Tarek William Saab ofreció una rueda de prensa desde el Ministerio Público a fin de dar a conocer algunas resoluciones tras la toma del despacho de la Fiscalía General de la República.
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“Hemos decidido investigaciones penales de oficio sobre daños ambientales en manifestaciones violentas. No se abrió ni un solo caso. En el 2014 se investigaron 14 casos, pero en el 2017 porque al parecer nunca fueron denunciadas”, expresó Saab, quien ofrece rueda de prensa junto a la también vicefiscal designada por el Tribunal Supremo de Justicia, Katherine Harington.
También indicó que investigarán el uso de menores de edad en manifestaciones y de crímenes de odio. De este último punto indicó el caso de la rectora del CNE, Socorro Hernández, de quien indicó ya se tiene a una persona identificada.
“Hubo burocratismo y corrupción en la gestión anterior y, por ello, vamos a trabajar progresivamente para eliminarlo. Algunos funcionarios cobraban en dólares para favorecer algunos casos y beneficiar a determinadas personas. Eso debe acabarse absolutamente, porque así no se puede administrar justicia. Esto se acabó. Esto es un punto de honor del Fiscal General Tarek William Saab y vamos a dar los nombres y apellidos de los funcionarios que andaban en esta especie de artimañas”, adelantó.
“Quiero simplificar la función del Ministerio Público hacia la excelencia, porque aquí no se trabajaba con la Gaceta Oficial”, indicó.
Agregó que conformarán una comisión de restructuración de la Fiscalía, entre ellos 250 cargos que podrían ser fusionados: directores general, de línea, jafaturas de dirección, subdirecciones, entre otros, así como también la revisión de 12 mil trabajadores. “Algunos colocaron sus puestos a la orden. Pero iremos poco a poco designando a los fiscales superiores. Ya lo hicimos en cuatro estados y en los próximos días lo haremos en el resto del país”, dijo.
Anunció que están revisando un grupo de casos que llevan los tribunales militares para que declinen hacia los tribunales civiles. “Revisamos 72 causas para que la jurisdicción militar decline en la ordinaria y haríamos el traslado de manera más expedita. Porque poco se había hecho por ello en la gestión anterior”, recalcó.
Sobre el retardo procesal dijo que se trata de un problema que debe ser analizado. “Es imposible que una persona tenga años privado de libertad solo porque un fiscal no acudió a la audiencia. Es uno de los retos más grandes de mi gestión”, aseveró.
Recalcó que rechaza cualquier tipo de sanciones a funcionarios del Gobierno. “Rechazamos de manera absoluta las sanciones a funcionarios venezolanos, pues se hacen para amedrentar. Porque la evaluación de un funcionario venezolano le corresponde al Estado y no a una potencia extranjera. Esto busca vulnerar la soberanía del país”, señaló.