La Organización de Estados Americanos (OEA) celebró este jueves la primera de una serie de audiencias para determinar si existen bases que permitan denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
En la sesión de hoy testificaron representantes de la sociedad civil venezolana ante el ex fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado en julio pasado como asesor especial para crímenes de lesa humanidad por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
A la delegación de Venezuela en la OEA se le envió la misma invitación que al resto de Estados miembros, pero no participará porque no quiere “validar” una actividad que considera “ilegal”, según explicaron a Efe fuentes de esa misión.
El ex fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, informó que prepararon un análisis basado en el estatuto de Roma donde van a revisar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
“Lo que se discutirá acá, básicamente, es si las denuncias sobre crímenes en la república Bolivariana de Venezuela pueden constituir crímenes de lesa humanidad que deban ser investigados por la CPI”, dijo el jurista argentino Luis Moreno Ocampo al abrir los trabajos.
Por su parte Julio Henriquez, representante del Foro Penal Venezolano, explicó el contexto de cómo se llegó a la discusión por parte de la comunidad internacional sobre cuáles son esos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela.
Indicó que algunos de esos delitos son la encarcelación, violencia sexual y detención de personas, estos han sido verificados por Foro Penal, según comentó Henriquez.
Expuso el caso de la juez María Lourdes Afiuni quien llevaba el caso de Eligio Cedeño, y “quien luego de dictar su libertad fue detenida y pidieron que se le condenara a 30 años de prisión. Durante el tiempo que estuvo en prisión fue violentada por el gobierno venezolano, torturada y violada; actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario” agregó Henriquez.
Asimismo denunció la persecución e intimidación por parte del régimen de Nicolás Maduro. Mencionó varios grupos de los perseguidos, desde líderes políticos hasta el ciudadano común. En su intervención también denunció la participación de civiles armados en el Plan Zamora.
La directora ejecutiva del Centro de Estudios para América Latina, Tamara Suju, en su intervención, expuso que se realizaron torturas selectivas durante el gobierno de Hugo Chávez. Comentó que el período de Nicolás Maduro pasaron de torturas selectivas a torturas masivas.
Francisco Márquez, Director Ejecutivo de Visión Democrática y ex preso político, quien asegura ser víctima de encarcelamiento, duró cuatro meses en prisión, fue jefe de despacho del alcalde de El Hatillo, David Smolansky y comentó que no es casualidad que luego de un año de haber sido detenido, dicten sentencia a Smolansky.
Márquez fue detenido junto con su compañero Gabriel San Miguel, cuando viajaba hacia el estado Portuguesa para llevar material logístico para el Referendum Revocatorio en 2016, llevaban 3 millones de bolívares para cancelar el alquiler de autobuses para el traslado de firmantes y para otras actividades de logística.
Denunció que estuvo en varias celdas durante su estadía en la cárcel, en ellas, algunos de los detenidos denunciaron torturas tanto físicas como psicológicas, en la que detalló que a uno de los jóvenes detenidos le tomaron su dedo y simularon que estaban cortando su oreja, pero sin ningún cuchillo sino con el roce de su mismo dedo. Comentó que el nivel de tortura psicológica era tal, que el detenido pensaba que su oreja estaba siendo cortada.
Johanna Aguirre, esposa de Alejandro Márquez, asesinado en el 2014 relató la tortura a la que fue sometido su esposo al ser detenido por cuerpos policiales. Márquez murió en un hospital donde había sido atendido. La audiencia arrojó que el deceso fue provocado por traumatismo cráneo encefálico severo, producido por un objeto contundente u no como producto de su caída al ser perseguido.