Los últimos meses han estado en Venezuela cargados de duros y tristes episodios: cuatro largos meses de protestas, 130 muertos, miles de heridos, detenidos y torturados, al final de los cuales se impuso la satrapía gubernamental de instalar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ilegítima, como recurso para desconocer la voluntad popular. Las calles han sido enfriadas por la resistencia, tras la decisión de los principales partidos políticos opositores de participar en las elecciones regionales, pese al claro mandato del 16J y el gigantesco fraude electoral perpetrado por el oficialismo el pasado 30J. Las actuaciones de la espuria ANC “cubana” han confirmado su talante arbitrario, y cómo una exigua camarilla gobiernista manipula a sus 540 abyectos integrantes, quienes se limitan a levantar la mano cuando los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello, Aristóbulo Isturiz o Isaías Rodríguez se lo indiquen, en uno de los mayores bodrios políticos de la historia, digno de la torcida influencia cubana que controla los hilos del poder en Venezuela. Entre tanto, sigue profundizándose la crisis humanitaria, o más bien el genocidio, con una economía hecha trizas en medio de la escasez, insolvencia, hiperinflación, merma en reservas internacionales, y la paridad por encima de los 24.000 bolívares por dólar, todo lo cual pretende ser ahora atribuido a las sanciones de los Estados Unidos, en un engaño más al pueblo, pues son la consecuencia de 18 años de desaciertos y de una fanática incapacidad de rectificación, en ese fatal rumbo hacia el abismo.
La decisión de no fijar parámetros o límites a la ANC no tiene otro propósito que, bajo una presunta supraconstitucionalidad y subordinación de todos los poderes a la misma, perpetuarse en el poder y legislar en función de los objetivos del régimen, que no son otros que acelerar la implantación de un sistema castrocomunista a través del llamado estado comunal, ignorando el clamor nacional por un sistema democrático y de libertades en el país.
La presión internacional ante la tiranía ha arreciado en los últimos tiempos, no solo a través de las sanciones de EEUU, sino de los contundentes pasos de la ONU y la OEA sobre derechos humanos, de la suspensión de Venezuela del Mercosur, de la solicitud de sanciones de parte del Parlamento Europeo, y del desconocimiento de decenas de gobiernos a la ANC. Los anuncios de Maduro de recurrir a Rusia, China e Irán para la negociación de los instrumentos de la deuda venezolana, y de cotizar el petróleo en yuanes, no constituyen sino patadas de ahogado en una situación de aislamiento, insolvencia y bancarrota. El gobierno siente que el apretón mundial de tuercas duele, y por ello trata de que amainen o que no se aprueben las sanciones de la Unión Europea, o no prosperen las denuncias ante la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad.
De allí la nueva iniciativa de diálogo promovida por el Presidente de República Dominicana y por Zapatero, la cual genera en el país comprensibles reacciones de rechazo, pues cuando el régimen se siente acorralado ha recurrido a un falso diálogo para ganar tiempo y salirse con la suya. Fue así como a finales del 2016 engañó al Vaticano, no cumplió las promesas formuladas, bloqueó el referéndum revocatorio y no convocó a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. La MUD exige ahora condiciones para el diálogo, entre ellas la conformación de un grupo de países amigos como garantes, normalización constitucional, reuniones en un país neutral, definición de un calendario electoral y de implementación de compromisos con apoyo internacional, atención a la emergencia humanitaria, renovación del CNE, liberación de los presos políticos, y sometimiento de cualquier acuerdo a un referéndum popular. De la parte oficialista, Maduro proclama que se está próximo a un acuerdo para garantizar la paz y la convivencia, que son entendidos por el gobierno como subordinación, claudicación en la lucha por la libertad, o “la paz” de los sepulcros y cárceles. Se insiste en el reconocimiento opositor a la fraudulenta ANC, condición que es per se inaceptable, no solo por la forma ilegal en que fue convocada, sino porque su reconocimiento constituiría una peligrosa celada, pues sería un aval para que continúe “legislando constitucionalmente” con profundas consecuencias, o destituyendo e inhabilitando a gobernadores, alcaldes, o levantando la inmunidad de los Diputados a la Asamblea Nacional sin contemplaciones.
Si las condiciones anunciadas en el comunicado de la MUD fuesen aceptadas, podría llegar a admitirse que existirían bases mínimas previas para un diálogo. Pero ello es casi un imposible, mucho más si la premisa fuese reconocer a la ANC. De allí que los representantes de la MUD deben estar conscientes de que el país los escruta, y que cualquier paso en falso o inconsulto barrería con la debilitada credibilidad que mantienen, y generaría mayor división o vacíos de liderazgo en la tolda opositora. Es así que la resistencia juvenil está desmovilizada, expectante, y se siente traicionada después de tantos sacrificios y mártires, mientras que dirigentes políticos como María Corina Machado o Antonio Ledezma consideran que cualquier negociación solo debe conducir a un gobierno de transición, y la jerarquía eclesiástica reconoce que no hay condiciones para el diálogo. Por su parte, los candidatos a gobernadores y alcaldes deben estar conscientes de que, así como se ha defenestrado o apresado sin pudor a cerca de 15 alcaldes y se castró a la Asamblea Nacional, no basta con ganar una elección, sino que existan garantías para el ejercicio de las funciones constitucionales propias de los cargos de elección popular.
En otro escenario, la comunidad internacional se encuentra alarmada por el incremento del éxodo de venezolanos, la cual genera problemas sociales y económicos importantes en algunas naciones de la región latinoamericana, especialmente en los países vecinos, e incluso en Estados Unidos o España, donde las solicitudes de asilo de venezolanos han crecido en forma exponencial. Es triste que el régimen sea indiferente ante la diáspora y la dramática pérdida del talento humano asociada al deterioro de las condiciones de vida en el país, pues prevalece el lema de Chávez de que “el que no esté de acuerdo que se vaya”, para así reducir al máximo la resistencia interna. Como es también dramática la pauperización progresiva de la clase media y de personas de la tercera edad retiradas, cuyas pensiones llegan a representar actualmente hasta 10 dólares mensuales, en medio de la alocada devaluación y presión inflacionaria que vive el país.
Son pues tiempos de abatimiento nacional e incertidumbre, de lo cual se vale el gobierno para tratar de mantenerse impune en su insaciable sed de poder y de saqueo del patrimonio público. Todo ello sin olvidar que en el escenario venezolano confluyen no solo actores nacionales en pugna: gobierno y oposición, sino poderosos intereses internacionales como lo son Cuba, China, Rusia, Irán, el mundo islámico, el Foro de Sao Paulo, el ALBA, las FARC, el ELN y las Bacrim colombianas, es decir, el crimen organizado, el cual ha desplazado muchos de sus negocios y actividades al territorio nacional, con la complicidad del gobierno. 18 años largos de destrucción, penurias, arbitrariedad y anarquía, pasarán a la historia como un caso de estudio sobre hechos inexplicables e injustificables, en nombre del llamado Socialismo del siglo XXI, cuya peor carta de presentación la constituye el estruendoso fracaso de la experiencia venezolana. Es el momento de poner fin a esta larga pesadilla, de la cual no es merecedor un pueblo noble y una nación pródiga en recursos naturales y humanos, que llegó a ser referente mundial como un país de oportunidades y faro de la democracia y la libertad en América Latina.
“Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios”