La abogada Dulce Garcia, de San Diego, California, defiende habitualmente a clientes en tribunales de inmigración, pero ahora es ella quien busca amparo legal en Estados Unidos, reseña Reuters.
Ingresada ilegalmente al país por sus padres cuando era una niña, Garcia es una de los seis inmigrantes que demandaron el lunes al gobierno de Donald Trump por su decisión de poner fin al programa Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).
Desde que la aprobación de la ley en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, el programa ha brindado protección, evitado la deportación y asegurado el derecho a trabajar legalmente a casi 800.000 personas en Estados Unidos.
Según los abogados de Garcia, su caso, llevado a la corte federal de San Francisco, es la primera demanda presentada por beneficiarios de DACA -conocidos como “Dreamers”- desde que el fiscal general de la nación, Jeff Sessions, anunció este mes que la medida de la era Obama caducaría desde marzo del 2018.
Es uno de los muchos reclamos judiciales contra la decisión de poner fin al programa, incluidas dos demandas presentadas por fiscales generales estatales. El reclamo es similar en todos los casos: el gobierno de Trump no siguió los procedimientos administrativos adecuados para rescindir la medida.
La administración del republicano ha dicho que pondrá fin al programa DACA porque Obama sobrepasó su autoridad constitucional al crearlo de forma unilateral, sin la aprobación del Congreso.
Trump, quien pidió recientemente al Poder Legislativo que elabore una ley para proteger a los beneficiarios de DACA, enfureció a algunos republicanos la semana pasada al negociar con líderes demócratas del Congreso un posible proyecto de reemplazo para el programa.
Durante la campaña electoral de 2016, Trump presentó un plan sobre migración en el que prometía poner fin a DACA y fortalecer la protección de las fronteras para aumentar el empleo de los estadounidenses.
“LLORÉ AHÍ MISMO”
Hija de un soldador y una empleada de un hotel, Garcia llegó al sur de California desde México cuando tenía 4 años. Unos años después, su familia fue desalojada del departamento que habitaba. “Vivimos en el camión de mi papá un tiempo”, comentó.
Luego de trabajar para un abogado en la escuela secundaria, Garcia decidió seguir esa carrera. Se pagó los estudios con empleos para letrados y hasta aparcando automóviles.
Cuando Obama anunció el programa DACA, Garcia -actualmente de 34 años- aprovechó su oportunidad. En 2013, al completar los formularios para obtener el número de seguridad social, la empleada del Gobierno la felicitó. “Lloré ahí mismo”, confesó.
Expertos judiciales señalan que las demandas al Gobierno de Trump por su decisión de levantar el programa DACA podrían enfrentarse con la complicación de que un presidente tiene autoridad para implementar políticas migratorias.