensaje ha tomado nota el resto de la comunidad internacional, con la excepción de China y Rusia, aliados de Maduro, y por supuesto, Cuba, Bolivia y Nicaragua, países que gravitan en la órbita del chavismo. La realidad verdadera es la de una Venezuela más aislada. La de un régimen más solo. Y en medio de una crisis económica que se agrava y un conflicto político que no finaliza.
Ya en julio pasado se había presentado el antecedente por unos bonos de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, adquiridos por Goldman Sachs a entidades intermediarias que a su vez los habían negociado con el Banco Central de Venezuela, BCV. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dirigió cartas a la Security Exchange Comission, SEC, a Goldman Sachs, y a la Financial Action Taks Force, FATF, solicitándoles ayudas en la investigación. En los escritos advertía, entre otros aspectos, del carácter represivo del régimen y de la situación interna del país. Voceros del régimen señalaron a Borges de traidor a la patria. Entonces se dijo también que un vocero del gobierno de los Estados Unidos había dicho que era “altamente problemática” la operación debido, precisamente, al punto de “ilegitimidad”. El mismo Borges lo definía con esta frase: Esos contratos no serán válidos en un futuro gobierno democrático.
Credit Suisse entra en escena
Ahora aparece el anuncio de Credit Suisse. Justo cuando el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami declara en la reunión de este martes que “Con la Asamblea Nacional Constituyente vamos a sentar las bases constitucionales para migrar y seguir transitando hacia esa Venezuela potencia”. Por su parte, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, apuntaba que la instancia va a legislar para desarrollar y diversificar la economía. Por cierto, un propósito recurrente en el discurso económico del chavismo por casi dos décadas. Agregó Rodríguez que “hay que ir rompiendo la camisa que ha puesto la economía rentista a nuestro país. Pero estas acciones deben ir acompañadas del relacionamiento externo que permita diversificar las potencialidades que tiene la economía venezolana. Nosotros podemos desarrollar relaciones con las grandes potencialidades en términos de igualdad y no de sumisión”. Resulta que ese “relacionamiento externo” es uno de los principales problemas. Y la decisión de Credit Suisse así lo pone de manifiesto.
Ahora, por qué es importante la entrada en escena del banco suizo. Hay que rodar la historia hacia atrás. Y lo recuerda un ex alto funcionario del Banco Central, radicado en Caracas: “Por algún tiempo, Credit Suisse fue el banco favorito de Hugo Chávez. Existen las evidencias gráficas de sus encuentros con David Mulford, a la sazón responsable del área de banca de inversión del banco suizo y quien en más de una ocasión defendió al mandatario venezolano y sus decisiones económicas. El banco fue, además, frecuentemente elegido por el ministro de Finanzas Tobías Nóbrega y el director de Crédito Público Manuel Dopazo para llevar a cabo heterodoxas operaciones de canje y emisiones en dólares contra bolívares. Con la salida, 2004, de Nóbrega del Gobierno, las operaciones con bonos soberanos se hicieron menos frecuentes y Credit Suisse también fue disminuyendo su presencia en los mercados de deuda internacionales luego de la crisis de 2008, pero aún el año pasado, fue el primer banco de inversión contactado por PDVSA para manejar el canje de deuda. A la postre no hubo acuerdo, sin que se tenga claro si fue por reticencia de la institución financiera o por decisión de PDVSA”.
Señala la fuente que “en las consecuencias para este y otros bancos de la crisis financiera internacional hay que buscar las causas para que el lunes Credit Suisse haya decidido suspender transacciones en dos bonos emitidos en junio y, en general, someter a una revisión especial toda operación con personas y empresas venezolanas, públicas y privadas. Las consecuencias tienen que ver con las multas y pagos en compensación que el banco ha tenido que desembolsar desde 2009 por sanciones de autoridades financieras. Solo el año pasado un acuerdo con los reguladores en Estados Unidos le costó 5.000 millones de dólares. Un análisis sobre el costo para la banca en general ubica lo pagado en conjunto en estos ocho años en 321.000 millones de dólares”.
Entonces, una institución como Credit Suisse tiene que mostrarse reticente a la hora de involucrarse en operaciones que les puedan acarrear multas millonarias. De hecho, no hay que olvidar el antecedente de julio con Goldman Sachs y lo que dijo la fuente del gobierno de los Estados Unidos, como tampoco hay que olvidar las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a personas y funcionarios -civiles y militares- de Venezuela, incluyendo diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo proceso resultó fraudulento desde que se lanzaron las bases comiciales hasta los resultados electorales, estos cuestionados, o puestos en duda, por la empresa que asistió la elección: Smartmatic.
El PDVSA 22 es uno de los bonos que Credit Suisse habría prohibido operar. El diputado de la Asamblea Nacional Ángel Alvarado fue el primero en alertar sobre esta situación. Alvarado colgó en su cuenta de Twitter que el otro bono es el Venezuela 36 y cualquier título emitido después del 17 de junio. El PDVSA 22 es el bono que remite al caso de Goldman Sachs. Es curioso, en noviembre de 2013, justo cuando Maduro llevaba medio año en la Presidencia, Credit Suisse, según Reuters, apuntaba que “Los inversores que quieren obtener un mayor rendimiento de la deuda emitida por la petrolera estatal venezolana PDVSA deberían comprar bonos con vencimiento en 2014 y reducir la exposición a los que maduran en 2022”. Aquí ya la institución marcaba una tendencia. Entonces, como otros bancos, no veía posibilidad alguna de impago por parte de Venezuela y PDVSA, pero aclaraba que “la inversión en este plazo disminuye además la exposición al ‘riesgo de emisiones en la parte media de la curva’”.
Credit Suisse sigue la línea
En todo este contexto, el actual y un poco más lejano, la fuente recuerda que “ya el año pasado vimos como el Citi se desprendió de operaciones de corresponsalía con bancos venezolanos. Y no cabe descartar que otros bancos internacionales hayan adoptado medidas similares al Credit Suisse, pero que aún no han sido reveladas por los medios. Si bien para algunos este tipo de acciones refuerza las sanciones que ya ha establecido Estados Unidos contra ciertas personas en Venezuela, y atiende el llamado de ciertos voceros de oposición a no fomentar la violación de la legalidad y los derechos humanos, dándole oxígeno financiero a la dictadura de Maduro, hay que recordar que usualmente este tipo de medidas tienen efectos colaterales negativos en terceros no vinculados con el gobierno”.
Argumenta el experto que “el caso de Irán es claro. Las empresas privadas y los ciudadanos de ese país han corrido con un costo enorme por las sanciones financieras. Incluso antes de las primeras sanciones en 2015 contra Venezuela, ya se oían algunas anécdotas de venezolanos, incluso residentes en el exterior, que empezaron a confrontar dificultades con sus cuentas bancarias en los Estados Unidos. ¿Por qué? Como indica claramente la nota de Credit Suisse que reprodujo Bloomberg, toda operación con una persona o empresa venezolana va a requerir ahora una revisión previa por parte del departamento de riesgo reputacional. Eso cuesta dinero y en muchos casos el beneficio que puede obtener un banco por darle servicios a un cliente no compensa esos costos. Si además existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que ese cliente termine estando vinculado con alguna persona sancionada en el presente o futuro, la balanza se inclinará en contra del cliente. De allí que prefiera cerrarle las cuentas o colocarle condiciones que lleven al cliente a cerrarla de motu proprio”.
En la región, en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri comenzó averiguaciones que involucran a personajes que mantuvieron nexos con figuras del chavismo. Apenas el gobierno de Donald Trump sancionó al primer grupo de funcionarios del gobierno de Maduro -el mandatario también fue incluido después en la lista de sancionados- los gobiernos de Colombia, Panamá y México reaccionaron en consecuencia con la Casa Blanca, anunciando que también iban a revisar cuentas bancarias en sus respectivos países. En referencia a la declaración de Lima, El País de Madrid cita al canciller de México, Luis Videgaray, quien aclaró, en cuanto al aspecto de reconocer solamente los actos de la Asamblea Nacional, que “este punto implica ir más allá de simples posturas discursivas. Es una declaración con consecuencias en favor de la democracia y los órganos electos en ese país”. Así, se desprende que lo que hizo el banco suizo fue seguir una línea.
Juan Carlos Zapata es periodista y editor de los portales Konzapata y Al Navío