La muerte de Alexis Rafael Mejías sorprendió a sus allegados. Desde el 21 de agosto sus familiares lo visitaban diariamente en el calabozo de la Comisaría del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, subdelegación El Paraíso, reseña El Nacional.
Por ROSIBEL CRISTINA GONZÁLEZ / [email protected]
“Un paro respiratorio” fue la primera versión sobre el deceso del hombre de 57 años que ofrecieron los funcionarios dos días después del hecho, según consta en el informe policial.
Sin embargo, el examen practicado al cadáver por los médicos forenses de la morgue de Bello Monte determinó que tenía las costillas fracturadas y presentaba múltiples hematomas que revelaban golpes de data reciente. La muerte le provino por un traumatismo torácico, que en términos médicos indica “una lesión grave en el tórax causada por golpes contusos de manera consecuente”..
El hecho. Mejías estuvo detenido 42 días por estar presuntamente implicado en un homicidio, dijo su hermana Madireinis Mejías. Debía cumplir un tratamiento médico psiquiátrico porque era paciente esquizofrénico y, además, sufría de flebitis en la pierna derecha.
Sus parientes le llevaban los medicamentos, pero el lunes 2 de octubre los policías de la comisaría les negaron el acceso sin explicación alguna, situación que se repitió en los tres días siguientes. El miércoles 4 de octubre fue cuando les informaron sobre la muerte de Alexis Rafael Mejías, cuyo cuerpo ya había sido trasladado a la medicatura forense, en Bello Monte.
“El lunes 2 de octubre mi hermano fue trasladado a la Clínica Popular El Paraíso porque presentaba complicaciones respiratorias, murió minutos después de ser ingresado. Luego lo llevaron al Hospital Miguel Pérez Carreño y de allí a Bello Monte. Fuimos a visitarlo esos tres días y no fue sino hasta el miércoles que me informan de su fallecimiento”, agregó Madireinis.
Contó que su hermano se quejaba a diario porque los funcionarios no le suministraban tres de los medicamentos requeridos para tratar la esquizofrenia, avalados por su médico tratante.
“Es posible que por la falta de sus medicinas haya acrecentado su desequilibrio emocional y pudo haberse alterado, lo que tal vez molestó a los policías y estos decidieron actuar de la peor manera: golpeándolo hasta causarle la muerte lentamente. Mi hermano era un hombre débil, indefenso. No aguantó y quién sabe cuántas veces lo maltrataron. Los policías solo dijeron que se había desmayado”, expresó entre llantos.
El caso fue denunciando en la ONG Una Ventana a la Libertad, coordinada por Carlos Nieto Palma, quien dijo que este caso “representa una alerta más sobre las muchas otras muertes registradas en los calabozos de las comisarías de Caracas y del resto del país”.
Otros casos. El 5 de mayo de 2017 murió Franyerson Martínez, de 19 años de edad, detenido en los calabozos de la Guardia Nacional, en Petare, desde el 4 de diciembre. Su madre, Luisa Castro, declaró en la morgue de Bello Monte que un oficial se encontraba limpiando su fusil y se le escapó un tiro que impactó justo en el pecho del muchacho.
A cinco meses del suceso, sus deudos esperan los resultados de las averiguaciones que pesan sobre el militar. Castro gestionó su traslado al Hospital Domingo Luciani en El Llanito. Trámite que no concluyó porque desde la comisaría le avisaron que su hijo había muerto.
Un hecho similar ocurrió con Winder Sánchez, fallecido el 7 de abril. “Una gangrena en la pierna derecha generó una infección que colapsó la vena aorta y le provocó un infarto”, señaló Nieto Palma.
El joven, de 27 años, permanecía preso en los calabozos de la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta. El 30 de marzo hubo una requisa y un policía le metió un batazo en la pierna que le desgarró el músculo.
“Las súplicas por su estado de salud nunca fueron escuchadas. Un médico del Domingo Luciani les dijo a los familiares que, si se hubiese logrado el traslado el muchacho se habría salvado. La situación demuestra una total violación de los derechos humanos de los presos, el hacinamiento en los calabozos y la falta de gestión gubernamental al respecto”, añadió el activista social.
De Sánchez se supo que el 8 de enero fue detenido en La Ceibita, cuando se encontraba con unos amigos jugando baloncesto. Una comisión de policías nacionales se lo llevó preso porque no tenía documentos. En la comisaría lo imputaron por posesión de drogas.
“La pérdida de estos seres humanos en manos de funcionarios policiales son plasmados en denuncias que aún no se materializan para determinar responsabilidades. Estas familias que aún lloran la partida física y el modo en cómo se produjo la muerte, son muestra de que una vez más hay una justicia ciega que invisibiliza la realidad de los recintos carcelarios del país; una justicia que no llega detrás de los barrotes. Se han hecho propuestas, pero el Estado niega que exista esta realidad. La descentralización acabaría con el hacinamiento y haría falta también una política de atención al privado de libertad, más allá de ponerles un uniforme”.