Al menos tres médicos y dos enfermeras del estado Táchira han sido aprehendidos recientemente y se encuentran a disposición del Ministerio Público, señalados de presunta mala praxis los primeros y de aplicar biopolímeros las segundas, publica La Nación.
De acuerdo con la información que maneja en la entidad Contraloría Sanitaria, en menos de dos meses fallecieron por esta causa dos mujeres y, aunque calculan que en lo que va de año se han registrado cinco fallecimientos, verifican también la de un hombre que no está en las estadísticas e investigan un caso que sucedió hace apenas unos días, de una joven que también se sometió a una intervención.
“Entre los médicos detenidos se encuentra uno de origen griego que tenía por Venezuela orden de captura, la cual se dio allá, en Grecia; otro fue apresado en San Antonio del Táchira, tratando de cruzar la frontera, y un tercero, que ya tenía también denuncias por esta misma razón; esos son los tres médicos que ahora mismo se encuentran en esa situación. Mientras que en San Antonio del Táchira detuvieron a dos supuestas enfermeras que en un consultorio ginecológico aplicaban biopolímeros”, explicó Milton Bracamonte, contralor sanitario del Táchira.
Agregó que fue precisamente en ese mismo consultorio de ginecología de la frontera donde hace menos de un mes una adolescente de 16 años de edad se inyectó biopolímeros, que luego le causaron la muerte.
“A esas dos damas, que dicen que son enfermeras, las detuvieron en el consultorio por estar aplicando biopolímeros, los cuales están prohibidos en Venezuela. Ahí murió la joven de 16 años, que era madre de familia. Eso ocurrió hace menos de un mes, como hace 25 días. A la chica la trasladaron a un centro asistencial de Cúcuta, donde confirmaron su deceso”, agregó
Sobre la muerte de la otra mujer, ocurrida antes de la adolescente de Ureña, Bracamonte solo indicó que también era colombiana.
Un atractivo paquete
Para Bracamonte, a través del “boca a boca”, recomendaciones y vía on line, es que las pacientes, sobre todo colombianas, se arriesgan, porque les sale más económico. Viajan al Táchira a practicarse una operación o inyectarse biopolímeros, sin tomar en consideración que pueden poner en riesgo su vida, dijo.
“Aquí se está aplicando la llamada rotación, es decir, quienes promueven o hacen la publicidad de estos centros y estas actividades, son las mismas pacientes. O sea, a través de tarjetitas que van repartiendo a otras personas, porque la mayoría de las pacientes son colombianas y trabajan en peluquerías, spas, centros de estética, de toda esa área son mayormente las jóvenes que se aventuran a venir al país y aplicarse los biopolímeros y cirugías estéticas”, detalló.
Manifestó que a las pacientes o “clientes” les ofrecen un paquete bastante atractivo, que al cambio monetario no les resulta muy caro. Implica el hospedaje, la alimentación, la cirugía y un acompañante postoperación.
Uno de esos paquetes fue el que compró a comienzos de este año la peluquera colombiana Shirley Reaño, de 26 años de edad, quien desde Bogotá viajó al Táchira, a una clínica de Pueblo Nuevo para practicarse una liposucción y rinoplastia, la misma que el 5 de enero le costó la vida, hecho que llevó investigar dicho centro.
“A raíz de la muerte de Shirley, ellos han venido cambiando la manera de operar. Ellos se promueven de la siguiente manera: una vez la paciente se muestra interesada, te contactan vía telefónica o a través de Facebook mayormente, le envían el presupuesto de acuerdo con lo que la chica o el joven se quiera hacer, y llegan a un acuerdo vía on line. Ya una vez acordado todo, las pacientes llegan a Cúcuta, las buscan, las trasladan a pie hasta San Antonio del Táchira, donde un personal las sube a San Cristóbal. Ya en San Cristóbal, las llevan a hoteles, como ocurrió con Shirley, o a casas de familias, tipo clínicas, donde hay un grupo de paramédicos que les atienden”, narró.
Aseguró que “luego las llevan a unos centros y ahí, nada más les hacen una prueba de sangre, no el análisis preoperatorio completo para determinar su estado. Las alistan e inmediatamente las operan. Anteriormente las estaban operando en San Antonio, pero ahora tienen dos modalidades”.
Reinventan el modus operandi
A juicio de Bracamonte, tanto los médicos como el personal que los acompaña al practicar cirugías estéticas de manera clandestina, o en su defecto, quienes se dedican a los biopolímeros, aun sin importarles el daño que pueden causar a las pacientes, que ellos ven como “clientes”, cada vez que se ven acorralados por las autoridades reinventan sus modus operandi.
—Cuando las dejan en San Antonio, las suben a San Cristóbal para hacerles el examen preoperatorio que, repito, no es el adecuado; las bajan nuevamente a San Antonio para la cirugía y las vuelven a subir a San Cristóbal, donde les dan dos o tres días de recuperación. Ya medio recuperadas, las bajan de nuevo a San Antonio y las pasan así, recién operadas y a pie, a Colombia, por el puente internacional-explicó-.
“Hay otra modalidad que están aplicando, alojarlas en San Cristóbal, en establecimientos aparentemente residenciales, tipo clínicas, porque ellos tienen los equipos, y ahí les hacen las cirugías; cuentan con personas que las atienden en la postoperación, esos son los acompañantes. Ellas salen, las llevan a San Antonio y las pasan a pie por la aduana, sin ningún problema”, manifestó.
“Están utilizando cemento blanco”
“Qué están haciendo ellos a raíz de que se están supervisando las clínicas, pues están utilizando otra vez hoteles, spas, gimnasios y consultorios médicos, donde hacen las operaciones y cirugías. Están volviendo a un viejo esquema, que es el hacer las cirugías en donde menos uno se imagina y eso es lo que sobre todo está pasando con los biopolímeros o cirugías estéticas, o lo que quieran hacerse”, dijo.
Agregó que “otra práctica es la de utilizar cemento blanco, el que conocemos todos para la construcción, eso es lo que están aplicando como biopolímeros. Hay una gran cantidad de cosas que ahora están utilizando”, advirtió.
Agregó que “hace como 20 días estuvimos en una clínica de San Antonio y, una semana antes de eso, una dama colombiana se había hecho ahí las nalgas, andaba botando pus donde se inyectó, tenía fiebre alta, estaba muy mal. Ella fue al Hospital Central porque entonces resulta que, cuando ocurre algo así, todas recurren al Central. Desconozco qué pasó con ella, sé que el hospital en ese momento no pudo atenderla y ella se fue; esperemos que haya recibido ayuda y esté mejor, pero el médico, que preocupado nos llamó y alertó de esa situación delicada, intuye que la joven pudo haber muerto en Colombia, por el estado de salud en que se encontraba”.
“Quiero recordarles -recalcó- que hay muchos métodos que están utilizando con los biopolímeros, y en espacios todos inapropiados. Nosotros, como Contraloría Sanitaria, no negamos que la estética, no los biopolímeros porque eso está prohibido en el país, se haga, siempre y cuando sea en el marco de lo que establece la ley: médicos certificados, personal calificado para hacer es tipo de operaciones, y en los espacios adecuados. Tomar en cuenta siempre que el médico esté certificado por el Ministerio de Educación Superior, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y que el establecimiento y los equipos estén certificados por los órganos rectores y responsables de eso. Pero es que se ha venido dando una cantidad de situaciones que uno queda sorprendido”.
Por otra parte, Bracamonte trataba este sábado de confirmar la muerte reciente por mala praxis, acá en Táchira, de otra joven a la que durante una liposucción le perforaron un órgano.
Más de 13 cierres
En lo que va de año, a través de Contraloría Sanitaria se ha concretado el cierre de más de 13 clínicas y quirófanos.
“Ya pasamos los trece establecimientos, unas clínicas, porque han hecho estas acciones no permitidas y además no cuentan ni con ambulancia ni UCI, y al momento que el paciente se les agrava, no saben cómo responder; y en el caso de los quirófanos, porque no cumplen con las normas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en cuanto al material de construcción, dimensiones y altura que deben tener”, expresó.
Confesó Milton Bracamonte que el trabajo de la Contraloría ha recibido el respaldo de la colectividad, la misma que se ha dado a la tarea de denunciar, sin miedo, este tipo de situaciones a las que se han hecho referencia.
“Las inspecciones que hemos venido haciendo es por eso. Desde hace un mes, mucha gente nos ha hecho llegar denuncias a través del correo electrónico, incluso con pruebas, como fotos, direcciones, muy completas y puntuales todas las denuncias. Eso nos está permitiendo que cuando vamos a un lugar específico, vamos a lo seguro, los funcionarios ya saben qué es lo van a buscar, y los jefes de área ya conocen su misión”, aseguró.
Por Miriam Bustos