Oposición culpa al Gobierno por muerte del preso político Carlos García

Oposición culpa al Gobierno por muerte del preso político Carlos García

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Dirigentes de la oposición política venezolana responsabilizaron el lunes al Gobierno del presidente Nicolás Maduro por la muerte de un político preso en una cárcel del país.





Reuters

Carlos García, concejal del estado occidental de Apure, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) en agosto y, según sus correligionarios, se le negó la atención médica por lo que falleció el domingo como consecuencia de esa afección.

El político, que tenía 43 años cuando lo apresaron, estaba recluido desde diciembre del 2016 en la sede regional del servicio de inteligencia, luego de que agentes de ese órgano allanaron su vivienda tras protestas antigubernamentales en la entidad y, según la oposición, le “sembraron” evidencia incriminatoria.

No estaban claros los cargos que se le imputaban.

“Esto termina siendo un asesinato por parte del Gobierno y sus esbirros. ¡Tiene que haber justicia!”, dijo Henrique Capriles, líder opositor y fundador de Primero Justicia, el partido político en el que militaba García.

Capriles dijo que a García se le dio el beneficio de prisión domiciliaria el viernes, pero la orden no fue ejecutada.

El Gobierno no se ha pronunciado al respecto.

Políticos de diversas agrupaciones condenaron el hecho y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se unió al coro responsabilizando al Gobierno de Maduro por la muerte del político.

“Condenamos flagrante violación de los derechos humanos por parte del régimen de Venezuela causante de la muerte del concejal Carlos García”, escribió Almagro en su cuenta de Twitter.

La oposición y varios organismos de derechos humanos aseguran que en Venezuela hay alrededor de 500 “presos políticos” y que se ha instaurado una “dictadura” que viola constantemente los derechos humanos.

Sin embargo, Maduro insiste en que son “políticos presos” y el fin de semana afirmó que no habrá “impunidad” para quienes hayan cometido “crímenes de terrorismo”, en medio de un incipiente diálogo con la oposición con miras a superar la crisis que atraviesa el país petrolero.