Según la tesis de la fiscalía, Campo Flores y Flores de Freitas son criminales, no sólo porque se dedicaban al negocio del narcotráfico, sino porque las evidencias muestran que eran extorsionistas, pagaban sobornos a las autoridades, participaron en asesinatos y eran capaces de corromper a jueces y policías para hacerse de dinero proveniente de la industria criminal.
Maibort Petit / Venezuela Al Día
En la medida en que se acerca la decisión final del caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha revelado información que muestra que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, tenían una conducta criminal y realizaban negocios ilegales antes de ser interceptados por los agentes de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA). Ese pasado, que no está reportado en los récords criminales de los dos convictos, podría ser el peso que el gobierno puso en la balanza para lograr una condena severa que sirva de ejemplo a familiares y amigos de funcionarios de gobiernos de América Latina que pretendan usar sus influencias y la estructura del gobierno para traficar cocaína a los Estados Unidos.
La fiscalía entregó a la corte, pruebas legalmente aceptadas que dejan claro que los dos familiares de la primera dama, Cilia Flores, participaban en una red de corrupción que involucraba el uso de sus conexiones políticas para extorsionar y cobrar comisiones a las empresas que tenían cuentas por pagar en PDVSA y, lo más grave aún, que ofrecían dentro de “sus servicios”, liberar a capos de la droga a cambio del pago de sumas millonarias con las cuales sobornaban a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a policías y otros órganos del poder judicial venezolano.
La fiscalía asegura en un memorando entregado a la corte que los dos acusados —convictos como narcotraficantes— habían decidido embarcarse en el camino del delito con el objetivo de ayudar a su familia a mantener el control político en Venezuela, un país donde impera un régimen controlado por los familiares directos de los acusados y que actualmente está comprometido con el asalto, fundamentalmente, de las libertades del pueblo venezolano y cuya cúpula se ha enriquecido a costa del hambre de la población.
Para la fiscalía neoyorquina es importante tener en cuenta a la hora de calcular la sentencia, que los acusados tenían más oportunidades que otros, particularmente en Venezuela, de vivir bajo la ley, de tener vidas productivas, sin embargo, abusaron de la impunidad de la que gozaban. “Campo y Flores prefirieron convertirse en narcotraficantes —al menos meses antes de haber sido interceptados por la DEA— en su esfuerzo por ganar 20 millones de dólares para pagar la campaña de su tía, la primera dama, Cilia Flores, quien para esa época (diciembre de 2015) aspiraba un cargo en la Asamblea Nacional”.
Uno de los elementos que complica el caso de los sobrinos presidenciales es el cálculo aplicable a las llamadas “Guías de Rango de Sentencia”. La Oficina de Libertad Condicional produjo un informe basado en las graves consideraciones de la conducta de los dos hombres acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los EEUU y asegura que les corresponde el rango 43 de dicha regla que conlleva a cadena perpetua. La defensa rechaza las conclusiones y recomendaciones de la (OLC), pero no expuso argumentos que permitan cambiar la postura legal expresada por ese ente y por la fiscalía, órgano que no ha escatimado esfuerzos por poner de manifiesto los diversos negocios y mentiras que rondan alrededor de los acusados.
Los “negocios” ilegales para mantener el poder político de su familia
Según sostiene la Fiscalía, los acusados en lugar de vivir una vida proba y aprovechar las oportunidades de que gozaron a diferencia de la mayoría de sus compatriotas, desecharon la opción de la productividad y el respeto a la ley, para optar por el camino del delito. Los convictos, gracias a la enorme impunidad de la que disfrutaron durante mucho tiempo, se volcaron hacia el narcotráfico —meses antes de que la DEA comenzara a perseguirlos— en un esfuerzo por ganar 20 millones de dólares.
El gobierno de los EE. UU. destaca el hecho de que Campo y Flores se embarcaron en el camino del tráfico de drogas con el propósito declarado de ayudar a sus tíos a mantener el control político en Venezuela, a través de un régimen controlado por sus familiares.
Entre los aspectos de demuestran la conducta delictiva de los dos hombres convictos es que “para lograr este objetivo de ganarse los US$20 millones, intentaron importar cantidades masivas de cocaína a los Estados Unidos sobre la base de un plan que habría creado situaciones enormemente peligrosas en los aeropuertos internacionales, sin tener en cuenta las personas que transitaban por esas instalaciones”.
Los acusados persiguieron el plan obstinadamente —dicen los fiscales federales. Viajaron en aviones privados a Centroamérica y el Caribe, reclutaron a sus guardaespaldas para obtener ayuda, confiaron en conexiones corruptas con la policía y trataron de sobornar a estos individuos, trataron de liberar a los narcotraficantes encarcelados y cultivaron, al menos, una conexión con un terrorista extranjero perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”).
De acuerdo a las grabaciones que posee el gobierno, los acusados declararon que estaban en guerra con los Estados Unidos, expresando la opinión de que la DEA no podía tocarlos en Venezuela y bromearon al referirse a los abusos contra los derechos humanos que comenten sus poderosos familiares, poniendo como ejemplo, el hecho que sus tíos encarcelan a aquellos que se atreven a oponerse a la autoridad del régimen venezolano.
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