El gobierno español de Mariano Rajoy detalló este sábado las medidas que someterá al Senado para intervenir la autonomía catalana, y que incluyen la puesta bajo tutela de la policía, los medios de comunicación y el Parlamento regionales.
Las medidas han sido acordadas en consejo de ministros al amparo del artículo 155 de la Constitución, para atajar el desafío separatista del ejecutivo nacionalista catalán.
Serán presentadas en principio el 27 de octubre al Senado español, donde el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta:
– Gobierno catalán –
El gobierno de Rajoy pide al Senado el cese de la totalidad del gobierno regional catalán, que tiene como presidente a Carles Puigdemont y como vicepresidente a Oriol Junqueras.
Sus funciones quedarán en manos de “los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el gobierno de la nación”. Rajoy dijo a la prensa que “en principio”, la idea es que los ministerios de su gobierno asuman dichas funciones el tiempo que dure “esta situación excepcional”.
Igualmente, se pide que Rajoy tenga potestad para disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones “en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación por el Senado”. Actualmente, dicha competencia le corresponde a Puigdemont como presidente de la Generalitat.
Más allá del gobierno catalán, el ejecutivo de Rajoy pide poder proceder a nombramientos, ceses y sustituciones temporales en todos los organismos y entidades dependientes de la Generalitat.
– Policía catalana –
Cataluña cuenta con su propia fuerza de policía, los Mossos d’Esquadra, que en condiciones normales dependen exclusivamente del consejero regional de Interior. Sólo en caso de operativos desplegados por motivos de especial gravedad pueden depender del Estado.
El ejecutivo de Rajoy pide sin embargo ahora “dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a los alrededor de 16.000 agentes con que cuentan los Mossos.
Incluso, “en el caso de que sea necesario”, los miembros de la policía catalana “serán sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, esto es, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
– Las finanzas –
Ya en septiembre, el gobierno central intervino las cuentas de la Generalitat, para intentar en vano impedir el referendo del 1 de octubre. La medida sigue vigente.
Ahora pide autoridad para ejercer todas las competencias financieras, presupuestarias y fiscales, y asegurarse así de que ni un solo euro de los impuestos locales o el dinero enviado desde Madrid sea desviado a la financiación del proyecto independentista.
– Telecomunicaciones y medios –
Rajoy pide igualmente asumir “las funciones de la Generalitat de Cataluña relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales”.
Esto implica el control del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI), el órgano que coordina y planifica los sistemas y servicios informáticos desplegados por el gobierno regional.
Del lado de los medios de comunicación, la televisión y la radio públicas (TV3 y Catalunya Ràdio) quedan bajo control del gobierno central, como cualquier otro ente dependiente de la Generalitat.
Dicho control permitirá a Rajoy proceder a ceses y nombramientos en dichos medios, e incluso influir en su contenido. El texto acordado en consejo de ministros dice que en los medios públicos catalanes se “garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural”.
Sindicatos de periodistas de TV3 han criticado el sesgo independentista de la cadena, al igual que sindicatos de Televisión Española (TVE) se han quejado de lo que consideran un sesgo oficialista en la cobertura de la crisis catalana.
– Parlamento –
El gobierno de Rajoy pide también poner bajo su completa tutela la actividad del Parlamento catalán, donde los independentistas tienen actualmente una mayoría de 72 escaños sobre un total de 135.
A comienzos de septiembre, estos legisladores hicieron aprobar la ley que permitía el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre, y que esta semana fue anulada por el Tribunal Constitucional.
El texto que se someterá al Senado establece que la cámara catalana “no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas”.
Para asegurarse de ello, el gobierno central designará una autoridad que, de manera sistemática, tendrá 30 días para dictaminar si un texto en trámite es conforme o no a las medidas de intervención de la autonomía regional.
Dicho control se extiende a todas las proposiciones de ley que se presenten.
Igualmente, una vez cesado Puigdemont, la cámara no podrá celebrar ningún debate ni votación de investidura de un sucesor al cargo.
AFP