Este viernes 25 de agosto, el parlamentario jubilado venezolano Walter Márquez, solicitó por escrito a la Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Fatou Bensouda, un pronunciamiento inmediato, ante los numerosos casos que sobre grave violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad se han consignado contra Nicolás Maduro ante esa instancia judicial en los últimos años, de los cuales no ha habido ninguna decisión por parte de la actual fiscal.
Nota de Prensa
Walter Márquez, activo y reconocido defensor de los derechos humanos en Venezuela y uno de quienes más ha investigado y denunciado nacional e internacionalmente al régimen de Nicolás Maduro, por violación sistemática de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, le está exigiendo a la Fiscal de la Corte Penal que se pronuncie sobre la procedencia de las investigaciones de los crímenes de Maduro que le han sido entregadas.
En este sentido le indicó Márquez en las comunicaciones que consignó a la Fiscal, José Manuel Pinto Hurtado, presidente de la Fundación Viva Venezuela que aglutina a venezolanos residentes en La Haya, que “es importante resarcir los daños morales y materiales de las miles de víctimas de estos crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro, en especial la represión durante las protestas populares en el Táchira en el año 2014, las deportaciones forzosas y la destrucción de sus viviendas en San Antonio del Táchira en Venezuela en agosto de 2015 y la destrucción de cinco puentes o pasos fronterizos internacionales en las cuencas altas del río Táchira entre Colombia y Venezuela, durante los años 2009 al 2015, en grave violación al derecho internacional, además de una gran cantidad de homicidios, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; exterminio y detenciones arbitrarias, los cuales son hechos notorios, públicos y comunicacionales que han conmocionado al mundo, delitos que están tipificados como crímenes de lesa humanidad en el Artículo 7 numeral 1, literales a,b,c,d,e,f,g,h,j,k del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
Destacó igualmente Pinto Hurtado, que las denuncias presentadas por Márquez en La Haya son el fruto de un trabajo minucioso de investigación, elaborado por profesionales de distintas áreas, quienes han aportando medios probatorios suficientes para que se establezca de acuerdo al artículo 27 del Estatuto de Roma, la responsabilidad penal individual de Nicolás Maduro y de otros actores intelectuales, instigadores, autores materiales y cómplices por acción o por omisión de asesinatos, encarcelación, violación del derecho internacional, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, persecución de grupos, deportaciones forzosas, tipificados en los diferentes literales del Artículo 7.1 del Estatuto de Roma.
De esta manera le indicó Márquez a la Fiscal que “al encontrar suficientes elementos de convicción, podrá solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, para hacer una investigación formal en contra de Nicolás Maduro Moros y altos funcionarios de su gobierno, de acuerdo al Artículo 15 Numerales 3 y 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en concordancia con las Reglas Nro. 48 y 49 de las Reglas de procedimiento y pruebas que rigen a ese órgano de justicia internacional”.
Listado de denuncias
En las comunicaciones mencionadas, Walter Márquez quien además de historiador, fue catedrático de Metodología de la Investigación en la Universidad de Los Andes en Venezuela, solicitó un pronunciamiento de parte de la CPI en defensa de miles de víctimas de los cierres fronterizos a partir de 2013, así como los crímenes de lesa humanidad cometidos en las áreas binacionales colombo-venezolana entre los años 2009 y 2015, al igual que en el resto del país en los últimos meses, por cuanto “la violencia y represión desatada por el régimen de Nicolás Maduro en contra de gran parte de la población civil venezolana, que está reclamando el derecho democrático a elecciones libres, universales, directas y secretas, responde a una política de Estado planificada e implementada sistemáticamente a través de distintos organismos de seguridad de la Nación, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como grupos paraestatales denominados colectivos que actúan en medio de la más absoluta impunidad del régimen y de los organismos judiciales”.
Dentro de los argumentos esgrimidos por el defensor de los derechos humanos en el país, Walter Márquez, señala que los organismos jurisdiccionales internos en Venezuela no funcionan porque están controlados por el régimen, “por lo que es importante la competencia complementaria de la Corte Penal Internacional o de otros tribunales internacionales que puedan ejercer la jurisdicción universal para que se juzgue individualmente a los responsables de esos crímenes cometidos en el país”.
Uno de los aspectos más resaltantes en las cartas que fueron consignadas, es que se enumeran las denuncias que sobre violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela han introducido ante la CPI varias organizaciones internacionales, ONG defensoras de los derechos humanos, e incluso iniciativas personales, contabilizando 14 denuncias, entre las que se destacan la de William Cárdenas Rubio y la plataforma democrática venezolana; el Instituto Casla de Praga que coordina Tamara Suju, por torturas y tratos crueles, la de 198 legisladores democráticos de América Latina por las represiones del año 2014, la del Procurador General de Colombia Alejandro Ordóñez por las deportaciones forzosas en la Frontera en el año 2015, la de Walter Marquez y un grupo de abogados tachirenses por las represiones en las protestas populares en 2014 y el cierre fronterizo; la de Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López por detenciones arbitrarias, y el reciente expediente del senador colombiano Iván Duque a nombre de 76 senadores colombianos y 70 chilenos quienes han denunciado a Maduro por crímenes de lesa humanidad, por lo que recuerda Márquez la responsabilidad que tiene este organismo internacional de cumplir con los mandatos que le dieran los Estados parte del Estatuto de Roma en 1998, por lo que debe “ejercer su jurisdicción plena, no solo para poner fin a la impunidad de los atroces crímenes cometidos desde hace varios años en el país, sino también para contribuir a la prevención de nuevas violaciones de derechos humanos y otros crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
En este punto detalló José Manuel Pinto Hurtado, delegado de Walter Márquez ante la Fiscalía de la CPI, que ésta tiene la facultad de iniciar la investigación con base a las denuncias documentadas que han sido presentadas hasta la presente fecha, “pues la situación en Venezuela es sumamente grave y debe interesar a la Corte en su competencia jurisdiccional, incluso preventiva, para ello debe iniciar un examen preliminar, tal como se lo han solicitado a la Fiscalía varias organizaciones internacionales y ONG defensoras de los derechos humanos”.
Pinto Hurtado señaló que Márquez envió estas comunicaciones a la Fiscalía de la CPI, por cuanto ya han transcurrido más de 19 meses desde que introdujo su denuncia y aún no ha habido ningún pronunciamiento, mientras el régimen de Venezuela sigue abusando del poder y del control de la fuerza para seguir cometiendo crímenes atroces que son del conocimiento público tanto nacional como internacional, situación que según el coordiandor de venezolanos en La Haya “exige de un mayor compromiso de la comunidad internacional para su investigación y sanción”.