Tan solo en cinco casos investigados se revela que el gobierno venezolano ha dilapidado más de 87 mil millones de dólares. La voracidad de la revolución es de tal fuerza y magnitud que no hay control que la detenga. Para hacerse una idea más clara: entre los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se “desvaneció” una cantidad mayor a la fortuna del magnate Bill Gates, reseñó Vértice.
La construcción de la represa Tres Gargantas en China, que representa el 11% de la capacidad hidroeléctrica del gigante asiático, demandó una inversión de 50 mil millones de dólares. Completar el Gran Colisionador de Hadrones, instalado en la frontera franco-suiza para desentrañar los orígenes del Universo, requirió 5.800 millones de dólares. Levantar en Dubái los 828 metros del Burj Khalifa, el edificio más alto del planeta, costó 1.500 millones de dólares. Y en tan solo cinco casos de corrupción, el régimen chavista dilapidó en Venezuela más de 87 mil millones de dólares. Para ser exactos: 87.412.751.954 dólares.
La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) diseñada por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar, arrojó que 8 de cada 10 hogares venezolanos viven actualmente bajo el umbral de la pobreza, y que 74,3% de la población ha perdido, al menos, 8,7 kilos de peso “de forma no controlada” en el último año. El drama social contrasta con el festín que unos pocos han montado con los dineros de todos, y que está al nivel de la riqueza de Bill Gates, que la revista Forbes cifra en 86 mil millones de dólares.
Las investigaciones adelantadas por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, dejan al descubierto un saqueo al erario público de proporciones ciclópeas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En un país que sufre por la escasez de comida y donde cientos de personas hurgan en las bolsas de basura para conseguir algo que llevarse a la boca, los parlamentarios detectaron un desfalco de 27 mil millones de dólares solo en las compras oficiales de alimentos en el exterior.
Una comisión del Poder Legislativo revisó los presupuestos de 26 proyectos del Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y halló sobreprecios que ascienden hasta los 25.381 millones de dólares. Posteriormente, se determinó que la paralización de 12 obras inconclusas –en cinco de las cuales está involucrada la empresa brasileña Odebrecht – produjo un daño patrimonial a la República que alcanzó los 22.208.249.167 dólares.
Donde debían estar funcionando seis hospitales prometidos por el régimen chavista, hoy no hay nada. En este expediente, que salpica a la ex ministra de Salud, Eugenia Sader, los diputados resaltan que se evaporaron 1.552.353.981 dólares. Por último, está la joya de la corona: Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el corazón económico del país, donde la estafa por la firma de contratos ilegales y el pago de sobornos habría superado los 11 mil millones de dólares.
Además de cuantificar los montos defraudados, la Asamblea Nacional ha identificado a los presuntos culpables, declarando su responsabilidad política y aprobando votos de censura para impedir que ejerzan cargos públicos. Entre los señalados figuran los titulares de Alimentación y Energía Eléctrica, Rodolfo Marco Torres y Luis Motta Domínguez, ambos generales de la Fuerza Armada, el ministro de Transporte, Ricardo Molina, y el ex presidente de Pdvsa y actual embajador ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez.
Sin embargo, ninguna de las sanciones ha sido aplicada. El Tribunal Supremo de Justicia –dominado por el chavismo- ha despojado de todas sus competencias y atribuciones al Parlamento, declarándolo en “desacato”. Apoyándose en 56 sentencias dictadas por la cúpula del Poder Judicial, el presidente Maduro burla el control parlamentario y tanto él como sus colaboradores administran los recursos públicos sin tener que rendir cuentas ante la Cámara. Por este motivo, la oposición denuncia que la revolución socialista perpetró un “autogolpe” de Estado y ha salido a las calles para exigir la restitución del orden constitucional.
Doble rasero
La Contraloría General de la República acaba de inhabilitar por 15 años al gobernador del estado Miranda y líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski, por unas presuntas irregularidades en la firma de convenios y adjudicación de contratos por el orden de los 3.904.630 bolívares. Si se toma como referencia la tasa del mercado negro, la suma equivale a 887 dólares.
El chavismo ha manejado los hilos del Estado venezolano durante 18 años, disfrutando del mayor boom petrolero de la historia, pero los únicos castigados por hechos de presunta corrupción son dirigentes de la oposición. Echando mano de su influencia sobre la Contraloría General de la República, la revolución ha sacado de la carrera electoral a Capriles Radonski, a la ex diputada María Corina Machado, al ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, y al fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien purga una condena de casi 14 años de prisión por promover las protestas contra Maduro en febrero de 2014.
La comunidad internacional se ha pronunciado contra estas penas que pretenden anular al liderazgo opositor. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó esta práctica como una “medida típica de dictadura que viola derechos civiles y políticos”, al tiempo que el gobierno de Estados Unidos declaró que “esas decisiones claramente tienen la intención de complicar la capacidad de la oposición para presentar candidatos a las elecciones legislativas y limitar el espectro de candidatos”.
En la resolución a través de la cual le informa que no podrá servir en cargos públicos por 15 años y que, en la práctica, busca liquidar su actividad política, la Contraloría General de la República indica a Capriles Radonski que deberá pagar una multa de 43.062,5 bolívares. Es decir, unos 10 dólares.
A confesión de parte
El jefe de Estado acusa a la Asamblea Nacional de “sabotear” y enlodar su gestión. No obstante, desde las entrañas del chavismo se han levantado distintas voces que denuncian la voracidad de la corrupción oficial. Una de las primeras en encender las alarmas fue la ex presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), Edmée Betancourt, quien en mayo de 2013 reconoció que en el marco del control de cambio, vigente en el país desde 2003, las autoridades entregaron en un año “entre 15 mil y 20 mil millones de dólares” a empresas fantasmas o de maletín.
En una carta pública que a la postre significó su ruptura con Maduro, el antiguo ministro de Planificación, Jorge Giordani, desveló en junio de 2014 que la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi, ente que asignaba las divisas en el país) era “un foco de corrupción”. Siguiendo esa misma línea crítica, el ex titular de Educación, Héctor Navarro, tiró una bomba en una entrevista concedida a Crónica Uno en diciembre de 2015: “Entre 2003 y 2012 ingresaron al país 1 billón de dólares, unos 600 mil millones de dólares fueron a las misiones, a la creación de hospitales, vivienda y otros proyectos, pero hay una cifra de 300 mil millones de dólares que no se puede verificar a dónde fue. Esos 300 mil millones de dólares no se sabe dónde están”.
De acuerdo con los cálculos de Navarro y otros viejos colaboradores del comandante Chávez, en apenas nueve años la revolución socialista “desapareció” el equivalente a 12 planes Marshall, iniciativa que desarrolló Estados Unidos para reconstruir Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial.
Maduro eliminó Cadivi en enero de 2014. “El Estado nacional bolivariano hasta ahora no ha podido impedir que la importación se concentre en pocas manos (…) No ha alcanzado la eficiencia necesaria para cerrarle los caminos a los que viven de la apropiación de dólares baratos”, dijo hace tres años, pero mantiene el control de cambio, fuente de todas las perversiones del sistema y origen de fortunas inexplicables.
Aunque rechazó el resultado de las averiguaciones realizadas por la Asamblea Nacional sobre Pdvsa, el mandatario venezolano reorganizó en enero de este año la junta directiva de la principal industria del país, admitió la existencia de sectores “podridos” dentro de la corporación y ordenó a sus nuevos gerentes “sanear toda esa corrupción incubada ahí”.
¿Por qué tanto?
La corrupción en la Venezuela chavista ya ha alcanzado fama mundial. Esto no solo se limita al índice que elabora anualmente la ONG Transparencia Internacional, que ubica al país como el peor evaluado en América Latina y el Caribe, sino que llega hasta las delaciones de la constructora Odebrecht ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde la República Bolivariana encabeza la lista de pagos de sobornos fuera de Brasil, con 98 millones de dólares.
Los escándalos le han dado la vuelta al globo. El blanqueo de unos 4.200 millones de dólares en el Banco de Andorra, donde aparecen comprometidos altos funcionarios del gobierno chavista. La valija con 800 mil dólares que salió de Caracas rumbo a Buenos Aires para apoyar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. El fraude por más de 500 millones de dólares en el Fondo de Pensiones de Pdvsa, que condujo a la cárcel en Estados Unidos al asesor Francisco Illaramendi. Los casos abundan tanto como los billetes verdes robados a la nación.
“El Estado venezolano ha recibido gigantescos montos de dinero por el petróleo. Todo eso se ha administrado de forma discrecional, pues el gobierno ha ido acabando con los entes de control”, observa Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional.
De Freitas indica que el régimen chavista “ha creado cientos de incentivos para que la corrupción sea atractiva, fácil y sin castigo”, bajo la sombra de un modelo económico donde imperan los controles, el monopolio estatal y la proliferación de empresas públicas. “Basta con un contacto en el organismo que se encarga de repartir las divisas para obtener millones de dólares”, explica.
A pesar de que el asalto a las finanzas públicas ocurre frente al país entero, la sociedad no actúa con rapidez para detener a los ladrones. “Creo que a la gente sí le importa, pero al no contar con ninguna institución que asuma los casos, la posibilidad de sancionar es realmente muy lejana”, advierte la portavoz de Transparencia Venezuela: “La impotencia causa rabia, desesperanza y, luego, apatía. Esa es la fórmula perfecta para mantener y profundizar la corrupción”.
Pedro Pablo Peñaloza | Vértice