La Corte Suprema de Justicia de Venezuela es “un brazo” del Gobierno de Nicolás Maduro que presuntamente ha dejado de actuar como un ente independiente de defensa de la ley para complacer los deseos del Ejecutivo, denunció hoy la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), reseña Efe.
“La Corte Suprema de Justicia de Venezuela ha dejado de actuar como una corte independiente que aplica la ley y el orden y se ha convertido en un brazo de un Ejecutivo autoritario”, afirma la CIJ en un informe presentado hoy.
El texto denuncia que, desde diciembre de 2015, la Corte Suprema progresivamente ha “desmantelado el imperio de la ley, ha socavado los derechos humanos y no ha cumplido con lo establecido en la Constitución del país”.
Uno de los ejemplos que cita son las sentencias 155 y 156 en las que la Corte asumió los poderes legislativos, “privando a la Asamblea Nacional de sus poderes constitucionales y otorgando poderes arbitrarios de gran envergadura al Ejecutivo”, denuncia la CIJ.
El estudio sostiene que el tribunal ha sido “tomado” por el Ejecutivo, que sus miembros son militantes o exfuncionarios del partido gubernamental, y que se ha convertido supuestamente en un instrumento político usado contra la oposición.
Asimismo, también denuncia que la Corte ha interpretado la Constitución de forma “arbitraria” y ha dictado sentencias en base a una interpretación parcial en lugar de en base a hechos y a la ley.
“La Corte Suprema venezolana ha decidido en función de consideraciones políticas e ideológicas y lealtades partidarias hacia el Poder Ejecutivo”, subraya la CIJ.
Asimismo, la Comisión denuncia que la alta corte no haya aplicado las recomendaciones de varios estamentos de la ONU y mecanismos interamericanos, y que haya violado el principio de la separación de poderes.
“Como consecuencia de sus decisiones basadas en intereses del Poder Ejecutivo, la Corte ha perdido sus atribuciones esenciales de un poder judicial auténtico, como la independencia, la imparcialidad, la autonomía y la legitimidad, y ha asumido el rol de dar apariencia de legitimidad jurídica a acciones políticas arbitrarias”, concluye el informe.
EFE