La ronda de negociaciones entre el régimen presidido por Nicolás Maduro y la Mesa de la Unidad Democrática iniciada en República Dominicana, cuyo gobierno es intimo amigo de Miraflores, se desarrollará en el marco del mayor deterioro económico y social que haya conocido el país y la mayor presión internacional que se haya desatado contra gobierno venezolano alguno. Ni siquiera Hugo Chávez fue tan hostigado cuando, a partir de 2007, inaugura el socialismo del siglo XXI con expropiaciones y confiscaciones, acompañado de inhabilitaciones (Leopoldo López fue la primera víctima importante) y amenazas a quienes se opusieran a su modelo totalitario.
La cena en Washington en la que participaron Donald Trump, Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynki, se inserta en esa atmósfera de alarma e intenciones de la comunidad internacional de actuar con mayor decisión para impedir que Venezuela termine convertida en una réplica del modelo cubano. Ya la nación es vista como una seria amenaza internacional: las acusaciones de narcotráfico (las recientes declaraciones del Vicepresidente colombiano fueron lapidarias), la violación sistemática de los derechos humanos, la crisis humanitaria y la fuga masiva y continua de venezolanos hacia otros países de la región, son algunos de problemas graves que son observados con preocupación porque afectan de modo directo la gobernabilidad de la zona.
La situación de soledad, aislamiento y desprestigio internacional en la que se encuentra Maduro, debe ser considerada por los negociadores de la MUD. Las denuncias lideradas por Luis Almagro en la OEA y las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano están surtiendo los efectos esperados. El gobierno no logra recomponer sus finanzas. El cuadro de Pdvsa es tan crítico que hasta Rafael Ramírez, principal responsable del deterioro de la industria petrolera ha formulado críticas severas al manejo de la empresa. El dólar paralelo continúa su viaje meteórico hacia las nubes, arrastrando consigo a toda la economía. A los castigos ya infringidos por los norteamericanos, podrían sumarse las nueva sanciones que eventualmente tomarían la Unión Europea y los países más importantes de América Latina.
Las condiciones en las que el gobierno llega a República Dominicana son muy distintas a las prevalecientes en noviembre del año 2016, cuando se realizó e ciclo anterior. Ahora no es el momento de la arrogancia y el desparpajo por parte del mandatario y su equipo, sino de la búsqueda genuina de una salida a una crisis que no hayan como resolver y que se agudiza a ritmos acelerados.
Nicolás Maduro aspira lograr la cuadratura del círculo. Pretende salir del aislamiento en el que se encuentra y reducir en algunas atmósferas la presión internacional, darle algo de prestancia a la asamblea constituyente, aquelarre que no logra convencer a nadie ni dentro ni fuera del país, ganar tiempo para ver si logra capear el temporal que se desató con sus continuos abusos a los derechos humanos y el volumen creciente de presos políticos hacinados en las cárceles venezolanas, y espera un milagro económico que dispare los precios del crudo hasta las nubes para atenuar la crítica situación de las finanzas públicas.
Dentro de los límites del sistema democrático, el diálogo nunca puede proscribirse. Forma parte de la esencia de la política. Con el diálogo las fuerzas opuestas encuentran los espacios para evitar la confrontación destructiva. El quid de la situación actual reside en que todos los problemas que suscitan el diálogo han sido creados por el gobierno. La oposición lo único que ha hecho es denunciar, como toda fuerza contrincante debe hacer, esas falencias con el ánimo de demostrar que quienes ejercen la jefatura de la nación no están preparados para dirigir, son ineptos y, peor aún, corruptos. El gobierno, por su parte, quiere perpetuarse en el poder exclusivamente a partir de su control sobre las Fuerzas Armadas, los tribunales y, desde hace algunos meses, de esa entelequia que es la asamblea constituyente.
Para empotrar en un cepo al diálogo, Maduro ha dicho que exige el reconocimiento, por parte de la MUD, de la asamblea constituyente. Primer gran escollo. La constituyente es fraudulenta e írrita. En el plebiscito del 16 de julio, más de siete millones y medio de personas votaron a favor de que no se aceptara la legalidad de ese cuerpo, ni se acataran sus decisiones. El gobierno, con su demanda, busca colocar a la MUD en contra de sus bases naturales, constituidas por esos millones de venezolanos que dentro y fuera de la nación expresaron su rotundo rechazo a ese organismo. Amparada en la consulta de julio, la comunidad internacional se solidarizó con los demócratas venezolanos, desconociendo la legalidad de la constituyente. Aceptar ahora la legalidad de la constituyente puede convertirse en un boomerang para la MUD. Resulta muy difícil explicar y entender que lo que hace apenas unos meses se consideraba un fraude a la Constitución del 99, hoy se le expida certificado de autenticidad.
Maduro exige que se admita a la constituyente como órgano legítimo del ordenamiento jurídico porque requiere con urgencia algún organismo oficial que avale los créditos internacionales que necesita contraer el Estado a nombre de la República. Esa certificación se la daría la constituyente avalada por la MUD. Maduro exige las joyas de la Corona. A cambio es muy poco lo que ofrece, como si fuese la oposición la única o la más interesada en que las negociaciones prosperen. Ni siquiera admite liberar los presos políticos. De manera cínica evita referirse a las inhabilitaciones políticas dictadas por la Contraloría, un órgano administrativo. Aparenta una fuerza que no posee.
Entablar el diálogo le conviene al país. Pero, quien se encuentra acorralado es el gobierno. No está en capacidad de imponer condiciones inaceptables. Esta debilidad debe aprovecharla la MUD para obtener los mayores beneficios para la democracia y la gente.
@trinomarquezc