Los fiscales federales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no podrán tener acceso a la declaración jurada confidencial de bienes del sobrino de la pareja presidencial de Venezuela, Franqui Francisco Flores de Freitas, de acuerdo a un dictamen del juez de distrito Paul Crotty quien falló a favor de una solicitud de la defensa que exponía que la intención del gobierno —que es la parte acusadora en este caso— de revisar dicha atestación para indagar los activos que posee el acusado en el exterior con el objetivo de fijar la sentencia de dinero que deberá pagar en su condena, no procede por cuanto va en contra de los establecido en la Ley de Justicia Criminal, informa la periodista Maibort Petit.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
Además, la defensa de Flores de Freitas objetó dicha solicitud del gobierno de tener acceso a la referida declaración porque también viola la Quinta Enmienda de Constitución que garantiza el derecho de los acusados a la autoincriminación.
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó al tribunal que autorizara a revisar la declaración jurada para determinar cuántos y cuáles son los activos y propiedades de Flores de Freitas, quien será sentenciado el 12 de septiembre de 2017 por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras, en violación de las leyes antinarcóticos norteamericanas.
En una carta —firmada por los abogados David M. Rody y Michael D. Mann del bufete Sidley Austin LLL— se argumenta que a Flores de Freitas se le asignó un abogado público para que lo representara en la presentación inicial ante el juez el 12 de noviembre de 2015, y que la corte conoció en ese momento las múltiples preguntas que hizo el gobierno sobre la relación entre el entonces acusado y sus abogados asignados, Vincent Michael Southerland y Jonathan Marvinny.
La defensa destaca que la moción del gobierno, presentada el 4 de octubre de 2016, buscaba constatar si los fondos y recursos federales asignados a los abogados designados por la corte habían sido usados. En ese sentido señala la defensa que quedó demostrado que dichos recursos del gobierno no fueron usados en ningún punto del juicio y en ningún evento significativo antes de este, ni para la litigación del caso.
Vale recordar que durante la presentación inicial del acusado en el tribunal neoyorquino, el juez James I. Cott, designó un abogado público cuyos honorarios son pagados con recursos federales. Franqui Francisco Flores de Freitas firmó una declaración donde juró que no tenía la capacidad financiera para pagar un defensor privado. Su primo y coacusado, Efraín Antonio Campo Flores, fue representado en ese momento por el costoso bufete de abogados Squire Patton Boggs, que en diciembre de 2015 renunció a su defensa por supuesto conflicto de intereses.
En diciembre de 2015, los dos acusados —quienes son familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro— gozaron de la representación de abogados pagados por los contribuyentes norteamericanos. Ambos acusados aseguraron no poseer dinero para pagar una defensa privada.
En marzo de 2016, Efraín Campos Flores cambió su equipo de abogados públicos por un costoso bufete encabezado por Randall Jackson y John T. Zach, de la firma Boies, Schiller & Flexner LLP. Asimismo, Flores de Freitas también abandonó en esa misma fecha a sus defensores públicos y contrató a su actual equipo de abogados liderado por David Rody del bufete Sidley Austin LLP. Ambos equipos de abogado están siendo pagados por el empresario petrolero ligado al régimen encabezado por los tíos de los dos acusados, Wilmer Ruperti.
En la solicitud hecha por la defensa de Flores de Freitas, los abogados señalan que las directrices de la ley de Justicia Criminal (CJA, por sus siglas en inglés) prohíben expresamente preguntas sobre la elegibilidad de un acusado para recibir defensa pública como mecanismo para descubrir la habilidad financiera del acusado para pagar las penalidades que correspondan al delito como tal, ni para descubrir si el demandado tiene activos objeto de confiscación o si posee capacidad para pagar multas, hacer restituciones o compensar a otra persona que resulte beneficiada por la Ley de Protección de víctimas y testigos.
El documento de la defensa dice que el gobierno no puede usar la información de la declaración financiera jurada firmada por Flores de Freitas para alegar perjurio, declaración falsa u otra declaración provista por el acusado en conexión con su solicitud de la asistencia de un abogado público. “El afidávit Financiero no es una prueba de falsa declaración o perjurio”.
Asimismo, la defensa argumenta que la corte debe evitar el acceso del gobierno al afidávit financiero firmado por Flores de Freitas el 12 noviembre de 2015, puesto que dicha acción puede ser contraria a los derechos del acusado. La quinta enmienda de la constitución prevé protección contra la revelación de información financiera personal de manera coercitiva.
La defensa se refiere a una determinación hecha por la corte del Segundo circuito donde se estableció que no hay abuso de discrecionalidad cuando un tribunal de distrito niega una solicitud para levantar el sello a un affidavit financiero cuando el gobierno tiene otros mecanismos para averiguar la capacidad financiera del acusado.
En el caso de Flores de Freitas —argumenta la defensa— el gobierno dispone de cientos de mensajes de texto y correos electrónicos extraídos de los teléfonos celulares y correos del acusado que contienen información detallada de la situación personal financiera de este. Sin embargo, ninguna evidencia que fue presentada en el juicio a partir de las pruebas aportadas por la parte acusadora, además de las provenientes de otras fuentes, incluidos los testigos, muestra que Flores de Freitas poseía riqueza y que parece una exageración que lo hagan ahora en víspera de la sentencia.
La información aportada por la fiscalía durante la etapa del descubrimiento no fue la única vía para saber la situación financiera del acusado, acota la defensa.
En la comunicación se informa al juez, que Flores de Freitas conversó con la Oficina de Probación de Prisiones sobre su situación económica y declaró que posee una vivienda en Venezuela cuyo costo en el mercado es de unos US$ 30 mil dólares, también dijo que tenía una cuenta en un banco de Panamá y una cuenta en el Banco del Caribe de Venezuela, pero no especificó el monto de dinero que tiene en esas cuentas, solo dijo que no era mucho dinero.
La defensa expone que han tratado de obtener documentos financieros de su defendido sin éxito y que los servicios de los abogados han sido pagados por un tercero, un hombre rico de Venezuela quien es viejo amigo de la abuela y de la tía del acusado, ninguna otra información fue proveída.
El juez, Paul Crotty, aprobó la solicitud hecha por el defensor de Flores de Freitas, acotando que si el gobierno no argumenta de mejor manera la moción donde solicita que se autorice a los fiscales a revisar la declaración financiera jurada y verificar cuáles son los activos propiedad del acusado para fijar la sentencia de dinero que deberá pagar como parte de la penalidad por los delitos cometidos, entonces la revisión no será procedente.