Un centenar de familiares de presos se concentró este jueves frente al hospital de Puerto Ayacucho, en el sur de Venezuela, a la espera de recibir los cuerpos de los 37 muertos que dejó un motín en el centro de detención de la ciudad, reseñó AFP.
Medios de comunicación locales publicaron en redes sociales fotos y videos de personas que aguardan, frente al hospital José Gregorio Hernández, por respuestas del ministerio de Interior y Justicia.
Un motín en calabozos policiales de Amazonas, apartado estado selvático fronterizo con Colombia y Brasil, se saldó el miércoles con 37 presos muertos y 15 policías y militares heridos, uno de ellos “en situación crítica”, confirmó este jueves el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol.
El funcionario, en declaraciones transmitidas por la televisora oficial VTV desde Puerto Ayacucho, señaló al gobernador de Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, como “responsable directo”, en tanto que éste acusó a las fuerzas del gobierno de una “verdadera masacre”.
“Es un retén judicial que está bajo la custodia y la administración de la gobernación del estado”, expresó Reverol, quien solicitó investigar a Guarulla por “inacción” pues -dijo- solo tres custodios, más el director, estaban a cargo de las 103 presos en el Centro Judicial de Amazonas.
El motín reflotó la crisis penitenciaria de Venezuela, en medio de frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas para el tratamiento de enfermedades como tuberculosis.
Armas largas y granadas
Guarulla explicó que desde “hace tres meses y medio la Guardia Nacional acordonó el centro de reclusión” a raíz de una denuncia de un posible ataque de miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“La denuncia era de que iban a cometer una masacre en venganza por la muerte de unos guerrilleros el año pasado y este año, en razón de esto se presumía que algunos de estos reclusos podía estar armado y por eso se solicitó la requisa”, afirmó.
Fuerzas especiales del Ministerio de Interior intervinieron y tomaron el centro de reclusión “de manera desmedida porque usaron granadas y armas sofisticadas, y el resultado es una verdadera masacre”, añadio Guarulla.
“Lo que no hizo la guerrilla lo hizo el gobierno nacional”, manifestó el gobernador, quien difundió en Twitter fotografías de cadáveres apilados en un rincón.
Según la versión de Reverol, los efectivos que realizaban la requisa en el retén fueron recibidos por los internos “con armas largas y granadas”, varias de las cuales estallaron durante los enfrentamientos.
Sin dar cifras, el ministro reportó que algunos de los 37 fallecidos “fueron ajusticiados por un pran” -líder de presos-, que “tenía sometidos a algunos privados de libertad que querían deponer las armas” después del estallido de los choques.
Reverol agregó que algunos murieron “producto de la onda expansiva y las esquirlas de las granadas” y otros por la acción de los agentes de seguridad, que defendió al señalar que la operación se realizó respetando el principio de “uso progresivo y diferenciado de la fuerza”.
De acuerdo con Guarulla, uno de los detenidos aprovechó la confusión para fugarse, pero Reverol no hizo mención de ello.
Clausura
Tras lo ocurrido, el centro de detención de Amazonas fue clausurado y, según Reverol, será rehabilitado en el marco de un plan puesto en marcha por el gobierno en julio de 2011 para pacificar los penales y adecuarlos a estándares internacionales.
Veintisiete reclusos, todos condenados según Reverol, fueron trasladados a otros centros penitenciarios fuera de la región y el resto a calabozos policiales.
Hay unas 50 cárceles en Venezuela, de las cuales 98% funcionan bajo el nuevo régimen.
Pero Carlos Nieto, de la ONG defensora de los derechos de los presos Una Ventana a la Libertad, sostiene que el proyecto no ha avanzado según lo prometido. “Plantearon construir una cárcel en cada estado. En Amazonas no han puesto ni la primera piedra”, declaró a la AFP.
Esa organización estima una población de 88.000 presos en Venezuela, sobrepasando la capacidad de las cárceles de 35.000.
Unas 33.000 personas están recluidas en centros de detención preventiva, como el de Amazonas, por retrasos procesales y falta de espacio en los penales. Nieto precisó que la sobrepoblación en esos establecimientos supera el 400%.