Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO
Miguel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, habla sobre los 32 magistrados que sesionarán desde el exilio.
Por: María Isabel Rueda / El Tiempo
¿Quién los eligió a ustedes y qué legitimidad tiene ese Tribunal Supremo de Justicia?
La Asamblea Nacional de Venezuela, que es el órgano legislativo competente, equivalente al Congreso de ustedes, eligió el 21 de julio de 2017 a 33 magistrados. Fuimos juramentados para ocupar los cargos en el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Esa elección la aprobó la Asamblea con las dos terceras partes, incluyendo el voto de algunos que están en el partido de gobierno. Es decir, tenemos una legitimidad de origen total.
¿Cuándo comienza su persecución?
El mismo día de nuestra elección y juramentación, el señor Nicolás Maduro anunció por televisión que nos iba a poner presos, uno a uno. Esa noche, nosotros tuvimos nuestra primera reunión de trabajo, y después de salir de ella pusieron preso a uno de nuestros compañeros. Fue trasladado a una celda en un recinto de la policía política del régimen. Fue encerrado ni siquiera en una celda, sino en un baño, y después presentado ante un tribunal militar por delito de traición a la patria, sin darle el derecho a la defensa. Inmediatamente, él se declaró en huelga de hambre.
¿Qué pasó con los otros 32 magistrados, de los cuales, además de usted, que pertenece a la Sala Constitucional, tenemos aquí en esta entrevista a otro de ellos, el magistrado de la Sala de Casación Social Rubén Carrillo Romero?
Inmediatamente después de la captura de nuestro colega, todos procedimos a pasar a la clandestinidad. Se prendieron las alertas porque la policía del régimen fue a nuestras casas a buscarnos. Presionaron a nuestros familiares, incluso, pusieron presos a algunos; detuvieron a personas que eran aspirantes que no llegaron al cargo. Al presidente del comité de postulaciones le quitaron el pasaporte en los días que estaba ingresando al país. Entonces, al final, tanto los integrantes del comité que hicieron las designaciones como nosotros los magistrados pasamos a la clandestinidad.
Tengo entendido que seis de ustedes pidieron asilo en Colombia, y se les concedió…
Sí. Hay seis magistrados en Bogotá. Existen once magistrados en Estados Unidos. Dos que llegaron recientemente a Panamá. Tenemos uno en Chile. Y los demás están en Venezuela, asilados en las embajadas: en la embajada de Chile, por ejemplo, tenemos a cinco magistrados; en la embajada de Brasil, a un magistrado; en la embajada de Méjico, a otro. Y todavía en la embajada de Panamá, en el momento de esta entrevista, tenemos a dos magistrados asilados. A los que están refugiados en embajadas ya les concedieron el asilo, pero están esperando el salvoconducto para salir del país.
El salvoconducto se lo tienen que dar…
El segundo convenio de asilo, que se firmó casualmente en Caracas, ordena que los países que forman parte de este convenio tienen que dar el salvoconducto para que la persona que ha sido beneficiada por un asilo pueda ser trasladada al aeropuerto y después ir a ese país que le ha concedido el asilo. Pero ya se le pasaron los plazos al señor Maduro para dar el salvoconducto, y, bueno, seguimos pendientes de que se otorguen.
¡Qué cosa tan dramática! 33 magistrados están repartidos en el continente, asilados o en la clandestinidad. O sea, no hay ningún magistrado que esté ejerciendo su cargo…
Ninguno.
¿Cómo es eso de que de un día para otro uno tiene que encontrar un país a dónde irse? ¿Qué hace con la familia?
Bueno, para todos ha sido muy difícil, primero porque nosotros somos juristas, no somos políticos. Nosotros pusimos nuestros nombres, nuestras credenciales, para nuestro país. Para hacer un trabajo de país. Y hablo en nombre de todos los magistrados, porque no nos conocíamos; nos conocemos ahora, y algunos todavía no nos hemos visto, sobre todo los que están en las embajadas. Pero ha sido muy difícil porque hemos tenido que dejar a nuestras familias; nuestros bienes todos fueron congelados, las cuentas bancarias, también; ni siquiera pudimos llevarnos ropa, ni pudimos… Ha sido muy duro.
¿De qué viven?
Bueno, es difícil. Es muy difícil. Algunos viven de sus ahorros, de ayudas de familiares. Pero, igual, nuestra convicción democrática es tan grande, ¿verdad, Rubén?, que nos integramos y conformamos el Tribunal…
¿Qué está pasando en Venezuela mientras este tribunal, democráticamente elegido con las mayorías requetesuficientes, se prepara para sesionar desde el exilio? ¿Quiénes los están reemplazando? ¿Quién imparte justicia en Venezuela?
Unas personas que están usurpando nuestras funciones. Ellos no son legítimos, y, por supuesto, ninguna decisión que ellos emitan tiene validez o efecto jurídico. No tienen una legitimidad ni de origen ni de ejercicio.
¿Elegidos por quién?
Ellos fueron elegidos anteriormente por la Asamblea Nacional, cuando estaba presidida por el señor Diosdado Cabello. Esos nombramientos fueron anulados mediante un proceso que duró un año, por parte de la Asamblea y nosotros fuimos llamados a sustituirlos. Ahora ellos también pusieron sus cargos a la orden, con ocasión de la Constituyente de Maduro.
Pero, ustedes solo alcanzaron a sesionar un día…
Un día. No más. Pero quiero enfatizar en lo siguiente. Nosotros, primero, tenemos la legitimidad de origen, como ya le expliqué. Pero, además, nos legitimó el pueblo venezolano, porque a 7’680.000 venezolanos se les preguntó, justamente una semana antes de nuestra designación, si querían una renovación de los poderes. El pueblo respondió que sí. Y con nuestra legitimidad de ejercicio, procedimos a la integración del Tribunal, a la designación de una nueva junta directiva y a la apertura del Tribunal en la Organización de Estados Americanos en Washington, que ocurrió este fin de semana.
A eso los llevó la persecución del gobierno Maduro…
Así es. Nos tuvimos que ir a la clandestinidad y luego fuimos saliendo, refugiados, uno por uno. El colega magistrado aquí presente salió por la frontera hacia Colombia. Yo salí en una lancha para Aruba.
Magistrado Rubén Carrillo Romero, quiero escuchar de boca suya cómo lo ha tratado Colombia…
Excelente. Si algo he aprendido es que la palabra ‘hermandad’ tiene sentido, no es vacía. Lo que he conseguido son hermanos en Colombia. Desde el mismo momento en que atravesé el puente Simón Bolívar, entré por Villa del Rosario, los colombianos se han comportado conmigo de una excelencia incomparable.
¿Usted dijo en la frontera que se iba a asilar o simplemente entró?
Rubén Carrillo Romero: Nos estaban esperando.
Miguel Ángel Martin: Sí. En la clandestinidad, particularmente yo tenía un contacto con la Organización de Estados Americanos, y nos apuntó las direcciones a dónde podíamos ir seguros. Y una de ellas, por supuesto, fue Colombia. Nos decían ‘entren a Colombia, que allí van a ser bien recibidos’. Y, de hecho, así ha sido.
Es una deuda grande que tenemos con los venezolanos…
No, no, ninguna deuda. Es la prueba de que nosotros somos hermanos, independientemente de algunas distancias que pueda haber. La historia es una sola. Somos hermanos, y nadie puede cambiar eso.
¿Usted personalmente, presidente Martin, dónde va a vivir?
Estoy viviendo en Washington.
El secretario Almagro, de la OEA, ha sido muy comprensivo con la situación de ustedes y les ha hecho esta oferta, bastante extraña. Porque ha habido reyes en el exilio, presidentes en el exilio, pero sin ejercer. Ahora: ¿un tribunal como el de ustedes, sesionando desde el exilio, no es una fórmula bastante novedosa y atrevida?
Nosotros, de acuerdo con la Constitución venezolana, somos gobierno judicial. No dependemos absolutamente de ningún otro poder, porque en Venezuela existe una verdadera separación de poderes, y lo que hay es una colaboración entre todos. De manera que vamos a instalar un gobierno legítimo –a mí no me gusta la palabra ‘exilio’–. El secretario Almagro y todo su grupo de embajadores allá en la Organización de Estados Americanos han demostrado su condición de demócratas. Ellos nos han recibido, nos han prestado la Casa de las Américas para que desde allí hiciéramos nuestro acto de apertura y realicemos algunas sesiones. Es un tribunal inédito.
¿Cómo van a conectarse los 33 magistrados repartidos por el continente para sesionar?
Con el uso de la telemática y la modernidad. De hecho, la vicepresidencia de la Sala Constitucional está en la embajada de Chile en Venezuela.
¿Qué puede hacer un Tribunal de Justicia desde el exilio?
Vamos a trabajar con temas que no solo corresponden a Venezuela. Por supuesto, este tribunal tiene que ver fundamentalmente con nuestro pueblo, porque a ellos nos debemos, pero también con los muchos países de la región. El tema Venezuela es un problema que ya dejó de ser, desde hace mucho tiempo, del Caribe, cuando se comienzan a trabajar asuntos de graves violaciones de derechos humanos, de desplazamientos en las fronteras, de venezolanos, de colombianos; cuando se habla de narcotráfico, cuando se habla de torturas; eso ya no pertenece a la justicia de un país, sino a la justicia universal. Pero, por supuesto, principalmente, abocaremos temas de la justicia venezolana.
¿Ustedes son tribunal de cierre de Venezuela?
Sí, de cierre.
¿Cómo se imparte justicia desde Washington cuando no los reconocen en Venezuela?
Bueno, sí estamos reconocidos en Venezuela. Tenemos el reconocimiento nacional o internacional. Estamos designados legítimamente por el único poder legítimo que hay ahora en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Y manejaremos temas bajo el auspicio del derecho público internacional. Habrá algunos que no podamos abordar, lógicamente, porque necesitan cubrir varias instancias. Pero hay temas específicos que son de la justicia internacional, de la justicia universal.
Deme ejemplos, por favor…
Nosotros podremos pronunciarnos sobre los temas del canal humanitario en Venezuela. Sobre los delitos de lesa humanidad; podremos perfectamente emitir decisiones y utilizar la fuerza de auxilio internacional para hacer ejecutar nuestras decisiones. Podremos pronunciarnos sobre las torturas, que están dentro de lo que se denomina la Convención de Palermo. Nos pronunciaremos sobre legitimación de capitales. Sobre terrorismo. Sobre narcotráfico. También estudiaremos las solicitudes que nos hagan organizaciones de venezolanos, o aquellas que podamos acordar oficiosamente. En fin, es amplio el temario que podemos manejar. Es algo inédito, sin duda.
¿Cuánto calculan ustedes que siga esta situación, tan supremamente extraña? Es muy insólito que la justicia de un país se tenga que trastear a otro para sesionar. Esta entrevista la hacemos antes de conocer los resultados de las elecciones del domingo…
Sí, en Venezuela hay una anomia, una anarquía; es un país que está sumido en la tristeza. Tenemos un objetivo: el control de la constitucionalidad. Nuestra línea de acción es rescatar el Estado de derecho. Que regrese la ley en Venezuela y que la gente crea en la ley.
Odebrecht anda diciendo que a Maduro le dieron una cantidad de millones para sus campañas presidenciales….
Pues, también vamos a aprovechar para sentar las bases de una justicia internacional, es decir que este ejercicio de democracia, como lo llamamos nosotros, pueda servir para que no solo Venezuela, los venezolanos, sino la comunidad internacional, les pongan la mano a temas importantes de la vida del mundo: la corrupción, el narcotráfico, legitimación de capitales. Pero también, temas que tienen que ver con violaciones graves de derechos humanos. Es decir, la justicia transnacional es la justicia universal. Y esa es nuestra ambición, que haya justicia. Vamos a hacer todo lo posible, a pesar de toda la adversidad, por imponerla. Y sé que la comunidad internacional, porque ya nos ha dado un gran apoyo, lo va a comprender.
Magistrado Carrillo, ¿usted sí se queda en Colombia?
Rubén Carrillo Romero: Realmente me he enamorado de Colombia.
Miguel Ángel Martin: Yo también me quiero venir a Colombia. Pero usted preguntó que hasta cuándo puede durar esto. En realidad, nosotros estamos comenzando. Lo que menos sabemos hoy es hasta cuándo puede durar. Quisiéramos regresar al país y ocupar nuestro espacio porque es un compromiso que tenemos con el pueblo de Venezuela, pero entendemos que la situación política evidentemente nos limita en extremo. Y lo que nos está dando fuerza desde el punto de vista emocional es que ya aperturamos (sic) toda esta justicia nueva.
¿Con la Corte Penal Internacional han tenido algún contacto?
Miguel Ángel Martin: Por ahora, no. Pero formamos parte del equipo de trabajo de la OEA que está colaborando sobre el estudio de los delitos de lesa humanidad. Estamos coadyuvando a la justicia internacional. Tenemos el apoyo de los países amigos, de América y de Europa.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO