Las regionales son percibidas en la oposición como una carrera de obstáculos. Desde 2016 se pelea por un escenario comicial, pero el poder encargado, el Consejo Nacional Electoral, solo accede a solicitudes del gobierno que, en su plan para impedir la expresión popular, boicoteó el revocatorio, suspendió las regionales y ordenó la validación de los partidos, proceso que duró cerca de un año, publica El Nacional.
Por HERNÁN LUGO-GALICIA [email protected]
El Poder Electoral pautó las regionales para el 10 de diciembre de 2017 pero, ahora, la constituyente presidencial ordenó elegir los gobernadores en octubre, sin los 23 consejos legislativos.
El 22 de octubre serían los comicios sin que el directorio electoral lo haya ratificado porque miden las decisiones de la oposición, luego de que esta optara por no usar la tarjeta de la Unidad Democrática, sino las de Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Copei, ante la maniobra del oficialismo de “inutilizar” la sigla de la coalición y provocar votos nulos.
Exigen garantías. Los partidos de la Unidad Democrática presionan, como en 2013 y 2015, por unas garantías que permitan un proceso transparente, de allí que exigen al CNE cumplir con la Constitución y la Ley de Procesos Electorales.
UNT, AP y AD instan al Poder Electoral a publicar el cronograma electoral completo, no por partes, es decir: fijar las fechas de los comicios y de las 19 auditorías que deben hacerse al sistema electoral; que ofrezca el nombre de la empresa que sustituyó a Smartmatic, luego de que esta denunció fraude en elecciones de la ANC, y que no entorpezca la acreditación de testigos y miembros que son, en definitiva, los que vigilarán los resultados.
“Al igual que en las parlamentarias, queremos auditoría previa y posterior, una fiscalización en los centros de votación y si no es Smartmatic saber cuál es la empresa que prestará el soporte técnico”, demandó el secretario general de AP, Luis Romero.
Avanzada, al igual que la MUD, se declaró en sesión permanente para enfrentar cualquier jugada del CNE. “Estamos en emergencia y analizamos, paso a paso, la situación que se generó con el adelanto de las regionales porque sabemos que buscan que la oposición no participe, que no logre acuerdos o no haga primarias. La tarea de AP y de la MUD es hacer posibles los consensos o cualquier mecanismo que facilite presentar candidaturas unitarias”, expresó.
El representante de UNT, Vicente Bello, explicó que el cronograma es necesario porque su ausencia genera incertidumbre y pone en riesgo los derechos del candidato a postularse, de los partidos a definir estrategias y de los electores a saber por quién o en qué tarjeta se vota. “Esa incertidumbre es peligrosa porque es alimentada por voceros del gobierno que, por ejemplo, dicen que los candidatos necesitan carta de buena fe, algo que es inconstitucional; luego, no informan a tiempo cuándo son las regionales, no dicen cuándo se producirán los instrumentos electorales (boletas) lo que es clave para que esa data sea incluida en las máquinas antes de salir a los estados. A esto se suma la indefinición sobre cómo será la sustitución de candidatos si alguno renuncia o es inhabilitado, no hay fecha para este trámite, lo que es grave. El CNE no informa de manera deliberada”.
Félix Arroyo, representante de AD, instó al CNE para que los partidos tengan acceso a la Sala de Totalización y no se limite solo a los rectores: “Así se daría garantía de ser un proceso limpio, junto con las 19 auditorías que señalan las leyes electorales y la presencia de testigos y miembros de mesas, acreditados a tiempo, no a última hora”.
La diputada de Cuentas Claras, Dignora Hernández, llamó al Poder Electoral a no colocar más trabas y facilitar una salida política a la crisis: “Las elecciones abren un espacio para resolver las diferencias porque la única arma que tiene un demócrata es el voto, por lo tanto es un deber del CNE garantizar ese derecho a elegir, a postular y tener representación en instancias del Estado”.
CNE admitió postulaciones y no puede cambiarlas
A la par de las limitaciones técnicas, existen trabas políticas que debe afrontar la Unidad Democrática en las regionales: la solicitud de una eventual carta de buena conducta expedida por la ANC, la eliminación de alguna tarjeta de partidos y la inhabilitación de dirigentes, como pasó con el diputado Luis Lippa en Apure y con Richard Mardo en Aragua. Además, se teme por la sanción contra Alejandro Feo La Cruz en Carabobo y Carlos Ocariz en Miranda.
Félix Arroyo (AD) condenó la inhabilitación y emplazó al Poder Electoral a permitir la sustitución de candidatos, como lo estipula la Lopre, en caso de que les retiren algún aspirante. Los nominales pueden modificarse a 10 días de las elecciones. Vicente Bello (UNT) discrepó: “Ya todas las candidaturas fueron admitidas por las Juntas Regionales, las objeciones ya pasaron. Es decir, las postulaciones fueron aprobadas y los partidos tienen derecho a hacer las correcciones”.
Luis Romero (AP) calificó las sanciones administrativas como arbitrarias aunque advirtió que el gobierno pierde cuando toca a un dirigente: “Inhabilitan a uno y salen tres candidatos. La gente saldrá a castigar al gobierno. Así decapite los liderazgos naturales, no se quitarán la derrota porque el pueblo se motivará a castigar los abusos”.