La justicia se hizo a la mar huyendo de la injusticia. La Fiscal General de la República logró evadir el asedio de los sabuesos del hampa oficial. Se salvó, como esos testigos que saben mucho y buscan protección para no ser decapitados por la mafia. El cabo de San Román, el punto más septentrional de nuestra tierra firme, desde donde en las noches claras se atisban las luces de la isla de Aruba, se convirtió para la Fiscal en cabo de Buena Esperanza. Ya no la alcanzan las amenazas de esa perturbadora fémina del aquelarre revolucionario, musa de los pranes, quien con su odio espontáneo le había ofrecido un traje fucsia para su enrejado destino. Para provocar mayor ansiedad en los predios revolucionarios de Alí Baba, la Fiscal no viaja sola, además de su esposo el diputado, la acompaña también un fiscal anti corrupción, probablemente con un pen drive bien documentado.
Este régimen pasará a la historia, más como un escandaloso caso judicial que como un fenómeno político por la suma y dimensión de sus delitos: corrupción, cuantificada en más de 350 mil millones de dólares, participación activa en narcotráfico, asociación con bandas forajidas como las Farc y otras organizaciones terroristas, acumulación de fraudes y trampas electorales, y muchos otros. Su huella moral –o inmoral- será superior a todo su despropósito en el plano político.
Por eso es significativa la fuga de la Fiscal, como lo ha sido la de testigos de cargo que ya han solicitado refugio en Estados Unidos y otros países, a cambio de evidenciar fechorías de todo orden. Vivimos una dictadura, pero de tan bajo pelaje, que comparada con las tiranías militares de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, Brasil, Chile, Perú o Uruguay, éstas se nos antojan cada vez mas presentables.