El Consorcio Agroalimentario del Sur (Agrosur) propuesto por el primer mandatario nacional, evidencia nuevamente la improvisación que ha caracterizado las decisiones en políticas públicas en materia agroalimentaria, que han traído consecuencias sumamente graves para la población venezolana. Nuevamente dejan la responsabilidad a un militar, considerando la experiencia reciente con el fracaso rotundo del Plan de Abastecimiento Soberano.
EL presidente de la República le mintió al país en cadena nacional al aseverar que habíamos alcanzado los niveles de producción alimentaria más alta desde el año 2007 – 2008, cuándo los niveles de producción han experimentado una caída sostenible en todos los rubros desde el año 2014. La información estadística oficial sobre agricultura en el país es insuficiente, limitada y en muchos casos no se encuentra disponible cuando se requiere, lo cual hace que carezca de la confiabilidad necesaria. La utilización de eufemismos para cambiar el nombre a variables convencionalmente aceptadas a nivel internacional ha sido una práctica muy común utilizada por el gobierno, con la finalidad de ocultar las verdaderas causas de un fenómeno. Cómo, por ejemplo, el caso de la variable desabastecimiento, cuya denominación fue cambiada en 2014 por el de Índice de Percepción de Acaparamiento.
Además, el primer mandatario mencionó que la producción de semillas de maíz y arroz había abastecido el 70 % de la demanda nacional, lo que no tiene asidero técnico, debido a que todas las asociaciones y productores de semillas han manifestado una caída del 80 % en la producción de semillas en la mayoría de los rubros.
Lamentablemente, el gobierno nacional continúa sin considerar a los actores del sistema agroalimentario para tomar estas decisiones, dónde la academia y los gremios profesionales juegan un papel fundamental. Los 30 millones de venezolanos son los afectados de estos ensayos, que no tienen formas de acceder a los alimentos por la inflación exacerbada, ni hay disponibilidad suficiente por la elevada escasez, que ha generado cada día más hambre e inseguridad alimentaria.
La producción nacional no se decreta, el gobierno sólo debe ser el agente que garantice aspectos fundamentales para la actividad productiva, como lo es la seguridad personal, jurídica y la rentabilidad, porque la agricultura es un negocio, y debe ser visto como tal. Las políticas públicas que promueven el desarrollo rural sostenible, basado en los principios de gobernanza, apuntan a la descentralización, desde el ámbito regional regional al municipal, haciendo énfasis en el concepto de territorio, por lo tanto, Agrosur como entidad central – militarista será, simplemente, otro intento fallido.
Ing. Agr. Saúl E. López M.
Coordinador Nacional Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos