El ex secretario de la Mesa de la Unidad Democrática Jesús Torrealba en declaraciones publicadas el 16 de este mes, afirma que la constituyente actúa como una Junta de Gobierno que emite decretos y sustituye autoridades, y como consecuencia de ello sufre el repudio del planeta. Afirma que su imposición prueba la ineficacia del discurso radical, nos recuerda que el 30 de julio fue el día más sangriento sufrido por la resistencia, y asegura que el mensaje del plebiscito del 16 de julio es la aspiración de un cambio pacífico y electoral. Pide el dirigente político una reflexión del liderazgo opositor para “cambiar la táctica y continuar la lucha”. Y asegura que el gobierno ahora “no sabe lo que va hacer con la constituyente”.
Ciertamente tiene razón Torrealba cuando señala que la abominable asamblea funciona como una Junta de Gobierno. Pero, pareciera desconocer que ese es precisamente el papel que el régimen le asignó al monstruo cuando concibió su truculenta creación. Se trata de una Junta dictatorial, establecida por tiempo indefinido, que usurpando la soberanía popular se propone crear un nuevo orden legal adaptado a las necesidades del modelo totalitario.
Así, la fraudulenta es un instrumento indispensable para el desarrollo del proyecto castrista, sin importar el repudio que genera en la comunidad internacional ni el rechazo que produce en el país. Por tanto resulta incomprensible que el antiguo director de la Mesa afirme que el régimen no sabe cómo hacer la tarea con la herramienta diseñada para destruir los restos de la república democrática.
En torno a ese mismo tema, con una visión muy clara del terrible proceso que vivimos, Monseñor Ovidio Pérez Morales ha precisado que la meta de la tiranía es “darle la vuelta al país con un operativo de facto carente de legitimidad”. Esta opinión del ilustre sacerdote define nítidamente la visión de nuestra iglesia católica en relación con la verdadera naturaleza del sistema que se le viene imponiendo a nuestra sociedad. Así contrastan la postura que ha mantenido el clero venezolano en los documentos emanados de la Conferencia Episcopal y en las reiteradas declaraciones de nuestros dos Cardenales y de todos los Obispos, frente a algunas directrices confusas de un liderazgo que, a pesar del abrumador respaldo que les dio el pueblo en los últimos meses de heroica resistencia, no termina de acertar en el objetivo claro y en el camino a seguir para lograr la derrota definitiva de una tiranía cuya criminal agresividad la hace cada día más débil y solitaria.
Y es que ese objetivo y ese camino no se consiguen si quienes dirigen no terminan de comprender, después de 18 años de catástrofe, que los venezolanos estamos llegando a un sistema similar al que a partir de 1959 se impuso en la Cuba comunista. Si nos molestáramos en revisar el diseño de ese sistema que inició Fidel hace 59 años, encontraríamos similitudes innegables con la receta que hoy se nos aplica en Venezuela.
Castro, inmediatamente después de derrocar a Batista convirtió su gabinete ministerial en Poder Constituyente, lo que le permitió modificar constantemente la Constitución democrática de 1940, sin sustituirla de manera definitiva hasta 1976. Implementando de esa manera las modificaciones legales requeridas de acuerdo con las necesidades de la revolución, y en función de los hechos que la misma revolución producía.
En febrero de 1959 ese gabinete constituyente aprueba la llamada “Ley Fundamental”, (lo que en la Venezuela de hoy equivale al “Plan de la Patria”), con el fin de servir de mamotreto legal para imponer la pena de muerte, la retroactividad en la ley penal, la confiscación de bienes de los agentes de la tiranía de Batista y luego de las propiedades de todos los que se fueron convirtiendo en enemigos del régimen. Y para echar por tierra el anterior régimen municipal y provincial mediante la designación por el Consejo de Ministros de las autoridades respectivas, consolidando así el más rígido centralismo.
Amparados en el nuevo orden jurídico revolucionario se establece que las personas pueden permanecer detenidas por más tiempo del que la constitución señala, se legaliza el funcionamiento de los tribunales revolucionarios y se eliminan las garantías constitucionales con relación a la libertad personal. En mayo de 1959 se proclama la reforma agraria que expropia a las empresas extranjeras y a los propietarios de las haciendas más productivas del país, iniciándose un proceso de enfrentamiento con los Estados Unidos y una radicalización de las medidas implementadas. Finalmente el Estado logra el control total de la propiedad rural sin pagar por las expropiaciones realizadas. Y por encima de la propia ley, la reforma agraria se convierte en un eficaz instrumento de persecución política que lleva a la cárcel o al exilio a la mayoría de los empresarios del campo cubano.
En 1960 el Consejo de Ministros discute, aprueba y sanciona la Ley de Reforma Urbana que afecta directamente el derecho de propiedad y la libertad de contratación prohibiendo el arrendamiento de inmuebles, y cualquier otro negocio o contrato que implique la cesión del uso total o parcial de esas propiedades.
El Consejo Superior de Reforma Urbana designado por el gobierno es el encargado de autorizar contratos de compra-venta, fijar precios y resolver todos los conflictos que puedan surgir en esas transacciones. Así mismo autoriza la venta obligatoria de casas y apartamentos y establece que la vivienda rentada por cada familia se amortizará con lo que el inquilino paga por alquiler en un período no menor de 5 años, ni mayor de veinte.
El arrendamiento de hoteles, moteles y casas de huéspedes, cabañas, casas de dormir, apartamentos de veraneo en lugares turísticos es permitido, pero los precios de esos arrendamientos los fija el Instituto de Industrias Turísticas.
Mediante decreto emanado del gabinete constituyente se aprueba uno de los más importantes proyectos de la revolución comunista: la Ley de Enseñanza que adjudica al Estado Cubano todos los centros educativos, Incluyendo los patrimonios de esos centros, monopolizando así en manos del régimen socialista la enseñanza ideologizada a todos sus niveles.
Por supuesto, estableciendo las diferencias de épocas y circunstancias esas referencias que hemos destacado, más muchas otras que se nos escapan, son válidas para comprender lo que hoy nos ocurre, no porque aquella Cuba de mediados del pasado siglo veinte sea igual a la Venezuela del siglo veintiuno, sino porque la emulación del castro-comunismo es la base del actual modelo impuesto en nuestro país. Modelo iniciado por Chávez, y continuado por Maduro con mayor fuerza y decisión en la medida en que se desploma la popularidad del gobierno y se agudiza la crisis económica y social.
Durante 17 años Fidel y Raúl Castro gobernaron a su país sin establecer de manera estable el orden jurídico y la vigencia permanente de las instituciones del Estado. Consolidada la dictadura marxista, en 1976 se aprueba la nueva constitución proclamando como objetivo final la edificación de la sociedad comunista.
Con esos mismos parámetros, desde el ascenso de Chávez al poder en 1999 las leyes venezolanas han sido manipuladas e interpretadas arbitrariamente de acuerdo con los intereses y planes del gobierno. La propia constitución bolivariana, tan cacareada como la más democrática del mundo, ha sido finalmente desechada luego de violarla reiteradamente.
Hoy estamos frente a una hora decisiva en la que cada venezolano siente que con el destino del país se juega su propio futuro. Nunca antes en la historia republicana de Venezuela la ciudadanía había enfrentado la saña salvaje de una tiranía capaz de matar a ciudadanos pacíficos, de torturar, perseguir y encarcelar, de disparar e invadir a humildes viviendas de zonas populares para capturar ilegal y brutalmente a quienes ejercen su derecho a la protesta.
Pero, igualmente nunca antes la resistencia ciudadana había demostrado su inmensa capacidad de entrega y sacrificio en la lucha por la libertad, y por la superación de la miseria y la corrupción que son frutos del modelo comunista con el que la dictadura de la Habana pretende colonizar a Venezuela.
El intento de imponernos una constituyente fraudulenta sufrió un terrible revés el 30 de julio cuando más del 80 por ciento de los venezolanos se abstuvieron de participar en el amañado proceso. Y cuando días antes en el plebiscito ciudadano realizado el 16 de julio más de 7 millones de compatriotas rechazaron la ilegítima asamblea, emplazaron a la Fuerza Armada a desconocer el régimen, exigieron la renovación de los poderes públicos, la convocatoria de elecciones libres y el establecimiento de un gobierno de unidad nacional que restituya el orden democrático.
Recuperar la capacidad de movilización y de protesta popular con las banderas de la UNIDAD es la obligatoria tarea de la resistencia democrática. Ceder ante los espejismos tramposos del régimen es renunciar a una victoria que está próxima sin no desviamos el camino.
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20-8-2017