La Asamblea Constituyente venezolana investiga al jefe del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, por supuestamente alentar recientes sanciones financieras de Estados Unidos, informó este lunes el órgano que rige el país con poderes absolutos, reseñó AFP.
Borges es indagado por la “comisión para la verdad”, una instancia de la Constituyente que documenta la “violencia política” desde que el chavismo llegó al poder en 1999.
El diputado forma parte de la investigación porque “activamente suscribió comunicaciones pidiendo bloqueo financiero contra Venezuela, rechazando inversiones internacionales contra el país”, dijo la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, en rueda de prensa.
El proceso contra Borges fue solicitado por el presidente Nicolás Maduro, que lo responsabiliza de impulsar, en sus viajes al exterior, las sanciones del gobierno de Donald Trump.
Maduro ha pedido enjuiciarlo por “traición a la patria”, un delito castigado con cárcel.
En funciones desde el pasado 5 de agosto, la Constituyente -que redactará una nueva Carta Magna- defenestró a la fiscal general Luisa Ortega, chavista que hace cinco meses rompió con Maduro al que acusa de encabezar una “dictadura”.
También le retiró la inmunidad al diputado Germán Ferrer, esposo de la fiscal y chavista disidente, a quien la justicia ordenó capturar bajo cargos de liderar una red de corrupción en la Fiscalía.
Debido a ello, la pareja huyó hacia Colombia, donde el gobierno de Juan Manuel Santos le brinda protección y ofreció asilo a la exfiscal.
Rodríguez señaló que junto con Borges son investigados otros opositores -a quienes tildó de “apátridas”- porque “abiertamente, desde el ámbito académico o financiero, pidieron el bloqueo contra Venezuela”.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) apoyó en un comunicado las medidas de Washington.
Varios de sus dirigentes denuncian a la comisión de la verdad como una “tribunal de la Inquisición”.
Mediante un decreto expedido el pasado viernes, Trump prohibió negociar deuda emitida por el gobierno venezolano y la estatal petrolera PDVSA, lo que Maduro tildó de “brutal agresión” en medio de la grave crisis económica del país.
Previamente, el Tesoro norteamericano impuso sanciones a Maduro y varios de sus colaboradores, a quienes Washington acusa de quebrar el orden democrático y violar derechos humanos en protestas opositoras que dejaron 125 muertos entre abril y julio último.
Venezuela enfrenta un riesgo de impagos de su deuda debido al deterioro de las condiciones económicas y al aumento de las tensiones políticas, según la agencia de calificación financiera SP Global Ratings.