El llamado “régimen chavista” o la “revolución bolivariana” va para 19 años. Al igual que otros regímenes de definición autoritaria-totalitaria tiene un origen conspirativo fracasado y una vía electoral exitosa a partir de una coyuntura de crisis profunda en la sociedad.
Este proceso político exitoso desde 1.998 fue interrumpido en el 2002 por un golpe de estado o vacío de poder, como fue interpretado en su momento por el TSJ que no sorprendió a casi nadie pero sí al gobierno que prevalido de una mayoría electoral no le permitía pensar que corriera ningún peligro de perder el poder. Fue un movimiento focalizado en las cúpulas económicas y sindicales y viabilizado o ejecutado por el alto mando militar. Depuesto, sin resistencia, sorpresivamente a los 3 días, Chávez es devuelto a Miraflores por las mismas fuerzas armadas y con un liderazgo visible del general Baduel. Pasado el susto, Chávez entendió que pasaba a depender del “partido militar” para seguir en el poder y allí empieza a manipular en profundidad las divisiones e intereses de los sectores militares hasta convertirlos en “socios” principales de la gestión gubernamental.
Igualmente entendió que el acercamiento a Cuba y el asesoramiento castrista iba a ser fundamental para su permanencia en el poder.
Muerto Chávez, el heredero designado es Maduro (2013), que pasa a ser la figura visible de una nomenklatura de grupos militares y civiles que se convierten en la nueva oligarquía en el poder, popularmente conocidos como “boliburguesía”, o de manera más despectiva, los “enchufados”.
Con el control del poder el régimen desarrolla el proyecto autoritario-totalitario de manera consecuente y se radicaliza cada vez más en la misma medida que la crisis económica y la abrupta caída de los precios petroleros obligan a acentuar el control y la represión.
Como contraparte al régimen siempre ha existido una oposición heterogénea que ha intentado diversas estrategias para enfrentar al régimen, desde la vía electoral, cuyo éxito más resaltante fue el triunfo parlamentario del 2015, hasta la resistencia de calle con un primer antecedente en el 2007 cuando el cierre de RCTV, en el 2014 con la llamada “Salida”, y los intensos meses de calle de abril a julio 2017.
Si bien la crisis nacional tiene un desarrollo de por lo menos 30 años, y no es otra cosa que el agotamiento del modelo rentista y populista, arraigado en la Venezuela petrolera, crisis agravada en los últimos 4 años por el empecinamiento en mantener políticas fracasadas cuyo eje es la corrupción generalizada y la infeciencia.
19 años es mucho tiempo para mantener un modelo fracasado al pretender imitar el modelo cubano y al mismo tiempo en la misma medida que la oposición plural y diversa no termina de encontrar la fórmula del cambio político, nos encontramos con una sociedad enferma de precariedad e incertidumbre creciente que ha venido pagando un alto costo en todo sentido. Una diáspora venezolana de más de 2 millones de personas, en su mayoría jóvenes y muchos profesionales talentosos, una pobrecía en ascenso con hambre real y padecimientos de todo tipo, una clase media empobrecida y desmoralizada y un gobierno empecinado en sus errores, que habiendo perdido el apoyo de la mayoría electoral terminó totalmente cautivo de las fuerzas armadas o mejor de una cúpula que ha instrumentalizado a las fuerzas armadas al servicio de los intereses económicos de esta nueva oligarquía del dinero y su afán de permanencia eterna en el poder. Si trágicos han sido estos años, es una verdadera tragedia hasta ahora el fracaso de un manejo político adecuado que permita evitar la confrontación estéril por una salida negociada, cuyo objetivo no puede ser otro que la restitución de la plenitud constitucional, el estado de derecho y vigencia plena de los derechos humanos.
Un gobierno incompetente puede ser tolerado siempre y cuando tenga fecha de caducidad, pero un gobierno que quiere prolongarse en el tiempo sin término, convertido en un proyecto ideológico de dominación social y hegemonía política, es intolerable y este es el desafío que tiene por delante la sociedad venezolana, recuperar un país “normal”, una sociedad que funcione y en donde se multipliquen las oportunidades individuales y colectivas de progreso.
Las incertidumbres se han multiplicado en los últimos meses con la ilegal y fraudulenta “constituyente” autoproclamada, supraconstitucional y con plenos poderes, asumiendo de hecho competencias ejecutivas, legislativas y judiciales, que le ha permitido al régimen una discrecionalidad absoluta, tanto que nadie puede anticipar ni fechas de elecciones ni ningún tipo de agenda política más allá de los intereses del régimen.
Hoy por hoy la oposición luce dividida y confundida, y a pesar de que siguen proclamando la unidad, en la práctica la llamada MUD, no pasa de ser una referencia cada vez con menor credibilidad y el protagonismo partidista que tiende a acentuarse pero que no logra ir más allá del sectarismo tradicional de los partidos políticos.
El país político ya no está polarizado y ellos en sí mismo a mi juicio es positivo, siempre y cuando tengamos la capacidad de crear un gran frente democrático que propicie un acuerdo nacional con acompañamiento internacional, de convivencia de todas las fuerzas políticas y con capacidad de crear un destino común de prosperidad para todos los venezolanos.
Ángel Lombardi