Con base en los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 57 de la CRBV que establecen el derecho de todas las personas a la libertad de pensamiento, el director de la organización no gubernamental rechazó esta propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente pretende incrementar la cantidad de presos políticos y en el caso de la ciudadanía busca inhibirlos de expresar sus opiniones a través de las redes sociales.
Nota de prensa
Asímismo el abogado Manuel Virgez considera que otro de los objetivos es evitar someter al escarnio público los casos de altos funcionarios públicos involucrados en hechos de corrupción que han afectado a la población en el contexto de los problemas económicos que enfrenta el país.
En Venezuela se ejecuta el sexto episodio de persecución laboral
En torno a las denuncias recibidas desde el pasado 16 de Julio de sanciones y despidos de empleados públicos por su posición sobre los eventos políticos y sociales suscitados desde esa fecha, como son la Consulta Popular, los paros cívicos y la Asamblea Nacional Constituyente, Manuel Virguez precisó que el observatorio del derecho al trabajo de la asociación civil Movimiento Vinotinto recibe por día un promedio de 10 llamdas de personas que manifestan ser objeto de amenazas por parte de sus patronos.
Además de fustigar estos procedimientos que vulneran los derechos civiles y políticos de estos ciudadanos, indicó que hasta la fecha al menos 180 trabajadores han sido removidos de sus cargos en instituciones dependientes del Estado, y en ese orden de ideas afirmó que continuarán con el apoyo jurídico de estos casos que se registran en todo el territorio nacional.
La impunidad reina tras hechos violentos relacionados con las protestas
Tras cuatro meses de manifestaciones en el país, el director de la ONG ofreció un balance de los procedimientos de los organismos de seguridad, teniendo que hasta la fecha mas de 5.900 detenciones se practicaron en todo el territorio nacional, de las cuales 750 corresponden al estado Lara, teniendo de esos procedimientos que aún 668 personas que permanecen privados de libertad, ente ellos 34 personas en la región larense.
Según las cifras que maneja la organización, cerca de 18.900 ciudadanos resultaron afectados con heridas o secuelas tras la implementación desmedida de perdigones, gases tóxicos y materiales alternativos no contemplados en las normas para el control de manifestaciones. Asimismo explicó que se registraron mas de 200 ataques en contra de urbanismos por parte de la fuerza pública.
A propósito de este balance, Manuel Virguez lamentó y rechazó que aún cuando existen 161 hogares enlutados por el fallecimiento de un miembro de sus familias en el contexto de las protestas de estos cuatro meses, el 90% de estos casos está impune, citando que en el estado Lara sólo un funcionario castrense fue juzgado por la muerte de una ciudadana en la ciudad de El Tocuyo.
En ese mismo orden de ideas ser refirió a las condiciones infrahumanas en las que se encuentra detenido en el Helicoide el diputado Wilmer Azuaje, así como las denuncias del deplorable estado en que están privados de libertad el magistrado Ángel Zerpa y el alcalde Alfredo Ramos, considerándolos a todos presos políticos, producto de la persecusión selectiva que asegura ha implementado el Ejecutivo Nacional, y en ese sentido instó al nuevo defensor del pueblo Alfredo Ruiz a ejercer su cargo apegado a las leyes venezolanas.
Denuncias de Luisa Ortega Díaz deben traducirse en sanciones penales
Finalmente, en nombre de la asociación civil que dirije, el abogado expresó que todos aquellos funcionarios de la administración pública que han sido nombrados por la Fiscal General de la República como responsables directa o indirectamente de la crisis que atraviesa el país en materia financiera, deben ser procesados judicialmente a fin de que se les establezcan las sanciones penales correspondientes a los hechos de corrupción en los que estén involucrados.
Exhortó a la Fiscalía Nacional con competencia en corrupción a pronunciarse al respecto e iniciar las respectivas averiguaciones que permitan esclarecer las irregularidades en torno a los hechos que afectan la distribución de los alimentos y medicinas necesarias para el pueblo venezolano.