La Mesas de la Unidad Democrática reveló este lunes la lista de irregularidades que sucedieron antes y durante las elecciones regionales 2017, calificadas como un proceso fraudulento, y que motivaron la exigencia de una auditoría total “cualitativa y cuantitativa” de los comicios.
A continuación las irregularidades denunciadas por la MUD:
1- Una población electoral de al menos 1.000.080 electores se les impidió u obstaculizó votar en centros históricamente favorables a la oposición, por máquinas dañadas, mesas que no abrieron o que tuvieron retrasos injustificados hasta altas horas de la noche.
2- Mas de 700 mil venezolanos que fueron migrados de sus centros 48 horas antes de la elección e inclusive el mismo día de la elección.
3- Una población electoral afectada de al menos 350.000 ciudadanos afectados por violencia e intimidación dentro y fuera de los centros electorales lo que impidió u obstaculizó el ejercicio libre al voto.
4- Al menos 90.537 votos nulos que debieron haber sido adjudicados a los candidatos de la oposición producto del impedimento de sustitución de candidatos ya retirados en fraude a la ley.
5- Coacción y chantaje a empleados públicos y beneficiaros de programas sociales obligándolos a votar con el acompañamiento de dirigentes del PSUV y a través del carnet de la patria, lo que impide el ejercicio del voto libre.
6- Electores que ejercieron multiples votos e irrespetando el principio “un elector un voto”, facilitado por la ausencia de tinta indeleble por primera vez en nuestra historia.
7- Prórrogas irregulares luego de la hora del cierre legal.
9- Obstaculización de las auditorías del proceso de verificación ciudadana lo que impide verificar la consistencia entre los votos emitidos y los resultados transmitidos.
10- Inconsistencia numérica de resultados electorales históricos así como con todos los estudios, encuestas y bocas de urnas realizadas.
También fueron mencionados los vicios que se han repetido en anteriores procesos electorales, como la persecución, encarcelamiento e inhabilitación de candidatos; la ausencia de observación electoral nacional e internacional confiable y el uso de recursos del estado para promover candidatos y movilizar votos para los candidatos del régimen.