El régimen pagará un costo muy alto por destituir a la fiscal Luisa Ortega Díaz, allanar su residencia y ordenar su captura, sin que tal orden, además, tenga ninguna consecuencia internacional. La Fiscal legítima y única de los venezolanos, veterana militante política de la izquierda, optó por revelar lo que ya se sabía: la descomposición de una casta que utiliza todos los mecanismos del Estado para concentrar poder y enriquecerse de manera obscena.
El gobierno pensó que estaba acosando a un humilde estudiante de los que participaron en las protestas de los últimos meses o a uno de los inermes alcaldes opositores. Equivocaron el cálculo. Creyeron que Luisa Ortega se acobardaría o que en nombre de lealtades pasadas, se inhibiría de arremeter contra ellos para preservar lo poco que queda de los viejos ideales con los cuales llegaron algunos chavistas al poder hace casi dos décadas. Maduro, en vez de negociar con la Fiscal para atenuar el choque con la cúpula del chavismo, la atacó –junto a su marido, el diputado ex oficialista Germán Ferrer- con sus perros de presa. Se comportó dentro del más rígido esquema estalinista, sin darse cuenta de que los tiempos cambiaron. El gobierno está desprestigiado y ya no posee una abultada chequera petrolera para obtener respaldos internacionales o lograr que los países importantes de la región, se hagan los desentendidos frente a los desmanes del madurismo.
Las acusaciones de Ortega Díaz contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Tarek William Saab, que se plantearán en numerosos escenarios internacionales, seguramente no tendrán ninguna consecuencia jurídica dentro del país. No serán los magistrados del TSJ quienes salgan a exigir que se realice una investigación objetiva y exhaustiva de esas denuncias y de las pruebas presentadas. Maikel Moreno y su corte no se inmutarán. Al contrario, habrá manifestaciones de solidaridad y hasta de admiración con esos señores.
Sin embargo, en el plano internacional la cosa será completamente distinta. El escándalo de Odebrecht desató un huracán en el continente, del cual Venezuela no escapará, aunque el TSJ y la constituyente se hagan los locos. En Brasil, el idolatrado Lula fue condenado a nueve años de prisión. Su sucesora, Dilma Rousseff, fue salpicada por el escándalo, viéndose forzada a abandonar el Palacio del Altiplano. En Perú, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron a parar a la cárcel. En Ecuador, Lenín Moreno se distanció del insufrible Rafael Correa, en gran parte por las secuelas provocadas por las comisiones pagadas en ese país por ese imperio brasileño. El impacto sobre el gobierno de Maduro vendrá por el lado de la ya escasa confianza que inspira su gobierno en los inversionistas y financistas foráneos, y en su capacidad de colocar los bonos de la deuda pública en el exterior. Con los señalamientos de la Fiscal el descrédito será aún mayor. La vulnerabilidad económica del régimen aumentará.
Las imputaciones de Luisa Ortega a integrantes de la cúpula madurista, se agregan a la interminable cadena de denuncias de casos de corrupción en las que aparecen involucrados militares y civiles del ´régimen: Cadivi, pudreval, las comisiones de Pdvsa, el plan Bolívar 2000, el desfalco con las empresas eléctricas de maletín, la compra fraudulenta de medicinas, las comisiones por la adquisición de armamentos, la quiebra de las empresas estatizadas, los negociados en torno a la red de distribución de alimentos, el contrabando de extracción de gasolina. La trama de la corrupción alcanza dimensiones gigantescas. Esa red de complicidades conforma una de las causas que explican por qué una nación de dimensiones medianas como Venezuela, no prosperó a pesar de haber recibido cerca de billón y medio de dólares en menos de veinte años, entre el ingreso por exportaciones petroleras y el pago de tributos internos. Gran parte de esa inmensa fortuna, suficiente para desarrollar toda Suramérica, fue a parar a las cuentas de los altos jerarcas del régimen y sus testaferros.
Luisa Ortega Díaz develó de nuevo la podredumbre del gobierno e incrementó todavía más el costo de continuar manteniendo en el poder a esa especie depredadora.